El objetivo central es esclarecer cuatro preguntas clave: a quién se le pautó, con qué dinero se financió, quién autorizó las campañas y a quién denunció el Gobierno en plataformas digitales.
Filizzola fue categórico al cuestionar el uso de recursos públicos para propaganda política mientras persisten graves falencias en áreas esenciales como la salud pública.
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“Mientras están tirando plata para hacerse autobombo, hay gente que muere en los hospitales”, denunció el legislador.
Piden acceso total a campañas digitales en Meta y Google Ads
El pedido aprobado por el Senado exige al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) la entrega completa de los datos crudos de publicidad digital, incluyendo:
- Exportaciones en formato CSV o Excel de todas las campañas en Meta y Google Ads.
- Gasto exacto por anuncio.
- Alcance, impresiones y públicos impactados.
- Segmentación geográfica, por edad, género e intereses.
- Uso de audiencias personalizadas y lookalike audiences.
- IDs de cuentas publicitarias.
- Historial técnico de acceso y gestión para identificar qué funcionarios crearon, modificaron o pausaron campañas.
Esta solicitud representa el mayor nivel de fiscalización técnica sobre propaganda digital estatal en Paraguay.
La ruta del dinero: contratos, facturas y cadena de mando
Otro eje central del pedido busca reconstruir el recorrido completo de los fondos utilizados en marketing político y pauta digital. Para ello se solicita: contratos, facturas, órdenes de pago, términos de referencia (TDRs), transferencias al Parque Tecnológico Itaipú (PTI), PNUD u otros intermediarios.
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Asimismo, correos electrónicos y memorandos internos, identificación de funcionarios que autorizaron campañas y presupuestos. Con esto se busca determinar si existió tercerización para evadir controles administrativos o financieros.
Posible censura y monitoreo político en redes sociales
El Senado también exige transparencia sobre eventuales mecanismos de censura digital promovidos por el Ejecutivo.
Entre los puntos requeridos figuran:
- Todas las denuncias realizadas por MITIC ante Meta y Google para eliminar contenidos.
- URL de publicaciones denunciadas.
- Fundamentos jurídicos o técnicos.
- Respuestas oficiales de plataformas.
- Listado de cuentas o páginas marcadas por “uso indebido de identidad institucional”.
- Informes de monitoreo político.
Además, se pide identificar a funcionarios del MITIC comisionados a la Oficina de la Primera Dama, incluyendo nombre, cargo, cédula y resolución administrativa.
Caso Despierta Paraguay y Digimarketing SAS
El trasfondo de esta investigación surge tras revelarse que la página Despierta Paraguay (DPY) habría invertido más de G. 150 millones en campañas pagadas en Facebook para desacreditar a periodistas y opositores.
La publicidad habría sido canalizada mediante la agencia colombiana Digimarketing SAS, cuyo otro presunto cliente en Paraguay sería el Gobierno.
La falta de respuestas oficiales por parte del MITIC y de la propia agencia incrementó las sospechas sobre el uso encubierto de recursos públicos.
Filizzola: “Da vergüenza”
Durante su exposición, el senador criticó con dureza la versión oficial. “Nos quieren convencer de que una empresa colombiana está tan fascinada con el gobierno paraguayo que pone millones para propaganda. Eso da vergüenza”.
Para Filizzola, el caso refleja un preocupante uso político del aparato estatal para construir imagen, atacar voces independientes y distraer recursos mientras persisten necesidades urgentes.
El MITIC deberá responder bajo el Artículo 192 de la Constitución Nacional en un plazo de 15 días, lo que convierte este pedido en una prueba clave para medir la transparencia gubernamental y el uso de fondos públicos en comunicación digital.