Este jueves, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió, de manera unánime, hacer lugar al recurso de casación interpuesto por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero en torno al sobreseimiento definitivo del senador cartista Hernán Rivas, sobre quien pesan dudas sobre su “título” de abogado.
Según explicó la fiscala Sánchez, con esta decisión la Corte anuló los fallos de cámara y revocó parcialmente la resolución de un juzgado penal de garantías que había declarado la prescripción de ciertos puntos de la causa.
Asimismo, Sánchez aseguró estar “muy conforme” con la medida y sostuvo que la Sala Penal “ya nos dio la razón”, ya que según la Fiscalía, la prescripción se había concedido de forma incorrecta por “cuestiones que no fueron objeto de acusación”, lo que también generó un agravio.
“Esa fue la razón por la cual nosotros recurrimos a la Sala Penal de la Corte que hoy nos da la razón. Ahora, el último punto del resuelve es que se ordena la remisión al Juzgado Penal de Garantías; que se sortee un Tribunal de Sentencia que va a llevar adelante el juicio”, detalló.
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No se puede “sostener” que Rivas sea abogado
Luego de que la CSJ haya establecido “que esas prescripciones fueron mal concebidas”, ahora ambas fiscalas también tendrán que analizar las denuncias interpuestas, una realizada por un grupo de senadores y otra realizada por el abogado Federico Campos López Moreira.
“Las mismas difieren entre sí pero me asignaron a mí y a mi colega Luz Guerrero. Ya vamos a librar un oficio en cuanto a esas denuncias y ver también la pertinencia de los hechos que fueron puestos en esas denuncias”, agregó.
En lo que refiere al “relato fáctico” de la causa, dijo que es el siguiente: “Él (Rivas) mediante una declaración de abogado, que él se declaró de ser abogado, nosotros sostenemos que esa es una declaración falsa, y, que mediante esa declaración falsa, obtuvo tres documentos públicos de contenido falso que fueron producidos de forma mediata y usados a la vez”.
Finalmente, detalló “cómo” las investigadoras acreditarán que la declaración del legislador es falsa y esto sería mediante el propio título, sus inconsistencias y también las que se encuentren en el certificado, las declaraciones testimoniales y todos los fundamentos que constan en la acusación.
“Dónde él vivía en ese entonces y dónde supuestamente se tenía que desplazar para dar clases, en qué filial se terminó recibiendo... por eso sostenemos que esa declaración es falsa porque no hay un sustento, no hay nada que pueda sostener esa afirmación y eso es lo que pretendemos probar en este juicio que ahora ordena la Corte que prosiga”, concluyó.
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