El director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, confirmó que la institución a su cargo cumplió con el pedido de la Contraloría General de la República (CGR) al remitir toda la documentación fiscal disponible sobre el presidente de la República, Santiago Peña. Esto se da en el marco del examen de correspondencia de bienes del mandatario que fue derivado al Ministerio Público.
Orué detalló que el informe enviado a la CGR incluyó las declaraciones del Impuesto a la Renta Personal (IRP) del jefe de Estado, así como los registros electrónicos de comprobantes de los periodos en que se desempeñó como funcionario público, abarcando su época como ministro de Hacienda (actualmente de Economía) y su gestión actual como presidente.
Al ser consultado sobre si la DNIT detectó alguna irregularidad en dichos documentos, el director aclaró que la competencia del órgano fiscal se limita estrictamente al pago de impuestos.
“Nosotros nos encargamos del pago de impuestos. La presunción de un posible enriquecimiento ilícito o la posibilidad de cualquier hecho punible es algo que la Contraloría debería analizar dentro de su ámbito de competencia”, puntualizó.
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El patrimonio en el sector privado y el rol de la Fiscalía
Santiago Peña, al dejar el Ministerio de Hacienda, reportaba un patrimonio de G. 1.300 millones, cifra que ascendió a aproximadamente G. 22.000 millones al momento de asumir la Presidencia de la República tras su paso por el sector privado entre 2017 y 2023.
Respecto a este punto, Orué explicó que, según su conocimiento, la Contraloría no cuenta con las atribuciones para verificar de forma directa ese periodo en el sector privado, razón por la cual la DNIT solo proveyó los datos de sus etapas en el servicio público.
Sostuvo que, bajo el escenario actual, el Ministerio Público es la única entidad con la facultad legal para requerir los datos impositivos de Peña correspondientes a esos años. “La Fiscalía debería ser el ente que solicite esa información para ese periodo. Creo que es el único que puede tener esa atribución. Nosotros estamos a disposición para remitirle toda la documentación”, subrayó.
Gastos de la primera dama y facturación a terceros
Otro de los puntos abordados fue la filtración de audios atribuidos a la primera dama, Leticia Ocampos, en los que presuntamente solicitaba que compras millonarias en efectivo fueran facturadas a nombre de terceras personas.
Orué, como ya había hecho en anteriores entrevistas, aseguró que esta práctica no constituye una falta. “Solicitar facturas a nombre de terceros no es ilegal, eso hay que aclarar en primer lugar. Cualquier persona puede pedir; vos le podés enviar a tu secretario y pedir en nombre tuyo la factura”, defendió.
Ante la insistencia sobre cómo controlar el origen y destino del dinero bajo esta modalidad, el titular de la DNIT desmarcó a la institución de las tareas de control de lavado de activos o movimientos financieros. “Nosotros no somos órganos de verificación de trazabilidad de dinero. Somos un órgano que se encarga de recaudar los impuestos. Eventualmente, hay otras instituciones que deberían verificar esa situación si hay alguna irregularidad respecto a eso”, dijo.
Finalmente, el director aseguró que la DNIT cuenta con un sistema automatizado de gestión de riesgos que procesa de manera electrónica los comprobantes de todos los contribuyentes por igual. Afirmó que, si existieran inconsistencias de relevancia fiscal en las declaraciones de la familia presidencial o de cualquier otro ciudadano, el sistema las detectará de manera oportuna para abrir una fiscalización, descartando cualquier tipo de trato preferencial.
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