El escándalo que sacude a la Procuraduría General de la República (PGR) escala hacia una aparente rosca dentro del sistema de la Justicia. La jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Capital, Karen González, aparece con una oportuna intervención que terminó por concretar el cobro de dos pólizas a la Aseguradora Tajy SA, presidida por Gustavo Samaniego, con una quita millonaria.
La magistrada –esposa de Jorge Bogarín Alfonso, declarado “significativamente corrupto” por EE.UU.– es cercana al exprocurador Marco Aurelio González, quien antes de irse al Banco Central del Paraguay (BCP) dejó las llaves de la PGR a un encargado de despacho, Rubén Elidio Gaona.
La grosera maniobra dejó huellas en los documentos oficiales: el Estado exigía originalmente G. 4.504 millones por dos contratos incumplidos con el Hospital Nacional y el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa). Sin embargo, tras una serie de movidas muy sospechosas, las arcas públicas terminaron recibiendo una migaja de G. 720 millones.
Fechas que delatan
La cronología de los expedientes desnuda cómo el Estado Paraguayo sufrió un perjuicio en menos de un día. Todo arranca el 23 de mayo de 2025, cuando la PGR, todavía con González Maldonado al frente, demandó a Tajy por G. 4.304 millones por el incumplimiento de la firma Icap Consultores (Manuel Brítez) con Senasa.
El 14 de agosto de 2025, se sumó la segunda demanda por G. 200 millones contra la firma Neighpart SA (Sandra Caballero), por incumplir con el Hospital Nacional. El reclamo total del Estado era de G. 4.504 millones.
El 3 de septiembre de 2025, González Maldonado renunció a la PGR y firmó una inédita resolución por la cual nombró “a dedo” a Rubén Elidio Gaona como encargado de despacho de la Procuraduría General de la República. El 6 de octubre de 2025, ya con Gaona al mando, saltó el primer embargo contra la aseguradora por los G. 200 millones. Fue firmado por la jueza Alejandra Magalí Zavala de Biedermann.
Para el 29 de diciembre de 2025, se logró el segundo y crucial embargo por los G. 4.304 millones, firmado por la jueza Karen Leticia González Orrego.
El “milagro” de Año Nuevo
Apenas siete días después del embargo dictado por la jueza González Orrego, la Procuraduría ya firmó los dos acuerdos transaccionales con la Aseguradora Tajy a cambio de migajas. El papeleo intermedio delató el milagro que existió en pleno recibimiento del Año Nuevo.
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El 30 de diciembre de 2025 –solo 24 horas después del embargo de la jueza González Orrego–, el Senasa envió una nota a la Procuraduría alegando que el daño económico de la firma Icap “mágicamente” se había reducido de G. 4.304 millones a apenas G. 518 millones. Con este nuevo monto y por casualidad, el 2 de enero de 2026, la Aseguradora Tajy se presentó a ofrecer G. 959 millones por ambos pleitos, una cifra casi calcada a la reducción que envió horas antes Senasa.
De ese dinero, el Estado apenas recibió G. 720 millones. El resto, unos jugosos G. 239.688.000, se quedaron en los bolsillos del procurador delegado Facundo Filártiga (sobrino del actual embajador de Paraguay en Taiwán) en concepto de “honorarios profesionales”. La tajada del abogado representó el 33% de lo recuperado, pisoteando el límite del 20% establecido en el Art. 32 de la Ley 1376 de honorarios.
Juezas conocidas
Las magistradas Karen Leticia González Orrego y Alejandra Magalí Zavala de Biedermann son antiguas conocidas de la casa. Ambas juezas ya habían saltado al radar por intervenir en casos y homologar acuerdos extrajudiciales impulsados por el exdirector jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González Maldonado, hermano del exprocurador Marco Aurelio. José González se encuentra actualmente bajo la lupa de la Fiscalía por presunta corrupción pública.
Maquillan el daño patrimonial, dicen
La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) señaló ayer que detrás de esta última quita acordada por Procuraduría General de la República (PGR) podría ocultarse un presunto daño patrimonial al Estado paraguayo.
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“En otros términos, se está maquillando el hecho punible de daño patrimonial contra el Estado paraguayo por la denominación quita”, afirmó Paredes al referirse al acuerdo por el cual las arcas públicas recibieron apenas G. 720 millones de un reclamo inicial de G. 4.504 millones a la Aseguradora Tajy.
La legisladora afirmó que resulta llamativo que, mientras el Estado renuncia a una porción considerable del monto reclamado, los honorarios de los representantes legales se aseguran de manera automática. Dijo que, según los datos publicados, los profesionales involucrados terminarían percibiendo alrededor de G. 240 millones. “Se embolsillan la friolera de G. 240 millones de forma automática”, cuestionó.
Añadió que el eventual perjuicio no solo afectaría al Estado paraguayo, sino también a la propia Procuraduría.