Mediante el oficio N° 115/2026, el Ministerio Público intimó al Instituto de Previsión Social (IPS) –actualmente presidido por Isaías Fretes– a remitir en un plazo perentorio de tres días una copia autenticada o certificada del acta N° 054/2024, correspondiente a la sesión del 30 de julio de 2024.
Se trata del documento clave del Consejo de Administración donde el entonces director jurídico de la institución, José “José’i” González Maldonado, confesó abiertamente que el presidente de la República, Santiago Peña, estaba detrás del acuerdo extrajudicial para beneficiar al Consorcio Hotelero Sudamericano SA, representado por Jorge López Moreira.
A través de dicha maniobra, la empresa privada obtuvo una rebaja directa de G. 3.281 millones. A inicios de 2024, el IPS le reclamaba ante la Justicia una deuda de G. 10.781 millones que venía arrastrándose desde noviembre de 2018. Sin embargo, la intromisión del Ejecutivo torció el brazo de la previsional, que aceptó cobrar apenas G. 7.500 millones, validando de paso otra quita heredada del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Según detalló el fiscal Benítez en su requerimiento, si bien la Fiscalía ya cuenta con la resolución N° 054-034/2024, resulta indispensable acceder al acta de la sesión. El objetivo es conocer de manera acabada el desarrollo del debate y descubrir las verdaderas motivaciones que empujaron a los consejeros a firmar el millonario beneficio a espaldas de los asegurados.
Blindaje “relevante”
Durante aquella sesión “secreta”, González Maldonado expuso sin tapujos el nombre de la máxima autoridad del país ante el Consejo de Administración del IPS, un órgano que por ley goza de total autarquía e independencia financiera del Gobierno Central. Tras informar que el pago de la deuda reducida se ejecutaría de forma casi inmediata (en un plazo de 24 a 48 horas), el abogado detalló su conversación con Santiago Peña.
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González Maldonado admitió que entregó el dictamen directamente a Juan José Galeano, asesor económico de la Presidencia de la República, con el fin explícito de blindar las cuestiones “políticas y jurídicas” de la operación.
El propio exdirector jurídico justificó la excepcionalidad del procedimiento argumentando la “relevancia de la familia involucrada”, en alusión directa a la familia López Moreira-Bo, ligada al expresidente Mario Abdo Benítez.
Consumado el pacto entre bambalinas y con las transmisiones de internet apagadas, la propuesta fue aprobada en silencio y permaneció oculta hasta marzo de este año cuando ABC dejó al descubierto el sorpresivo crecimiento patrimonial de González Maldonado. La transacción global cerró en G. 7.912.500.000, de los cuales G. 7.500 millones cobró el IPS y G. 412.500.000 (IVA incluido) fueron para honorarios profesionales.
Caída del director jurídico
El millonario botín de G. 412 millones en concepto de honorarios fue cobrado íntegramente por el propio González Maldonado. En un intento por blanquear este ingreso, el abogado consignó la cifra en su declaración jurada presentada en 2025.
Sin embargo, tras destaparse el escándalo, se descubrió que en el litigio intervinieron múltiples profesionales del derecho y que el director jurídico realizó una distribución discrecional y arbitraria del dinero, ocultando deliberadamente este reparto ante la Contraloría General de la República (CGR).
Acorralado por estos sospechosos movimientos financieros y por un explosivo e injustificado crecimiento patrimonial, González Maldonado se vio obligado a renunciar a su cargo en el IPS.
La causa penal, en la cual aparece este pedido fiscal del 8 de junio último, busca desmantelar una presunta red de corrupción y tráfico de influencias que, por las declaraciones contenidas en las actas guardadas bajo llave, ya salpica en forma directa a la Presidencia de la República.