La sorpresiva movida en la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) desató una fuerte tormenta política en el Congreso. El diputado Raúl Benítez lanzó críticas tras la asunción del nuevo presidente de la institución, Miguel Báez Reyes, y afirmó que el relevo de Félix Sosa no responde a criterios técnicos de gestión, sino a un esquema orientado a beneficiar intereses privados del entorno del Ejecutivo.
En declaraciones a ABC TV, el legislador sostuvo que el nuevo titular llega con directivas para validar un controvertido proyecto con la multinacional de fertilizantes verdes Atome.
Un informe exprés bajo sospecha
Una de las principales sospechas señaladas por el parlamentario radica en el plazo otorgado a la nueva autoridad. Según Benítez, existe la exigencia de emitir un informe técnico sobre la disponibilidad energética.
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“Con todas las deficiencias diarias y los problemas financieros que tiene la ANDE, pretender que en cinco días este señor va a sacar un informe real de disponibilidad es una señal clara de la intención detrás de la salida de Félix Sosa. Ese informe no está elaborado por los técnicos de la institución; ya fue elaborado por políticos y responde a los intereses de Atome”, denunció Benítez.
Para el legislador, en un escenario institucional ideal, el mandatario habría solicitado primero una auditoría exhaustiva sobre el estatus de los planes de generación, los niveles de inversión requeridos y el déficit real de la entidad. Sin embargo, acusó que el Gobierno priorizó “la línea del negocio propio”.
“La ANDE está en quiebra técnica”
El diputado llamó a dimensionar el impacto que estas decisiones tendrán a largo plazo en el desarrollo del país. Aseguró que se está poniendo en juego la soberanía energética paraguaya.
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Detalló que la estatal arrastra un déficit de USD 300 millones al año, dinero que debería estar volcado a proyectos de transmisión y distribución para evitar los constantes cortes.
“La ANDE, tal como está operando hoy, se encuentra en quiebra. Una institución que no tiene la capacidad de realizar las inversiones para garantizar su sostenibilidad en el tiempo está técnicamente quebrada, y acá se está hipotecando el futuro de la República”, sentenció.
Temor al “blindaje por jubilación” y juicio político
Benítez manifestó su temor de que se repliquen viejas tácticas del ámbito judicial para blindar de impunidad a los funcionarios que asumen estos compromisos políticos. Comparó el escenario con el caso de los magistrados que dictaron polémicos sobreseimientos y luego se retiraron de la función pública sin responder ante la ley.
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“Tengo miedo de que estemos frente a una persona que ya no tenga nada que perder, que le firme al Gobierno el contrato que quiera y que, cuando pretendamos juzgarle o reclamarle, ya esté fuera del juego por haber recurrido a la jubilación”, advirtió.
Finalmente, el diputado señaló que la gravedad de los hechos justificaría las medidas constitucionales más severas. “En un país un poco más serio, con estas evidencias de cómo se traiciona a la patria priorizando agendas personales por encima del bien común, estaríamos debatiendo formalmente un juicio político al presidente de la República", concluyó.