IPS pagó G. 680 millones por “quirófano fantasma” pese a contrato suspendido

Detalle de pagos realizados entre 2024 y 2025 por la previsional.GENTILEZA

En septiembre de 2024, el Instituto de Previsión Social (IPS) liberó un pago de G. 680 millones a la firma Neighpart SA, de Claudio Escobar, tan solo un mes después de suspender oficialmente las obras. La proveedora ya facturó G. 35.658 millones –el 58% de un contrato de G. 61.186 millones– a través de las gestiones de Andrés Gubetich, Vicente Bataglia y Jorge Brítez por una obra que hasta hoy no existe. Llamativamente, la Fiscalía solo imputó a los titulares de las dos últimas administraciones.

El 14 de agosto de 2024, el Consejo de Administración del IPS, bajo la presidencia de Jorge Brítez y con la participación de los consejeros Carlos Pereira, José Emilio Argaña, Víctor Insfrán y José Jara, autorizó la Adenda Nº 5 al Contrato Nº 06/2020. Con esta medida se congelaron los plazos de ejecución para la instalación de quirófanos modulares en el Hospital Central ante la falta de avances en la obra.

Según los documentos oficiales, la suspensión se formalizó a pedido de la propia contratista, Neighpart SA, cuyo principal accionista es Claudio Escobar, con el argumento de elaborar un nuevo diseño arquitectónico. Pese a este freno legal, los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) revelan que el 25 de septiembre de 2024, apenas un mes después, la previsional pagó G. 680 millones a la empresa por la adición de los paneles solares.

Resolución del IPS del 20 de noviembre de 2024 por la cual se reanudaron los plazos de ejecución.

Dos meses después de este cobro, el 20 de noviembre de 2024, el Consejo aprobó la Adenda Nº 6 para reanudar los plazos, validar un nuevo cronograma y aceptar el rediseño presentado por la proveedora. Lo cierto es que, con la firma del acuerdo, se desencadenó un acelerado flujo de pagos a favor de la contratista. Solo en marzo de 2025, Neighpart SA percibió G. 9.341 millones; en junio sumó G. 1.631 millones y en agosto del mismo año cobró otros G. 3.156 millones. De esta manera, durante la administración de Jorge Brítez la empresa embolsó G. 14.809 millones en menos de un año, mientras la estructura quirúrgica continuaba estancada.

Brítez, el que más pagó

El contrato original de 2020, pactado en G. 53.000 millones, trepó a G. 61.186 millones tras las modificaciones introducidas. A la fecha, la contratista acumula cobros por G. 35.658 millones, lo que representa el 58% del presupuesto total.

Este esquema de desembolsos millonarios atravesó tres administraciones consecutivas de la previsional. En el periodo de Andrés Gubetich se pagaron G. 10.600 millones en concepto de anticipo, durante la gestión de Vicente Bataglia se liberaron desembolsos por G. 10.248 millones, y bajo la era de Jorge Brítez se autorizaron desembolsos por G. 14.809 millones, incluyendo el pago realizado en plena suspensión contractual.

La administración de Brítez se consolida así como la que más fondos desembolsó a favor de este acuerdo. Esto resulta altamente contradictorio, ya que al asumir el cargo, el propio Brítez había impulsado, junto al exdirector jurídico José “José’i” González, una denuncia penal contra este millonario contrato que luego terminó financiando.

A esto se suma un elemento aún más llamativo: la investigación de la Fiscalía únicamente impulsó imputaciones contra las gestiones de Bataglia y Brítez por supuesta lesión de confianza, ignorando por completo el periodo de Gubetich, en el cual se firmó el contrato y se liberó el primer gran desembolso de dinero.

Una actuación negligente

El 14 de agosto de 2024, el Consejo dispuso suspender el cronograma contractual con Neighpart.

En setiembre de 2023, ABC había dejado al descubierto toda esta trama con respecto a este contrato del IPS con Neighpart SA para el bloque quirúrgico del Hospital Central. Fue luego de la denuncia del supuesto abandono de equipos. Tras las revelaciones de nuestro diario, Contrataciones Públicas abrió una investigación, cuyo resultado final se conoció el 11 de marzo de 2024 y entonces se calificó como negligente la actuación de la previsional debido a violaciones legales y contractuales. Pedía tomar medidas administrativas para proseguir o suspender el contrato. La auditoría interna del IPS confirmó gran parte de las observaciones de la DNCP, pero solo se limitó a recomendar como opción un acuerdo extrajudicial con la empresa en caso de rescisión del contrato. La decisión fue seguir y pagar.

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