El fiscal Julio Ortiz, encargado de la investigación sobre el presunto esquema de lesión de confianza y desfalco superior a los G. 60.000 millones en el Instituto de Previsión Social (IPS), brindó detalles sobre el avance de la causa que involucra a altas autoridades de la institución, entre ellas los expresidentes Vicente Bataglia y Jorge Brítez.
En el marco de las diligencias, el representante del Ministerio Público ratificó que la prioridad del proceso no solo radica en la responsabilidad penal, sino también en garantizar la recuperación del patrimonio derrochado, mediante el embargo preventivo de bienes.
Seis imputados ya cuentan con medidas cautelares
De los nueve procesados en la causa, seis ya comparecieron ante la Justicia -entre ellos Jorge Brítez- y cuentan con medidas alternativas a la prisión, pese a los requerido inicialmente por la Fiscalía, junto con la anotación de embargos sobre sus bienes.
Respecto a la forma en que se viene desarrollando el procedimiento, el fiscal citó el caso de Rosa Colmán, quien fue detenida por la Policía Nacional tras una orden fiscal, se abstuvo de declarar en sede del Ministerio Público y posteriormente fue puesta a disposición del Juzgado de Garantías, instancia que resolvió otorgarle la libertad ambulatoria bajo caución.
“La orden de detención era para que se pongan a disposición. Al ser un hecho contra el patrimonio, buscamos el embargo de bienes para que, en caso de una condena en juicio oral, el dinero o los inmuebles puedan ser devueltos al IPS. De lo contrario, la previsional no recuperará lo que le quitaron”, aseveró Ortiz.
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Vicente Bataglia en el extranjero: no se descarta captura internacional
Una situación especial se presenta con el expresidente de la previsional Vicente Bataglia, quien se encuentra fuera del país. El agente fiscal aclaró que existe una orden de detención librada en su contra, por lo que debería ser aprehendido al momento de ingresar a territorio nacional.
“Si no se presenta, se decretará su rebeldía para interrumpir los plazos respecto a él y proseguir el proceso con los demás. La captura internacional es una de las opciones”, dijo.
Según las investigaciones del Ministerio Público, Bataglia tuvo una responsabilidad primigenia al firmar las primeras adendas que prorrogaron la licitación del proyecto y autorizaron desembolsos millonarios (G. 5.300 millones en un primer pago y más de G. 4.000 millones en un segundo desembolso). Incluso, se incluyeron adendas ampliatorias para la compra de paneles solares que requerían un nuevo proceso licitatorio.
Quirófano modular fantasma tras seis años de espera
La causa principal gira en torno a la fallida construcción e instalación de un quirófano modular adjudicado en el año 2020. A pesar de las constantes adendas y los millonarios pagos ejecutados durante las gestiones de Bataglia y Brítez, las obras nunca concluyeron.
“Hay una licitación, hay pagos ejecutados y no hay obra. Ya pasaron seis años y el quirófano modular no existe”, remarcó el fiscal Ortiz, asegurando que el cúmulo de elementos probatorios recolectados otorga una base sólida para sostener una eventual acusación.
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¿Qué pasará con los consejeros?
Consultado sobre la posible implicancia de los miembros del Consejo de Administración que avalaron o votaron a favor de las adendas irregulares, Ortiz recordó que exigió formalmente al IPS la entrega de todas las actas de sesiones.
El fiscal advirtió que de no recibir los documentos en las próximas horas, se constituirá personalmente en la sede central del IPS para incautar los archivos.
“Cuando tenga los documentos y vea el tenor de las votaciones, voy a estar ampliando la imputación. Aún no me remitieron las actas que pedí hace unos días; si no responden, la próxima semana me constituyo en el lugar”, anunció.
El fiscal Ortiz remarcó que la causa “recién empieza” y que la Fiscalía no descartará nuevas imputaciones conforme se analice el papel del Consejo de Administración en la aprobación de las adendas.
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