El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, en una conferencia de prensa reciente, quedó expuesto a una contradicción entre su discurso de austeridad y la forma en que justifica las contrataciones y aumentos salariales otorgados durante su gestión al frente del Senado.
Consultado por periodistas sobre el incremento salarial de la candidata a concejala de Ñemby, Catherine Larisa Benítez Pascottini contratada bajo su administración y en plena campaña electoral, respondió defendiendo la ejecución presupuestaria y trasladando la discusión hacia su rival político, el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.
Núñez había anunciado la semana pasada la presentación de un proyecto de Ley Antidespilfarro, al que denominó “Ni un peso más”, con medidas de fuerte restricción del gasto público. Entre ellas figura la suspensión de nuevas contrataciones si se supera de manera sostenida el límite establecido para el déficit fiscal.
Sin embargo, cuando las periodistas que cubren el Senado le hicieron notar que su discurso de austeridad no coincide con los aumentos salariales registrados en su administración, el titular del Congreso respondió cuestionando a los medios por no publicar un caso relacionado con Prieto.
Bachi y su respuesta sobre la “guapita de Peña”
La consulta surgió a raíz del caso de Catherine Larisa Benítez Pascottini, candidata a concejala de Ñemby por Honor Colorado, quien ingresó como contratada del Senado con un salario de G. 5 millones y, apenas tres meses después, pasó a percibir G. 10,4 millones entre salario y bonificación. El salto representa un aumento del 108% en apenas tres meses.
“Impresionante el monto que me está diciendo”, respondió Núñez, en tono irónico, cuando la periodista le señaló que la funcionaria había sido contratada inicialmente con G. 5 millones.
Ante la insistencia sobre el aumento salarial, el titular del Congreso evitó referirse directamente al caso y respondió: “Uno de los mimados de ustedes, que es exintendente de Ciudad del Este le nombró a un exdiputado asesor por más de G. 11 millones”.
Dijo al referirse a su histórico rival político, y a la contratación temporal del exdiputado liberal Édgar Acosta como asesor durante su administración.
“Es un guapito de ustedes, pero no dice nada, no sale en tapa”, cuestionó Núñez, para luego defender las contrataciones realizadas en el Congreso bajo su administración.
Bachi se jacta de que la ley de la carrera civil no rige para ellos
Núñez argumentó que el Congreso es un poder diferente y que tiene autonomía para ejecutar su presupuesto. “Como Bachi Núñez es una persona que critica algunos sectores y donde la ley de la carrera civil no rige, porque es un poder diferente, y ejecuta el presupuesto”, sostuvo.
También señaló que los cambios salariales responden a pedidos de otros parlamentarios y afirmó que este mecanismo “funcionó siempre” en el Senado.
Las periodistas volvieron entonces al punto central: si el presidente del Congreso plantea una Ley Antidespilfarro, ¿por qué su administración no aplica el recorte de gastos que plantea el proyecto? “Usted presenta un proyecto de antidespilfarro, pero aquí no hay nada de recorte. Es más, amplían su salario a gente”, le señalaron.
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La respuesta de Núñez fue que primero debía entenderse qué significa su proyecto de ley. “Si yo tengo un presupuesto de 100, ¿hasta cuánto puedo gastar?”, preguntó.
El senador sostuvo que no pretende repetir lo ocurrido durante la administración del exdiputado colorado Miguel Cuevas en Diputados, cuando, según afirmó, se gastó por encima del presupuesto aprobado. “Yo me rijo por el presupuesto”, afirmó.
Y agregó una de las frases más llamativas de su defensa: “Soy el primer presidente del Congreso denunciado por ejecutar su presupuesto”.
Núñez insistió en que el Congreso ejecuta lo que está presupuestado y recordó que el presupuesto de la institución representa menos del 1% del Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, obvió que él maneja dos presupuestos (el del Senado y el del Congreso) validados por él y que la Cámara Alta tiene la última palabra en la versión final del Presupuesto General de la Nación.
La contradicción con su propio proyecto
Mientras Núñez propone una ley que promete cerrar el grifo de las contrataciones ante el incumplimiento fiscal, en el Senado bajo su presidencia se produjeron incorporaciones, recategorizaciones y aumentos salariales que son cuestionados públicamente.
El debate adquiere mayor relevancia debido a que la administración de Núñez también enfrenta cuestionamientos por el crecimiento de la nómina y una denuncia penal presentada contra el titular del Senado.
El abogado y funcionario legislativo Rubén Penayo analizó 48 archivos correspondientes a 24 meses, entre mayo de 2024 y abril de 2026, utilizando datos de la Cámara de Senadores y del Ministerio de Economía y Finanzas.
Según esa denuncia, la cantidad de funcionarios activos pasó de 2.014 en mayo de 2024 a 2.273 en abril de 2026, un aumento neto de 259 funcionarios. El análisis también señala 795 incorporaciones y 536 salidas durante el período.
La denuncia sostiene que el esquema podría haber generado un perjuicio patrimonial superior a G. 40.610 millones y menciona posibles hechos punibles como lesión de confianza, tráfico de influencias, administración en provecho propio y cobro indebido de honorarios.
Hasta ahora, según los antecedentes señalados, no se conoce públicamente que la Fiscalía haya avanzado con una investigación formal sobre la denuncia. El propio Núñez había pedido públicamente que el Ministerio Público investigue el caso.
Los “guapitos” y el uso político del presupuesto del Congreso
El caso de Benítez Pascottini no es aislado dentro de los cuestionamientos sobre el uso político de los cargos públicos. También fue señalado el meteórico crecimiento salarial de José Luis Rodríguez Robertti, presidente de la Juventud Colorada y director de Asuntos Políticos de la Presidencia del Senado.
Rodríguez Robertti pasó de percibir G. 1,5 millones cuando ingresó al Congreso en 2012 a un salario actual de G. 29,2 millones, casi 20 veces más.
En julio de 2024, durante la presidencia de Núñez, fue designado director de Asuntos Políticos de la Presidencia del Senado.
Ambos casos alimentan el cuestionamiento sobre la utilización de cargos y salarios públicos para beneficiar a dirigentes y operadores políticos, precisamente cuando el titular del Congreso pretende instalar un discurso de austeridad y anuncia una ley para impedir el despilfarro estatal.
La discusión dejó, finalmente, una pregunta que las periodistas le plantearon directamente a Núñez y que quedó sin una respuesta concreta sobre los casos señalados: ¿cómo puede hablar de “Ni un peso más” mientras bajo su administración se crean cargos, se producen recategorizaciones y se otorgan aumentos salariales?
Núñez cerró la conferencia asegurando que los cambios llegarán cuando el oficialismo consiga una mayoría: “La mayoría va a hacer los grandes cambios”, afirmó.