Cuando su voto definía el resultado en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el exsenador y condenado a ocho años de prisión por su título falso de abogado, Hernán David Rivas, seguía al exintegrante del JEM y señalado como “significativemente corrupto” por los Estados Unidos de América (EE.UU.) Jorge Bogarín Alfonso.
Así lo demuestra el análisis realizado por ABC a 1.311 resoluciones firmadas por Rivas durante su paso por el órgano juzgador de magistrados, fiscales y defensores públicos.
En los 85 casos críticos del JEM en que participó, Rivas se adhirió 19 veces al voto de Bogarín, representante del Consejo de la Magistratura, casi el doble que a cualquier otro.
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Las cuatro remociones de magistrados en las que Rivas fue el quinto voto que exigía la ley se decidieron así: Bogarín fundó el voto de remoción y Rivas se sumó. Son las del juez de paz de Altos Leoncio Alderete Gayoso, el juez penal de Garantías Manuel Fernández Arce, la jueza civil Tania Irún y el fiscal Jorge López Lohman (✝).
Un patrón sospechoso
En el conjunto de sus 1.311 votaciones, Rivas escribió un voto propio solo en 56. En los demás casos, se adhirió al de otro miembro, sobre todo al del actual ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Manuel Ramírez Candia (366 veces), la exrepresentante del Poder Ejecutivo Mónica Seifart (199) y, en tercer lugar, a Jorge Bogarín (162).
Sin embargo, en los casos críticos, el orden cambia. En estas situaciones hoy en la mira de los afectados, Rivas fundó su voto solo en 17 oportunidades y se adhirió en las 67 situaciones restantes.
Llamativamente, 19 de esas adhesiones fueron a Bogarín, diez a Ramírez Candia y ocho a Eusebio Alvarenga.
8 sentencias y 11 autos
De esas 19 resoluciones donde siguió a Jorge Bogarín, ocho son sentencias definitivas, y once, autos interlocutorios. En nueve, el voto de Rivas completó la mayoría exacta.
Además de las remociones, figuran el auto que abrió el juicio a López Lohman, el inicio de oficio del enjuiciamiento de la fiscala Fátima Capurro, con suspensión, el del juez Sandro Vera Ortiz, el del juez Leonardo Ledesma y la fiscala Mirtha Rivas Paniagua, y una resolución que acumuló causas y archivó denuncias contra los fiscales María del Carmen Palazón y Raquel Bordón Aguayo.
En ocho oportunidades, tanto Rivas como Bogarín votaron contra una sanción o un juicio que quedó a solo un voto de la mayoría requerida. Cuatro son absoluciones: la de la jueza Isabel Bracho, las dos de la jueza Graciela Scala de Giménez y la de la fiscala Alcira Insfrán de Faría.
La exjueza Isabel Bracho, salvada por ambos, fue denunciada en aquella oportunidad por haber favorecido al narcotraficante Walter Galindo a cambio de una coima.
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Las otras cuatro son archivos: el del juez Gustavo Bóveda, el del juez de paz de Capiatá Blas Figueredo Miranda, el del fiscal José Raúl Agüero Salinas y el de las entonces fiscalas de Itauguá Milena Basualdo y Adriana Soledad González.
En dos de las 19 situaciones, en las que pretendían enjuiciar a jueces de sentencia de Caazapá y al juez Álvaro Rojas Almirón, quedaron en minoría.
Críticas a firmas fuera de funciones
El exsenador y expresidente del JEM Hernán Rivas firmó electrónicamente 31 resoluciones del órgano extrapoder después del 25 de octubre de 2023, cuando el Senado aceptó su permiso y designó a Derlis Maidana como reemplazante. Quince de esas firmas son posteriores al juramento de Maidana. La Ley 6814/21 establece, para las sentencias, que “la decisión será transcripta y firmada por los Miembros y por el Secretario” (art. 33).
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También dispone que, en caso de permiso, el órgano designante nombra un reemplazante (art. 9).
El Reglamento del Expediente Electrónico del JEM reserva la firma digital a sus Miembros, que responden personalmente por su uso (art. 8).
Sin embargo, según verificó ABC, ninguna norma prevé, específicamente, qué ocurre cuando un miembro vota en sesión y deja el cargo antes de firmar. Ese es el vacío legal.
“El problema es que si la firma se dio en tiempo donde él ya no era miembro, sería un uso indebido de la firma. En derecho público no existe algo así como la firma en blanco. La forma de subsanar su salida era con el siguiente miembro reemplazante”, señaló en X el abogado Federico Legal.
El asunto de las firmas electrónicas suma otra dimensión crítica a la discusión. Hasta el cierre de edición intentamos contactar con el senador Maidana al celular con terminación 278, sin obtener retorno.