“Quisiera mencionar que, como miembro del Consejo de Administración del IPS, el Consejo ya es el quinto eslabón en resolver una licitación”, declaró Carlos Pereira ante el fiscal Julio Ortiz. De esta manera, el exconsejero buscó desmarcarse de las irregularidades detectadas en el contrato N° 06/2020 para el reacondicionamiento y suministro de quirófanos modulares en el Hospital Central, adjudicado en 2020.
En su relato, Pereira –actual asesor del presidente de la previsional, Isaías Fretes– intentó desligar a la máxima autoridad repasando las etapas previas del proceso. Argumentó que el primer paso arranca con las necesidades detectadas por las gerencias y que allí el Consejo no participa.
Aseguró que la segunda instancia, donde se revisan los requerimientos con datos estadísticos, tampoco involucra a los consejeros. Añadió que en la tercera etapa, reservada para la elaboración del pliego de bases y precios referenciales enviados a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el Consejo de Administración sigue al margen.
Finalmente, indicó que en la cuarta fase, donde un comité evalúa las ofertas presentadas por las empresas, la máxima autoridad institucional tampoco tiene intervención.
Aseguró que el Consejo de Administración interviene recién en la última etapa, cuando el comité eleva su dictamen sugiriendo al ganador. “La decisión del Consejo se basa en el principio de confianza y solo aprueba o rechaza considerando que es un cuerpo colegiado deliberativo”, afirmó, agregando que en el arranque de los llamados actúan únicamente como un “tercer eslabón” para autorizar las publicaciones en el portal de compras públicas.
Choque con Carta Orgánica
Sin embargo, los argumentos del exconsejero chocan con el marco legal que rige a la institución. El artículo 6 de la Ley N° 98/92 (Carta Orgánica del IPS) establece expresamente que la dirección y administración de la entidad está a cargo del Consejo de Administración, mientras que la fiscalización a cargo de un síndico designado a instancia de la Contraloría General de la República (CGR).
Asimismo, el artículo 13, inciso i, faculta formalmente al Consejo para contratar y comprar, conceder préstamos, hipotecar bienes del Instituto y aceptar transacciones judiciales y extrajudiciales; las resoluciones respectivas se adoptarán por mayoría absoluta de sus miembros.
Defensa de las adendas
En otro tramo de su declaración, Carlos Pereira aseguró que en su momento estuvo a favor de realizar sumarios administrativos a los funcionarios intervinientes, pero reveló que la investigación interna terminó archivada.
Por último, justificó las adendas (números 5 y 6) suscritas a pesar de que las obras nunca se concretaron, argumentando que la suspensión de plazos buscaba la reubicación física de los módulos. Según Pereira, dicha decisión constituyó una medida preventiva para evitar –según él– un perjuicio patrimonial al Instituto de Previsión Social (IPS).
“La suspensión con plazo cierto, seguida de reanudación una vez subsanada la observación técnica, es un patrón de actuación ordenada y documentada. Por tanto, desde la perspectiva de la investigación penal en curso, lo que se autorizó fue suspender el plazo a efectos de elaboración del proyecto para la reubicación física de los quirófanos modulares, lo que constituyó una medida preventiva destinada a evitar la reiteración del perjuicio y a asegurar mecanismos de resguardo patrimonial”, declaró Pereira.
Lo concreto es que la Fiscalía imputó a nueve personas, entre ellas a los expresidentes del IPS, Vicente Bataglia y Jorge Brítez, por un supuesto perjuicio patrimonial de más de G. 61.186 millones.
“Olvidó” contar la solución para la obra
El exconsejero y actual asesor del IPS, Carlos Pereira, omitió detalles clave en su declaración ante la Fiscalía. Si bien citó un informe de la consultora Gavilán & Asociados (presentado durante la gestión de Vicente Bataglia), que advertía que la estructura del séptimo y octavo pisos del Hospital Central, “no cuenta con la capacidad para soportar las cargas” de los quirófanos modulares, evitó mencionar que esa misma pericia planteó una solución concreta. Se trata de un proyecto de refuerzo de pilares mediante el recrecido de secciones.
Con su relato incompleto, Pereira se limitó a justificar las adendas 5 y 6 que congelaron y luego reanudaron la obra. Sostuvo que suspender los plazos buscaba “corregir rumbos y evitar riesgos patrimoniales”. Sin embargo, tampoco informó a los fiscales que la misma firma presentó en abril de 2023 (durante la misma gestión de Bataglia) un presupuesto de G. 642 millones para ejecutar el refuerzo estructural.
Bajo la gestión actual, de la cual Pereira forma parte, la previsional frenó nuevamente los plazos para lanzar un nuevo llamado por G. 1.288 millones –publicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas– con el fin de evaluar otra vez toda infraestructura del Hospital Central. Es decir, el IPS destinará hoy el doble de recursos a un nuevo diagnóstico, ignorando la solución técnica y económica que se tenía sobre la mesa desde hace tres años, a mitad de precio.