El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) solicitó la suspensión de la jueza Nilda Concepción Benítez Caballero, por conceder un amparo contra la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que fue emplazada para reparar el sistema de alcantarillado cloacal de la ciudad de Encarnación en 45 días.
El pasado 14 de agosto, la jueza en lo civil y comercial de Cuarto Turno de la Tercera Circunscripción Judicial en Itapúa resolvió dar lugar al amparo promovido por la Municipalidad de Encarnación contra la EBY y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap). Esto tras constatar que de 63 estaciones de bombeo de la ciudad, solamente una estaba en condiciones óptimas de funcionamiento.
Como consecuencia de este disfuncionamiento de la red cloacal, que está a cargo de la EBY —y una de la Essap—, las aguas negras son vertidas directamente a los arroyos subembalsados de la ciudad, provocando una grave contaminación de los cuerpos de agua.
Posterior a esto, el 20 de agosto, el JEM, por unanimidad de votos, dio lugar al pedido de la EBY para solicitar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la suspensión de la magistrada, bajo los argumentos de supuesto mal desempeño de funciones. En consecuencia, la jueza fue citada a declarar el pasado 26 de agosto ante la CSJ, que todavía no se expidió sobre el pedido del JEM.
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Presunto amedrentamiento
El referente de la Coordinadora de Defensa del Poti’y y litigante en el amparo, abogado Pablo Villalba, refirió que la organización que impulsó el reclamo por la contaminación se encuentra en un “impasse”, debido a que es evidente que hay un amedrentamiento hacia la Cámara de Apelaciones.
Tras solicitar la suspensión de la jueza Benítez, la EBY apeló el amparo, que actualmente se encuentra en el Tribunal de Apelaciones. Los magistrados designados para pronunciarse son Miguel Vargas, César Cáceres y Luis García.
Villalba detalló que el plazo habitual para expedirse es de tres días, pero la apelación ingresó hace 10 días y todavía no se han pronunciado.
Lamentó que, tras meses de lucha y denuncias por el gravísimo estado de los subembalses contaminados de cloaca, nuevamente el proceso se dilate, probablemente hasta que se resuelvan las elecciones municipales de octubre.
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Contaminación de los arroyos
Las inspecciones judiciales se desarrollaron en el marco de la disposición del Juzgado en lo Civil y Comercial de Cuarto Turno de la Tercera Circunscripción Judicial, a cargo de la magistrada Nilda Concepción Benítez Caballero. Fueron realizadas entre el 24 y el 29 de julio de este año.
El resultado arrojó certeras evidencias de contaminación y de irregularidades, según se detalle en el informe de la inspección. De todas las 63 estaciones, cinco estaban desmanteladas y en estado de abandono —sin equipos—; 25 fuera de funcionamiento por diversas razones; 7 con motores pequeños; y 24 con un solo motor.
Según mediciones de calidad de agua, detectaron cargas de coliformes fecales en los cauces hídricos de la ciudad. Entre ellas, una realizada por la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) en octubre de 2025 y otras desarrolladas por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en junio de este año.
Los resultados arrojados sugieren cantidades muy por encima de los estándares establecidos por la Resolución Nº 222/02 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
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Las estaciones de bombeo
Las estaciones de bombeo están ubicadas en cercanías de los arroyos de las ciudades de Encarnación y Cambyretá. Reciben las cargas conectadas por gravedad. Cuando no funcionan las bombas que trasladan el efluente a la planta de tratamiento, se activa un sistema de bypass, que lo que hace es arrojar las aguas negras directamente a los arroyos.
El Pliego de Bases y Condiciones de la tercerización del servicio de mantenimiento de las estaciones de bombeo, convocado por la EBY, establece que cada estación debe contar con dos electrobombas y deben funcionar de manera alternada cada cuatro horas. Es decir, no se trata de un motor principal y otro auxiliar, sino de la necesidad del trabajo alternado entre motores.
Esta tercerización tiene contrato vigente por 20 meses, desde octubre de 2024, con la empresa Deco SRL —representada legalmente por Américo Cáceres Di Leo y Ricardo Cáceres Espínola— para el mantenimiento de las estaciones de bombeo. El costo mensual es de G. 343 millones, que asciende a un monto anual total de G. 4.126 millones.