CGR insta a un “monitoreo preventivo” de los fondos del IPS en Ueno Bank

Carteles de Ueno Bank ya se colocan en el predio arrendado del Instituto de Previsión Social (IPS).Archivo, ABC Color

El lapidario informe de la Contraloría General de la República (CGR) sugiere al Instituto de Previsión Social (IPS) un “monitoreo preventivo y estrategias de diversificación del portafolio” ante la “exposición significativa” de sus fondos en Ueno Bank, del Grupo Vázquez SAE. Dado el nivel de concentración alcanzado en apenas tres años por esa entidad bancaria, el órgano de control plantea esta medida para garantizar una adecuada administración de riesgos y preservar la sostenibilidad del Fondo de Reserva en el largo plazo, con la mirada puesta en el periodo 2036-2039.

“Si bien Ueno Bank cumple con la calificación mínima requerida (AA actualmente), el nivel de concentración alcanzado dentro de la cartera de inversiones en solo tres años evidenció la necesidad de fortalecer el monitoreo preventivo y las estrategias de diversificación del portafolio, a fin de contribuir a una adecuada administración de riesgos y preservar la sostenibilidad financiera del Fondo de Reserva en el largo plazo, especialmente ante las proyecciones previstas para los años 2036-2039” (sic), señala de manera contundente el informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre las inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS). Con esta conclusión, el ente de control cerró su análisis sobre el incremento de la participación de Ueno Bank SA, del Grupo Vázquez SAE (presidido por Federico Miguel Vázquez), en la cartera del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones (FCJP).

La auditoría verificó las colocaciones en esta entidad tras constatar su paso, de una presencia reducida a una posición relevante en la estructura del fondo. En moneda nacional, la entonces financiera mantenía en diciembre de 2023 colocaciones por G. 80.000 millones (1% del total en CDA). Al cierre de 2024, tras convertirse en banco y absorber a Visión Banco SAECA, la participación subió al 8,40% (G. 659.000 millones) mediante una nueva adjudicación de G. 579.000 millones.

Durante el ejercicio 2025 se adjudicaron seis nuevos CDA por G. 943.000 millones. Con esto, el total invertido por el IPS en la entidad de los exsocios comerciales del presidente Santiago Peña alcanzó G. 1,6 billones, un 19,7% del inventario de CDA en guaraníes.

En moneda extranjera, Ueno Bank no registraba participación relevante en 2023. Sin embargo, al cierre de 2025 acumuló tres instrumentos por US$ 15,1 millones, a los que se sumó el saldo proveniente de Visión Banco por US$ 12,3 millones. El total ascendió a US$ 27,4 millones, un 19,95% del inventario de CDA en dólares.

El ente de control menciona que la Ley N° 7235/23 establece en su artículo 11 la obligación de gestionar inversiones bajo criterios de diversificación y mitigación de riesgos. A su vvez, el artículo 28 de la Ley N° 98/92 “Carta Orgánica” dispone que las colocaciones deben realizarse en las mejores condiciones de seguridad, plazo, garantía y rendimiento.

Página 34 del informe de la CGR en el cual se describe de manera detallada el caso de Ueno Bank.

Para la Contraloría, “la participación alcanzada por Ueno Bank equivalente al 19,5% del inventario total de CDA evidenció una exposición significativa de los recursos del Fondo en una sola institución financiera privada. Esta situación resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de seguimiento y diversificación de las inversiones, considerando que eventuales contingencias de liquidez o solvencia podrían incidir en la estabilidad y sostenibilidad de los recursos previsionales” (sic).

Sin protocolos ante quiebra

La CGR insistió en la necesidad de que el IPS monitoree sus inversiones, considerando que la previsional carece de protocolos internos ante casos de quiebra o insolvencia de entidades receptoras de fondos, limitándose a lo establecido en la Ley N° 2334/03 de Garantía de Depósitos.

El órgano de control encontró además una disminución en la participación de las inversiones colocadas en entidades con calificación de máxima solvencia (AAA). “En ese contexto, se observó que el crecimiento de la categoría AA también estuvo acompañado de una mayor participación de determinadas entidades financieras dentro de la cartera de colocaciones en CDA, aspecto que evidenció la importancia de continuar fortaleciendo los mecanismos de monitoreo y evaluación del riesgo de contraparte y de concentración, considerando el impacto que eventuales contingencias en entidades financieras podrían generar sobre la estabilidad y seguridad de los recursos previsionales” (sic).

Sudameris, Continental y BNF, los que pagaron más intereses

El informe de la Contraloría revela que, entre 2023 y 2025, el IPS cobró G. 2 billones en moneda nacional y US$ 28 millones en moneda extranjera en concepto de intereses por sus inversiones en Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA). El Banco Sudameris, junto con el absorbido Banco Regional, lideró el pago de intereses abonando al ente previsional G. 518.866 millones en guaraníes y US$ 411.046 en dólares.

Le sigue el Banco Continental (fusionado con Banco Río), que en el mismo trienio pagó intereses por G. 410.150 millones y US$ 3.763.543. En tercer lugar se ubicó el Banco Nacional de Fomento (BNF), con desembolsos por G. 300.632 millones y US$ 859.595, seguido por el Banco GNB (fusionado con BBVA), que pagó G. 189.783 millones en moneda nacional y US$ 1.186.971 en moneda extranjera. Más abajo se posicionaron Ueno Bank (incluido Visión), con pagos por G. 167.276 millones y US$ 3.101.363, y Banco Familiar, con G. 114.736 millones y US$ 2.113.941.

En el comparativo general entre 2023 y 2025, los ingresos por intereses en guaraníes registraron un leve incremento de G. 79.447 millones (unos US$ 12 millones a la cotización de diciembre de 2025), mientras que el rendimiento en dólares sufrió una disminución de US$ 1.895.297 en el mismo periodo.

El equipo

La auditoría de la CGR sobre las inversiones financieras e inmuebles de renta del IPS plasmada en el informe final de 300 páginas estuvo a cargo de la Dirección General de Control de Finanzas Públicas (DGCFP). El equipo auditor estuvo integrado por Lidia Fabiola Grijalba (coordinadora), José Araujo (supervisor) y Sara Calonga (jefa de equipo), además de Graciela Duarte, Mirian Valenzuela y Diego Díaz.

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