El Ministerio Público desplegó su equipo institucional con la puesta en funcionamiento del Centro de Monitoreo de Delitos Electorales. Encabezado por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, el organismo busca garantizar la transparencia del acto eleccionario y sancionar cualquier maniobra que pretenda vulnerar el libre ejercicio del sufragio.
El equipo de control, coordinado de forma operativa por la agente fiscal Sandra Ledesma, funcionará en comunicación permanente con la Policía Nacional y la ciudadanía durante todo el desarrollo de las votaciones.
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La estructura montada por la Fiscalía cuenta con más de 100 agentes fiscales desplegados en puntos estratégicos del territorio nacional, apoyados por funcionarios de unidades especializadas.
Una de las grandes novedades para esta jornada es el fortalecimiento del área tecnológica, la cual monitoreará en tiempo real las publicaciones en redes sociales y medios de comunicación. Esta herramienta permitirá a las autoridades tomar conocimiento inmediato de eventuales delitos electorales, como la compra de votos, ofertas de sorteos o coacción al elector y actuar de oficio en forma instantánea, replicando procedimientos exitosos de comicios anteriores.
Cámaras ilegales y guardias armados: Los primeros incidentes detectados
La fiscala coordinadora Sandra Ledesma confirmó que la Fiscalía ya tuvo que intervenir en varios puntos del país por irregularidades, en localidades como Pedro Juan Caballero, Carapeguá, La Colmena y Villa Elisa.
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La Fiscalía intervino en un caso en el que personas ajenas a la organización electoral intentaron instalar cámaras de vigilancia o modificar las ya existentes dentro de los colegios de votación. Asimismo, en Villa Elisa se reportó la presencia de guardias privados armados apostados frente a locales escolares, situación que fue desactivada por los efectivos policiales.
Respecto a las cámaras en las salas de votación, la representante del Ministerio Público advirtió que este tipo de dispositivos representan un mecanismo directo de intimidación. “Cualquier tipo de control extremo sobre el ciudadano constituye una coacción. Se busca evitar a toda costa la violación del secreto del voto”, enfatizó Ledesma.
Fiscalía habilita canales para denuncias ciudadanas
Las autoridades recordaron que el único documento válido para ejercer el derecho al voto es la cédula de identidad física en formato manual. No se aceptarán bajo ninguna circunstancia pasaportes, denuncias policiales, ni la versión digital disponible en portales estatales.
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Un dato no menor para los votantes es que la ley electoral habilita el uso de la cédula física incluso si esta se encuentra vencida, siempre que el documento sea legible y permita la correcta identificación del ciudadano.
Para facilitar la recepción de quejas en tiempo real, el Ministerio Público puso a disposición el número de WhatsApp 0985 675 372 para denuncias ciudadanas, además de la atención presencial de los efectivos policiales apostados en cada local de votación.
Los delitos electorales en Paraguay contemplan penas privativas de libertad que van desde los 6 meses hasta los 5 años de cárcel, que abarca desde la venta del voto y el fraude en mesa hasta la violación de la veda electoral por parte de candidatos o medios de comunicación.