El ex intendente de Nueva Alborada Jorge Johansson Cuadra (PLRA) y otros siete ex funcionarios municipales fueron imputados por lesión de confianza el 19 de agosto del 2022. Sin embargo, debido a múltiples recursos dilatorios hasta la fecha sigue sin realizarse la audiencia preliminar para saber si la causa va o no a juicio oral y público.
El fiscal Enrique Díaz formuló imputación en agosto del 2022 por un presunto daño patrimonial de G. 3.169 millones durante la gestión 2015-2021 del entonces intendente Jorge Johansson Cuadra.
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El agente del Ministerio Público presentó la acusación el 3 de setiembre del 2024 y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
Según el expediente judicial el 4 de setiembre del 2023 se había dispuesto el sobreseimiento provisional de los procesados. Sin embargo, la causa fue reabierta en agosto de 2025, pero la audiencia preliminar volvió a suspenderse por diversos planteamientos de la defensa.
Como último recurso dilatorio, el ex jefe comunal cambió de abogado y el pasado 15 de octubre el Juzgado Penal de Garantías N° 2 de la Circunscripción de Itapúa reconoció la personería del abogado Arnaldo Gaona.
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De esta manera la causa por lesión de confianza está paralizada desde hace cuatro años y dos meses, y no se sabe dónde fueron a parar los recursos municipales.
¿Quienes son los procesados y por qué?
- Jorge Rubén Johansson Cuadra (ex intendente de Nueva Alborada), acusado por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
- Teresa Giménez Brítez (ex secretaria general), acusada por lesión de confianza.
- Juan Manuel Chaparro Amarilla (ex tesorero), acusado por lesión de confianza.
- Leonardo Milciades Galeano Benítez (ex director de Administración), acusado por lesión de confianza.
- Alexis Eduardo Williams Acosta (ex secretario general), acusado por lesión de confianza.
- Lorena Rosa Chaparro de Johansson (ex ordenadora de gastos), acusada por lesión de confianza.
- Antonio Galeano Cáceres (ex ordenador de gastos), acusado por lesión de confianza
- Pedro Chaparro (ex tesorero), acusado por lesión de confianza.
De acuerdo a la denuncia, el exjefe comunal, junto a otros varios funcionarios municipales habría malversado dinero proveniente del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y royalties.
Según la investigación fiscal, al momento en que el entonces Ministerio de Hacienda transfería el dinero a la Municipalidad de Nueva Alborada inmediatamente el recurso se pasaba a la cuenta de ingresos genuinos y de ahí se sacaba el dinero a “diestra y siniestra”, pese a estar prohibido.
En la carpeta fiscal se indicó que la Contraloría General de la República (CGR) proveyó una lista, en la que se detectó que 78 personas quitaban dinero público municipal a través de cheques al portador, que están prohibidos por ley.