La presencia del contralor se debe a una continuidad en las investigaciones que lleva adelante la comisión. “Es para dar seguimiento a los informes que hemos presentado en agosto. Hoy, ese informe se encuentra completado con un sinnúmero de reportes e indicios de hechos punibles”, aseguró.
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El mismo aseguró que los informes abarcan las gestiones de Andrés Gubetich y de Vicente Bataglia al frente de la previsional. “Vinimos con el equipo técnico para dar las explicaciones que ameriten a los miembros de la comisión, pero esta es una información que ya fue presentada en agosto. Fuimos convocados por esta comisión, por tercera vez. Creemos que el espíritu de la comisión es dar continuidad a los procesos”, indicó.
Dicho informe abarca varias aristas como actividades de control financiero, de auditoría financiera y de cumplimiento. “Toda esta información nosotros ya la habíamos presentado, ya se ha publicado. Lo único nuevo que podríamos decir es que las auditorías que estaban en una evaluación para ver si había reportes e indicios de hechos punibles ya fueron presentadas ante el Ministerio Público”, sostuvo Benítez.
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Caso emblemático
En otro momento, Benitez recordó que este es un caso muy emblemático en donde se auditaron y se encontraron anomalías tanto en la caja de jubilaciones, en la compra de medicamentos, en la trazabilidad de su sistema informático e incluso en el pago a jubilados que fallecieron. “En la muestra, nosotros encontramos que entre el sistema de información hospitalaria y el sistema informático había una diferencia de 623.000 millones de guaraníes. Son más de 100 millones de dólares al cambio de hoy”, recordó.
Posterior a eso verificaron lo que se gastó en sistemas informáticos y detectaron un egreso de aproximadamente 40 millones de dólares en sistemas que no funcionaron o no estaban actualizados con la realidad. “Hoy con la tecnología no puede ser que no tengamos la trazabilidad del medicamento; es un área muy sensible como para ser desprolijos en el control”, recalcó.
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Benitez observó con preocupación que el ingreso que tiene la previsional ya no alcanza para pagar a la cantidad de jubilados beneficiarios. “Vemos que se están utilizando los intereses de las reservas. Por el momento es válido, pero la previsional debería hacer una proyección financiera para entender cuándo va a llegar a su tope, porque también hay una falta de gestión por parte del IPS en el cobro de los aportes obrero-patronales”, subrayó.
El negociado de los amparos judiciales
A eso se le suma una enorme deuda del Estado que a criterio del contralor, en algún momento el Congreso debería evaluar para la sanción de algún tipo de legislación que pueda conciliar estas deudas. “Por otro lado, algo que a mí me llamó mucho la atención fue este artilugio legal para poder comprar más medicamentos a través de amparos para pagos de gastos judiciales”, afirmó Benitez.
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En ese sentido, detalló que en el presupuesto de la previsional, se asigna un rubro conocido como 915, que es para pago de órdenes judiciales. “Por ejemplo, una persona hace un amparo porque está enferma y necesita un medicamento. Un juez le ordena al sistema de salud o al IPS que le provea ese medicamento, el cual puede costar mucho más caro. Para eso se le otorga un presupuesto abultado al IPS, pero lo que hizo la gente que estaba a cargo, a mi criterio, fue un artilugio”, indicó el contralor.
“Lo que hicieron fue hacer un contrato directo con la empresa, lo homologaron judicialmente y esa homologación judicial ya la consideraron como una orden judicial. Ahí se gastaron más de 20 millones de dólares en este concepto”, denunció.
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Camilo Benítez explicó que con este mecanismo se eluden los procesos de transparencia y de competencia. “Es decir, en vez de hacer un llamado para que las empresas compitan y traigan un precio, llamaban directamente a las empresas, hacían un acuerdo privado, lo homologaban judicialmente y pagaban. Para mí, la falta de debida diligencia en las compras puede esconder conductas corruptas”, puntualizó.
Mejores condiciones para la institución
Finalmente, el contralor aprovechó para reclamar un mejor presupuesto para su institución, atendiendo la importancia del trabajo que realizan. “En todo el mundo, a los organismos de control no se les da el financiamiento adecuado porque es como una política, si se quiere, perversa: no le damos recursos a quien nos tiene que controlar”, lamentó.
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En ese escenario, elogió el compromiso de sus funcionarios. “Los auditores de la Contraloría son verdaderos patriotas en ese sentido, porque a pesar de no tener recursos a veces para pagar horas extras, se quedan hasta la noche y vienen los fines de semana. Los resultados están a la vista”, ponderó.
Agregó que la precarización alaridar nunca fue un obstáculo para cumplir con su misión. “Pero eso no es excusa para nosotros; nunca hemos argumentado que nuestra limitación económica sea válida para dejar de hacer nuestra labor misional. A pesar de las limitaciones, trabajamos muchísimo”, finalizó.