El diputado liberal por el departamento de Misiones, Arnaldo Valdez presentó recientemente el proyecto de ley “que dispone la descentralización y municipalización del Programa Hambre Cero, estableciendo la elaboración local de alimentos y la contratación del personal de la comunidad educativa”, reformando el modelo implantado por Santiago Peña, quien dio todo el manejo de dinero a los gobernadores.
“Nadie puede estar en contra de que nuestros niños reciban alimentación en las instituciones educativas. La alimentación escolar es una responsabilidad del Estado y una herramienta fundamental para mejorar las condiciones de aprendizaje y el desarrollo de nuestros estudiantes, pero defender Hambre Cero no significa dejar de cuestionar cómo se administran sus recursos. Y aquí comienzan nuestras preocupaciones, estamos hablando de miles de millones de guaraníes”, dijo Valdez al empezar a fundamentar su iniciativa.
Desde que asumió Peña en 2023 e impulsó la reforma a la Ley de Fonacide, el exmandatario ahora preso por presunta asociación criminal, administración en provecho propio y otros delitos, manejó junto a los gobernadores (salvo el liberal de Central, Ricardo Estigarribia y el colorado de Presidente Hayes, Bernardo Zárate) unos US$ 1.000 millones, direccionando los fondos a una pocas empresas.
El proyecto también alega que “el esquema actual, centralizado en las gobernaciones departamentales, ha demostrado ser ineficiente, con demoras en las entregas, falta de pago a proveedores y una escasa participación de la agricultura familiar campesina, que apenas alcanza el 8,7% de las compras cuando la ley exige un mínimo del 10%”.
La reforma que plantea Valdez es que la “administración y ejecución de los recursos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE) corresponderá a las municipalidades”, que usarán esos fondos para la provisión de alimentos bajo dos modalidades, que son las siguientes:
- Cocina local: en las instituciones educativas que cuenten con espacio físico adecuado (cocina, comedor, depósito), la municipalidad habilitará y equipará una cocina para la elaboración diaria de los alimentos, contratando prioritariamente a personas de la comunidad educativa madres, padres, tutores, vecinos- para desempeñarse como cocineras y ayudantes manipuladores de alimentos.
- Producción local exclusiva: en las instituciones educativas que no cuenten con la infraestructura necesaria, la municipalidad adquirirá los alimentos directamente de pequeños productores de la agricultura familiar campesina y de MIPYMES del distrito, garantizando la frescura, la calidad y el origen local de los productos, y eliminando la intermediación de grandes proveedores.
El “esquema” del programa Hambre Cero ha sido blanco de críticas incluso de oficialistas, como el caso del senador Silvio “Beto” Ovelar, quien tildado de “Po Pohyi” (manos pesadas, que roban mucho) a ciertos gobernadores; a raiz del caso de la gobernadora de Concepción, Liz Meza, que organizó una fastuosa y costosa fiesta de 15 años a su hija,
El caso hubiese sido más anecdótico de no ser por el hecho de que Meza, antes de asumir la Gobernación, era una modesta funcionaria pública, muy lejana a la ostentación y el derroche demostrados en el festejo.
“En octubre del año 2026, entre el año 2024 y 2026, se asignaron aproximadamente G. 4.21 billones a 15 gobernaciones para la ejecución del programa” y “si estamos destinando semejante recurso, ¿por qué seguimos teniendo estos problemas?“, cuestionó Valdez.
El legislador liberal remarcó también que otro hecho a tener en consideración es la concentración de un negocio multimillonario y poco controlado, más aún en el contexto del caso que motivó la destitución e investigación penal contra Peña.
“También debemos observar la concentración de los contratos y los desembolsos a empresas proveedoras. No cuestionamos la existencia de una empresa ni prejuzgamos la legalidad de los subcontratos. Estamos exigiendo que las adjudicaciones, los pagos, los criterios de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales sean absolutamente transparentes. Porque cuando se manejan presupuestos de esta magnitud, la ciudadanía tiene derecho a saber quién cobra, cuánto cobra, por qué cobra y qué servicio está prestando a cambio”, reclamó.
A fin de establecer estos controles, el proyecto sugiere que cada municipalidad conforme un “Consejo Local de Alimentación Escolar” encabezado por el jefe comunal e integrado por representantes de la comunidad educativa, a fin de fiscalizar el servicio para los alumnos.
Esto obviamente sumado a los controles de las respectivas Juntas Municipales, de la Contraloría General de la República y del Congreso.
Otro ente que también perdería poder de prosperar esta iniciativa es el Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por el ministro Tadeo Rojas (tesorero de la ANR), que actualmente administra los fondos del programa en Central y Presidente Hayes.