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El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024 asciende a G. 112,5 billones (US$ 15.276 millones), no contempla aumento salarial general, prevé un déficit fiscal de 2,6% del PIB y un endeudamiento vía bonos y préstamos por US$ 782,5 millones para cubrir gastos corrientes en salud y financiar parte del déficit.
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó ayer al Congreso el proyecto de ley de presupuesto 2024.
Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía, en compañía de sus principales colaboradores hizo entrega del plan al presidente de la Cámara de Senadores, Silvio “Beto” Ovelar, quien estuvo acompañado del senador Arnaldo Samaniego y de la diputada Cristina Villalba.
El PGN asciende a G. 112,5 billones (US$ 15.276 millones), de este total a la administración central se le asigna G. 58,5 billones (US$ 7.949 millones) y a las Entidades Descentralizadas G. 53,9 billones (US$ 7.327 millones).
La cifra total equivale al 32,7% del PIB y representa un aumento del 6,8% con respecto al presupuesto inicial aprobado para el presente ejercicio 2023, de G. 105,3 billones.
Presupuesto 2024: 87% del presupuesto es gastos rígidos
El 87% del presupuesto para el próximo año se destina a cubrir gastos rígidos, que incluye salarios y otros gastos del personal, así como jubilaciones y pago de deudas, mientras que con el restante 13% se cubre otros tipos de gastos.
En ese sentido, se señaló que no se contempla aumento salarial, pero sí se prevé los reajustes por el aumento del sueldo mínimo y el acuerdo con los docentes para el pago del escalafón, entre otros beneficios.
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Con respecto al reajuste por la suba del sueldo mínimo, se dispone que se pagará 50% en enero y 50% en julio para los gobernadores, miembros de Juntas Departamentales, policías y militares activos, cuyas remuneraciones están vinculadas a dicha variable.
Presión para que Orué recaude más
En el proyecto se estima recaudar impuestos por G. 34,4 billones (US$ 4.379 millones), lo que representa un aumento de 8,5% con respecto a la estimación de cierre de 2023 y con esto la presión tributaria se mantendría en 10% del PIB.
Fernández Valdovinos volvió a insistir en que la nueva Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a cargo de Óscar Orué, debe recaudar los US$ 400 millones más estimado con la fusión de la SET y Aduanas. Sin embargo, esa mayor perspectiva de recaudación no fue incluida en el proyecto.
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El proyecto de ley fue elaborado sobre la base de un déficit fiscal 1,5% del PIB, que es el tope establecido en la ley de responsabilidad fiscal, pero se solicita autorización para aumentar el saldo rojo hasta 2,6% del PIB (US$ 1.213 millones).
Según el ministro, el nuevo plan de convergencia al límite de la ley de responsabilidad irá hasta 2026. Inicialmente, el gobierno anterior había calendarizado para 2024 el retorno al tope de 1,5% de déficit, luego de mantenerse por encima en los últimos cinco años.
El ministro de Economía dijo que se debe corregir el déficit para resolver el problema del endeudamiento.
Nuevo endeudamiento para calzar el déficit
Con respecto a nuevo endeudamiento, el plan autoriza al Tesoro Público a contratar préstamos o emitir bonos hasta US$ 532,5 millones, para financiar gastos corrientes del Ministerio de Salud Publica (excluyendo salarios y otros beneficios), con carácter de excepción a lo dispuesto en la ley de administración financiera que prohíbe financiar gastos corrientes con deuda.
Además, dispone que a los efectos del financiamiento parcial del complemento del déficit fiscal, se aprueba la contratación de empréstitos hasta un monto de US$ 250 millones.
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En ese contexto, el pago de intereses de la deuda representará el próximo año US$ 283 millones, que deberá ser financiados con recursos genuinos, ya que la ley de administración financiera prohíbe cubrir con deudas.
La deuda que vence el próximo año, por su parte, se cubrirá con la emisión de bonos autorizada por ley de administración de pasivo o de “bicicleteo” de deudas, que permite el canje de los títulos.
Sector social tendrá más recursos
Según las autoridades, se redujo gastos previstos en contratos de personal, cargos vacantes y otros, aunque sin detallar la cantidad afectada, para reasignar más recursos a educación, salud y seguridad.
A Salud se le otorga G. 8 billones que serán enfocados en inversión en medicamentos y vacunas, equipamiento, unidades familiares y otros; en Educación tendrá G. 8,8 billones, para los docentes y productos estratégicos; mientras que en seguridad indicaron que se fortalecerán las instituciones para que combatir los delitos.
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En cuanto a la inversión pública programada para el próximo ejercicio, el Ministerio de Economía señala que se destina G. 4,2 billones (US$ 570,1 millones), que representa el 86% del total asignado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), financiado principalmente con recursos del crédito público.
Se asegura que se dará continuidad a los proyectos estratégicos, como el corredor bioceánico, corredor agroindustrial, ampliación y duplicación de las rutas 2 y 7 y otros.