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El presupuesto aprobado por el Congreso en diciembre del año pasado ascendió a G. 105,3 billones (US$ 14.844 millones), pero en el transcurso de los primeros seis meses del presente ejercicio fue ampliado en unos G. 3,5 billones (US$ 498 millones), que representa un aumento del 3,3%.
Con estas modificaciones del gasto público, el presupuesto vigente al 30 de junio último asciende a G. 108,9 billones (US$ 15.342 millones), según los datos del Ministerio de Hacienda.
La mayor variación se registra en los gastos financiados con los denominados recursos propios de las instituciones, que registra un incremento de G. 3,2 billones.
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En segundo lugar están los gastos cubiertos con préstamos, por un monto de G. 179.910 millones; y por último, los que se financian con recursos del Tesoro, que crecieron G. 108.847 millones.
Ejecución presupuestaria a junio de 2023
El informe preliminar de la cartera fiscal revela que en el primer semestre la ejecución del presupuesto alcanzó G. 42,2 billones (US$ 5.951 millones), lo que representa el 38,7% del presupuesto vigente en el mencionado periodo.
La mayor ejecución, según lo datos de la cartera, se da en los gastos que se financian con los recursos del Tesoro, que gran parte provienen de la recaudación de los impuestos que paga la ciudadanía.
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El monto final del PGN se elevará aún más en este segundo semestre del año, teniendo en cuenta que existen varios proyectos de ley en estudio en el Congreso que podrían obligar al Tesoro a desembolsar más recursos.
Además, este mes vence el plazo para que la cartera de Hacienda remita a consideración del Parlamento los pedidos de ampliación presupuestaria.
Tope de déficit fiscal para fin de año
Los técnicos de la cartera habían adelantado que no se prevé el incremento de los gastos financiados con recursos genuinos, debido a la escasez de los fondos y porque se debe adecuar al tope de déficit fiscal de 2,3% del PIB.
Este año, el presupuesto contempla un tope de déficit de 2,3% del PIB y, según Hacienda, este escenario base se mantiene para fin de año, aunque la decisión final ya corresponderá al nuevo gobierno del presidente electo Santiago Peña (ANR-cartista), que asumirá sus funciones el 15 de agosto.
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El futuro ministro de Hacienda del gobierno entrante, Carlos Fernández Valdovinos, había señalado que de pagarse la deuda que el Estado tiene con las constructoras de obras y empresas farmacéuticass el saldo rojo podría dispararse a 5% del PIB.
Esta posibilidad, sin embargo, llevaría al nuevo gobierno a incumplir el plan de convergencia fiscal que prevé para el próximo año volver al tope de déficit de 1,5% del PIB, como se establece en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Desde Hacienda los técnicos habían señalado que el tope de saldo rojo final dependerá de como se abone la referida deuda, si será de una vez este año o se abonará en varios años.