Más de una década después de haber sido presentado como la solución estructural a la histórica escasez de agua potable en el Chaco Central, el acueducto del Chaco vuelve a estar en el centro del escándalo público, mientras los pobladores siguen clamando por el líquido vital.
Esta vez, no por anuncios oficiales ni promesas de reactivación, sino por un demoledor informe de una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) de 167 páginas de la Contraloría General de la República (CGR), cuyos antecedentes ya fueron remitidos al Ministerio Público, que investiga posibles hechos punibles, que salpica a los exministros de Obras Públicas Enrique Salyn Buzarquis, Ramón Jiménez Gaona, Arnoldo Wiens y, en su última fase, a Rodolfo Segovia.
El informe, concluido en octubre pero recién dado a conocer ahora, confirma lo que las comunidades afectadas vienen denunciando desde hace años: el acueducto no funciona. Pero va más allá. Expone una cadena de omisiones, irregularidades administrativas, ampliaciones contractuales desproporcionadas, falta de controles, violaciones a la Ley de Contrataciones Públicas y un manejo con indicios de corrupción de los más de US$ 100 millones destinados a la fallida obra.
Paradójicamente, aunque la CGR derivó los antecedentes a la Fiscalía, evita detallar los hechos concretos que podrían configurar delitos y que fueron denunciados ante el Ministerio Público. El contralor Camilo Benítez y el Director de Auditoría Forense, Leandro Villalba Baruja, evitaron brindar explicaciones pese a las insistencias. Este nuevo informe se suma a una fiscalización finalizada en abril de 2024, donde también se revelaron manejos desprolijos.
Un proyecto sin estudios, sin controles y sin agua
Uno de los hallazgos más graves del informe de la CGR es que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no pudo demostrar la existencia de estudios de factibilidad y viabilidad previos a la ejecución del acueducto (primera etapa, desde Puerto Casado hasta Loma Plata). Es decir, la obra se puso en marcha sin cumplir requisitos básicos exigidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública.
Al exministro Buzarquis le fue “imposible responder con exactitud” esta observación. El descargo de Jiménez Gaona sobre este punto ni se mencionó en el documento, mientras Wiens solo señaló que “no corresponde al período de su ejercicio como ministro”.
A esta falencia se sumó la ausencia total de auditorías internas durante los años críticos de ejecución. El ente contralor destacó que entre 2012 y 2022, el MOPC no realizó controles internos al proyecto ni al programa de saneamiento financiado con préstamos y cooperación internacional. Esta omisión impidió detectar a tiempo desvíos técnicos, financieros y contractuales.
Buzarquis señaló que esto no correspondía a su período de gestión, mientras Jiménez Gaona remarcó que no existe norma jurídica que “obligue per se a la auditoría”, y Wiens afirmó que “desarrolló sus actividades conforme a las disposiciones”.
Para la CGR, el resultado está a la vista: durante las verificaciones in situ realizadas entre noviembre y diciembre de 2023, los tanques de almacenamiento y centros de distribución de Loma Plata, Filadelfia, Neuland y Mariscal Estigarribia estaban vacíos. En algunos casos, hacía más de un año que no llegaba una sola gota de agua desde Puerto Casado.
Las historias de las comunidades al equipo auditor son desgarradoras, ya que recurren a tajamares y, en algunos casos, pagan montos importantes para acceder al líquido vital. Se constató, por ejemplo, que el tanque de almacenamiento de agua en Neuland presentaba fisuras, lo cual se relaciona con la falta de abastecimiento y con deficiencias en el mantenimiento requerido.
Plazos inflados, ampliaciones ilegales y cero penalidades
El informe revela ampliaciones de plazos que rozan lo absurdo. Contratos que debían ejecutarse en pocos meses terminaron extendiéndose por años, en violación a la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, que fija un tope del 20% para las prórrogas.
Los datos son contundentes. El MOPC otorgó una ampliación de 498% al Consorcio ABH – TAIVO – CONSTRUCTA, 446% para el Consorcio PS y 88% para CDD Construcciones S.A., responsables de la primera etapa. Pese a estos atrasos extremos, el MOPC no aplicó penalidades ni ejecutó garantías de fiel cumplimiento con rescisiones de los contratos.
La Contraloría constató que gran parte de las obras y rubros no estaban contemplados en los contratos originales y fueron incorporados mediante convenios modificatorios. Este mecanismo, lejos de ser excepcional, se convirtió en regla, en algunos casos, sin que existan documentos que justifiquen técnicamente los aumentos.
El costo total del acueducto (primera y segunda etapa) pasó de G. 512.029 millones a G. 652.990 millones al cierre de 2022, un aumento de más de G. 140.000 millones. Todo ello, sin que el objetivo central del proyecto —llevar agua potable a comunidades indígenas y poblaciones vulnerables— se haya cumplido.
Empresas sin visitas técnicas, fiscalización ignorada y advertencias desoídas
El informe también detecta que varias empresas adjudicadas no acreditaron haber realizado las visitas técnicas obligatorias exigidas en los pliegos de bases y condiciones. Estas visitas eran primordiales para que los oferentes conocieran el terreno, las condiciones operativas y el verdadero alcance de las obras.
La falta de estas constancias plantea serias dudas sobre la transparencia de los procesos licitatorios y la idoneidad de las ofertas presentadas. A ello se suma que, en al menos un caso, el MOPC firmó contratos antes de que venciera el plazo legal para la presentación de protestas, limitando el derecho de otros oferentes a impugnar la adjudicación (contrato de CDD Construcciones).
Un punto especialmente crítico es que el MOPC desoyó las recomendaciones de rescisión contractual formuladas en 2018 por la consultoría fiscalizadora del proyecto, contratada por G. 7.000 millones. Pese a los reiterados incumplimientos del Consorcio PS, la cartera de Obras Públicas optó por permitir la continuidad del contrato.
Esta decisión no solo contradijo cláusulas contractuales expresas, sino que vició el rol de la fiscalización externa, transformándola en un costoso trámite sin consecuencias reales.
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Traspaso irregular a la Essap
En 2020, el MOPC transfirió la administración del acueducto a la ESSAP S.A. sin que las obras estuvieran concluidas ni recibidas definitivamente, en violación del convenio de entrega y recepción. Esta maniobra generó un escenario de responsabilidades cruzadas, donde ninguna institución asume plenamente el estado actual del sistema.
La CGR advierte que esta irregularidad dificulta determinar quién debe responder por las fallas técnicas, el mantenimiento inexistente y la falta de abastecimiento de agua.
El informe de la Contraloría no deja dudas sobre el fracaso del Acueducto del Chaco como política pública. La obra no cumple su objetivo, los recursos se ejecutaron sin controles adecuados y las comunidades siguen esperando el agua prometida.
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La pelota queda ahora en la cancha de la Fiscalía, que deberá determinar si este cúmulo de irregularidades se traduce en hechos punibles o si, una vez más, el mayor fracaso de infraestructura del Chaco quedará atrapado en la impunidad administrativa. Mientras tanto, en el Chaco Central, el agua sigue sin llegar.
El agente fiscal de la Unidad Penal Nº 9, especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Lionel Piñánez García, está investigando una posible lesión de confianza y señaló que la Essap realizó reparaciones de la obra desde septiembre de 2024 y su rehabilitación parcial con capacidad reducida desde marzo de 2025.