El Gobierno del presidente Santiago Peña no da a conocer las cifras totales que adeuda a numerosas de empresas proveedoras del Estado, por productos y servicios recibidos en 2025.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconoció esta semana que existe una millonaria deuda con contratistas del Programa Hambre Cero, de Salud y de Obras Públicas, pero ayer, cuando ABC le pidió el detalle de estos compromisos, no se obtuvo respuesta.
No obstante, estos tres sectores afectados denunciaron públicamente la falta de pago y dieron a conocer las cifras que ellos manejan.
Tres sectores clave
El sector farmacéutico lidera el listado de acreedores del Estado, pues allí reclaman el pago de más de US$ 600 millones. La cifra, sin embargo, no es estática, pues la demanda de Salud de productos y servicios tiene un costo mensual de unos US$ 50 millones mientras la capacidad de pago está cerca de los US$ 25 millones.
De ahí que la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma) ya considera “insostenibles” esos niveles de endeudamiento, sobre todo considerando que se trata de un sector tan sensible como el de la salud.
La industria de la construcción es otra de las víctimas del incumplimiento estatal, en donde denuncian la inseguridad jurídica y el quiebre de compañías que ya no tienen espalda financiera para aguantar tantos meses de espera para recibir pagos por certificados de obras.
La Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) informó sobre la cifra extraoficial manejada (ya que el Ministerio de Obras Públicas, al igual que el MEF, tampoco publica la suma oficial), unos US$ 250 millones por la deuda de capital, más otros US$ 100 millones por los intereses acumulados.
A esto se suma el reclamo de las proveedoras del Programa Hambre Cero, que reclaman el pago de al menos US$ 100 millones por alimentos proveídos a lo largo del año pasado.
En total, solamente estos tres segmentos están denunciando la falta de pago de US$ 1.050 millones. Pero según empresarios de diversos sectores consultados, también habría deuda estatal con otros rubros de la economía.
Incumplieron ley pero no rinden cuentas
Con este escenario, el MEF dio a conocer días atrás el déficit fiscal del año 2025, del 2% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalentes a unos US$ 1.047 millones y, al mismo tiempo, reconoció que existen pagos pendientes que se dejaron para este 2026 (es decir que ni siquiera están contemplados en ese déficit “oficial”).
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Lo que significa que, oficialmente, el Gobierno reconoce que no pudo cumplir la meta de convergencia de 1,9% fijada por ley para el año pasado, aún con las millonarias deudas impagas.
Al respecto, el economista Jorge Garicoche señaló que, adicionalmente, ese 1,9% estaba proyectado sobre un PIB que se proyectaba crecer en 4%, pero el 2025 se cerró con una expansión del 6%.
“Aún así, con más puntos porcentuales de crecimiento (es decir una economía más grande), no hemos logrado contener ese déficit. Si el cálculo lo hiciésemos sobre el PIB con 4% proyectado, estamos incluso muy por encima”, explicó a ABC.
Gobierno repitió lo que criticó
Hasta el momento, las autoridades del MEF no han explicado cómo es posible incumplir abiertamente lo establecido en la ley de presupuesto -considerada “la ley más importante”-. Tampoco responde por qué este gobierno está haciendo lo mismo que criticó de la gestión del expresidente Mario Abdo Benítez, de endeudarse por encima de la posibilidad real de pago.
Al asumir el cargo hace dos años, Peña había pedido al Congreso replanificar el plan de convergencia fiscal, de modo a que en lugar de 2024, se posponga al 2026 el año para volver al tope de déficit establecido en la ley de responsabilidad fiscal, de 1,5% el PIB.
Pero si el año pasado no pudo cumplir el 1,9%, ¿cómo podrá el Gobierno llegar este año a un déficit de 1,5%?, ¿planea seguir con el millonario “bicicleteo” o volverá a pedir al Congreso extender el plan de converencia? Estas preguntas tampoco han respondido hasta ahora las autoridades económicas del país.
Se observa “deterioro de la institucionalidad”
“El déficit fiscal se cumple o no se cumple”, afirmó el diputado Mauricio Espínola (ANR Añetete), al momento de denunciar el “deterioro de la institucionalidad en el manejo de la economía paraguaya”.
Señaló que este año, el déficit se fijó en 1,9% del PIB y para intentar cumplirlo, el Gobierno “dejó de pagar deudas internas cercanas a 1.000 millones de dolares” pero que “ni aún así lo cumplió”.
El legislador consideró que “la situación no sería tragicómica, si los mismos actores que lo incumplieron no hubieran hecho todo el show mediático después de las elecciones del 2023”. El gobierno entrante denunció una millonaria deuda “heredada” que le impedía cumplir el plan original de convergencia fiscal.
Dijo que planteará este tema en la Comisión Permanente del Congreso para buscar una definición a esto que se repite todos los años y que deja en incertidumbre a empresas paraguayas que aportan al país.
Para Espínola, lo más preocupante es que si el Ministerio de Economía pretende restar importancia a estos incumplimientos, lo que hace es “confirmar el deterioro de la institucionalidad en el manejo de la economía paraguaya”.
“Habiendo gritado el gol de llegar al grado de inversión, producto de un trabajo de los últimos 20 años, sería penoso que lo perdamos por la irresponsabilidad de quien se autodefine su goleador”, puntualizó.