El proyecto de Ley de reforma de la deficitaria Caja de Jubilaciones del sector público, que está en estudio en el Congreso, sigue en el centro de los debates tanto a favor como en contra debido a los significativos cambios que se plantean en busca de sanear el fondo y garantizar las jubilaciones futuras.
Solo en el último año, el déficit de la Caja Fiscal trepó a US$ 380 millones y casi US$ 1.600 millones en la última década, diferencia que se viene financiando con recursos del Tesoro, o sea con impuestos de contribuyentes, de ahí la urgencia de esta postergada reforma.
En ese contexto, la Comisión Permanente del Congreso recibió ayer a representantes de asociaciones y agremiaciones de militares y policías en situación de retiro con el fin de escuchar sus inquietudes y sugerencias respecto al proyecto.
Uno de los puntos más sensibles que afecta al sector de las Fuerzas Públicas es la eliminación de la equiparación automática entre el salario del personal en actividad y los haberes de retiro. El Ejecutivo propone unificar los criterios para el cálculo de las jubilaciones, en base al promedio de las remuneraciones percibidas durante los últimos cinco años de servicios.
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Formación de entes autónomos
Sobre el punto, el Coronel Felipe Mercado, militar retirado y representante de la Coordinadora Estratégica Conjunta de Asociaciones Militares, señaló que esto es totalmente anticonstitucional. “Viola el artículo 103 de la Constitución Nacional, porque no prevé la formación de entes autárquicos, y eso por ahora es una posible violación” apuntó.
También indicó que la parte económica tampoco se ajusta a lo que debe ser. “Las inversiones rentables son insuficientes y afecta los derechos adquiridos no solamente de la fuerza pública, sino de todos los sectores del funcionariado público” dijo
Mercado manifestó que todos los funcionarios públicos tienen derecho a la actualización de sus haberes jubilatorios en igualdad de condiciones dispensadas al personal en actividad, a lo que manifestó que se deben formar entes autárquicos que administren los fondos jubilatorios. “Se debe crear fuentes rentables de ingreso que pueden cubrir todos los beneficios y proponemos que el aporte patronal estatal sea del 14% como mínimo″
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De un plumazo contra los logros gremiales
A su vez, Fermín de León Rojas, suboficial retirado y presidente de Asociación de padres de policías, considera injusto lo que plantea el Ejecutivo. Apuntó que es necesario revisar la Caja Fiscal, “pero no de esta manera criminal, como pretende el gobierno”. “Es un retroceso, todos los logros gremiales, todos los beneficios que hemos conseguido, ahora de un plumazo se quieren eliminar”, afirmó.
Mencionó que la Policía Nacional tiene un régimen de trabajo especial el cual no es contemplado en este plan. “Nosotros trabajamos de noche, trabajamos feriado, trabajamos 12 horas al día como mínimo. No se puede comparar con ningún otro trabajador”, apuntó.
Otro tema que genera conflicto es que ahora deberán llegar a 57 años para acceder a la jubilación. “Imagínense si yo paso de retirado a 45 años. A los 57 recién voy a cobrar mi jubilación. ¿Qué voy a comer durante 12 años? ¿Qué va a comer mi familia?. “No nos vamos a callar. Esto no vamos a aceptar y vamos a tomar medidas drásticas”, concluyó.
Otra parte de las críticas del sector se centraron especialmente en el bajo aporte del Estado como empleador. Jorge Duarte Duarte, presidente del Consejo Nacional de Exalcaldes, calificó de “burla” que el personal activo aporte hasta un 19%, mientras que el Estado contribuya apenas con un 3%.
En ese sentido, propuso elevar el aporte patronal al 14% como mínimo y mantener el aporte del personal en el 16%, en línea con el régimen del Instituto de Previsión Social (IPS). “No corresponde que seamos nosotros quienes paguemos las consecuencias de malas administraciones anteriores”, sostuvo.
Este planteamiento también coincide con los docentes que reclamaron un mayor aporte estatal en torno al 14%, además de reclamar las jubilaciones vip de los legisladores que no fueron incluidos en esta reforma de las jubilaciones.
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Presenta dudas jurídicas
Por su parte Abel Cañete, presidente del colegio de abogados de santa Rosa de Lima manifestó tras la reunión con los legisladores que el proyecto presenta varias inconsistencias que rozan la inconstitucionalidad, principalmente en lo que se refiere a los derechos adquiridos.
Mencionó que las derogaciones de varias leyes que detalla este proyecto pueden afectar los derechos adquiridos de los afectados.
“Actualmente para nosotros presenta esa duda, esa mala interpretación jurídica”, refirió el profesional.