El economista Jorge Garicoche calificó la reforma de la caja fiscal como un “primer gran paso” y el “comienzo del reequilibrio de las finanzas” en el sector público.
Agregó que esta medida es crucial ante la urgente situación de déficit del Sistema de Jubilaciones y Pensiones, que alcanzó los US$ 380 millones el año pasado, según lo reportó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Dicho déficit fue cubierto en parte con impuestos y, mayormente, con el superávit de otras cajas como la de administración civil, explicó el director de la consultora Mentu en una entrevista con nuestro diario.
El especialista indicó que el objetivo principal de la reforma es “contener el desangramiento fiscal” mediante la implementación de una edad mínima de retiro, una “reforma paramétrica importante”.
Proyectó que, de ser aprobada, la reforma lograría estabilizar el déficit de la caja en US$ 300 millones de forma “casi inmediata”, evitando así el déficit proyectado por el MEF de US$ 9.800 millones para los próximos diez años sin reformas. Esto, según Garicoche, es fundamental para no sacrificar inversiones públicas y en salud.
Inequidad, punto débil de la propuesta de reforma de la caja
Pese al apoyo a la urgencia financiera, el profesional fue enfático al señalar que la propuesta de ley no puede tener solo una “mirada de parchar el financiamiento”, sino que debe también atender a la “seguridad social” y la equidad entre los paraguayos.
Argumentó que es injusto que el superávit de la caja de funcionarios públicos de administración civil compense el déficit de otras cajas, poniendo en riesgo sus jubilaciones.
Subrayó, además, la disparidad en las edades de retiro, citando ejemplos donde policías y militares se jubilan en promedio a los 52 años, o incluso casos excepcionales a los 32, mientras que un trabajador asegurado en el Instituto de Previsión Social (IPS) debe hacerlo a los 60 o 62.
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Para corregir estas discrepancias, Garicoche sugirió dos ajustes puntuales al proyecto de ley.
El primer ajuste consiste en uniformar la fórmula para calcular el haber jubilatorio, proponiendo que se utilicen los últimos diez años de trabajo para todos los sectores. Con ello, se conseguiría una mayor equidad, según el economista.
Garicoche apuntó que la propuesta del Estado fija una base de cálculo de cinco años en general y de tres para los médicos, y comparó ese esquema con el del IPS, donde el cálculo se realiza sobre diez años.
El segundo ajuste planteado por el analista es establecer la edad mínima de jubilación entre 60 y 62 años para todos los trabajadores. Esto incluiría a los médicos, quienes según el esquema actual tendrían la posibilidad de jubilarse a los 55 años.
“Esto no es un enfrentamiento entre paraguayos. Al contrario es una cuestión de que apuntemos a una mayor equidad”, enfatizó, señalando que estos ajustes, en su opinión, darían “mayor legitimidad” al cambio.
La importancia de este proceso
Garicoche insistió en que esta reforma debe ser el primer paso de un proceso amplio de cambios.
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Afirmó que, una vez abordada esta urgencia, se debe encarar la situación de IPS y las Cajas Municipales, señalando que si no se logra el consenso en este punto crucial, no se podrá avanzar en los siguientes.
En cuanto al costo político, aseveró que no existe mejor momento que hoy, ya que la postergación solo aumentaría el costo financiero y, por ende, el desgaste político.
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Caja Parlamentaria: Ojo con posturas populistas
El economista advirtió que el debate sobre la Caja Parlamentaria requiere especial cautela, y cuestionó las posturas que proponen, sin más preámbulos, su eliminación.
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Señaló que los parlamentarios que ya se jubilaron adquirieron derechos que el Estado está obligado a seguir pagando, por lo que una eventual supresión de la caja no eliminaría el gasto, sino que simplemente trasladaría la carga a otra instancia.
“Cuidado con las decisiones que se vayan a tomar: si se elimina la Caja Parlamentaria, los beneficiarios que ya adquirieron derechos van a tener que seguir cobrando. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? De vuelta el Estado”, advirtió Garicoche.
Asimismo, rechazó la posibilidad de trasladar esas obligaciones al Instituto de Previsión Social (IPS), al considerar que sería aún más perjudicial, ya que se cargaría a otra caja con beneficiarios que nunca cotizaron en ese régimen.
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En lugar de medidas que calificó como “populistas”, planteó avanzar hacia una reformulación de la Caja Parlamentaria, con reglas más alineadas al resto del sistema previsional, como mayores años de aporte y una edad mínima de jubilación, advirtiendo que decisiones mal calibradas podrían “parchar por un lado y desangrar por otro” las finanzas públicas.