El exfuncionario técnico jubilado de Itaipú Binacional, Julio César Benítez Sosa, realizó un análisis en el que desglosa las complejidades del Acuerdo Operativo (AO) y su impacto en las finanzas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). El especialista detalla que, entre 2009 y 2021, la entidad fijó un presupuesto anual de US$ 3.291.012.000 destinado a amortizar totalmente el pasivo de la binacional. De ese monto, US$ 2.000.000.000 se dirigían exclusivamente a pagar la deuda.
Al deducir ese pasivo, el costo total para generar el 100% de la Energía Garantizada y los excedentes se reducía a US$ 1.291.012.000. Con una potencia anual de 145.620.000 Kw-mes y una Energía Garantizada anualmente de 75.134.520 Mwh, la tarifa de potencia oficial se estableció en US$ 22,60/Kw-mes, mientras que la tarifa de energía quedó en US$ 43,80/Mwh, vigentes hasta 2023.
El problema radicaba en que la demanda de potencia del Sistema Interconectado Nacional (SIN-PY) era ínfima en ese entonces. La tarifa oficial resultaba sumamente onerosa para la ANDE. Ante este escenario, el costo de energía excedente, fijado en aproximadamente US$ 5,69/Mwh —siete veces menos que la tarifa oficial—, se convirtió en la pieza clave para auxiliar las finanzas de la empresa estatal paraguaya.
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El origen de la tarifa preferencial
Para subsanar el inconveniente financiero, los negociadores determinaron la aplicación del Acuerdo Operativo. Este mecanismo permitió a la ANDE contratar potencia por aproximadamente el 70% de su demanda real al costo oficial de US$ 22,60/Kw-mes. El restante 30% se completaba con la energía excedente barata de US$ 5,69/Mwh.
Esta combinación de costos, conocida como el mix de compra, posibilitó que el ente estatal accediera a una tarifa preferencial ponderada de entre US$ 24, US$ 27 y US$ 29 por Mwh. El único año en que la ANDE abonó un monto elevado fue en 2016, alcanzando los US$ 32/Mwh, debido a que Itaipú batió su récord de generación con cerca de 103.000.000 Mwh.
Benítez Sosa explica que cada año, generalmente en octubre, las autoridades fijan la tarifa de potencia y de energía para el periodo siguiente, denominado año base. Estos acuerdos bilaterales incluyen planillas de cálculos con proyecciones a siete años, donde constan las reducciones presupuestarias conforme avanza la amortización de la deuda. Como ejemplo, cita el acuerdo de 2015 para el año base 2016, cuyas planillas acompañan al Costo Unitario del Servicio de Electricidad (CUSE) mediante resoluciones del Directorio y del Consejo de Administración.
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Los costos reales sin el peso de la deuda
Con la deuda completamente amortizada, el costo real de producción cae drásticamente. El análisis técnico indica que la tarifa de potencia real sin el componente del pasivo se sitúa en unos US$ 8,90/Kw-mes, mientras que la tarifa de energía real desciende a aproximadamente US$ 17,20/Mwh. Sin embargo, la central hidroeléctrica ingresó a una etapa de Actualización Tecnológica (AT) planificada a 14 años que requiere financiamiento.
Para cubrir este proceso, el analista calcula que el presupuesto ideal debe ser de US$ 1.456.200.000. Bajo esta premisa, la tarifa ideal de potencia sube a US$ 10/Kw-mes y la tarifa ideal de energía se acomoda en unos US$ 19,40/Mwh. Este escenario técnico debió aplicarse de manera regular a partir del año 2022.
Este presupuesto anual sin deuda ya incluye los compromisos legales de la binacional: el 12% por capital aportado para la ANDE y ENBPAR, las compensaciones por supervisión y control, los royalties para Paraguay y Brasil, y los gastos operativos, que contemplan los fondos socioambientales convencionales por US$ 150.000.000 divididos entre ambas márgenes.
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El impacto del acuerdo trienal actual
La conclusión del exfuncionario es que con una tarifa basada en el costo real de US$ 1.456.200.000, la ANDE ya no necesita el Acuerdo Operativo. El precio base resulta lo suficientemente beneficioso por sí solo. Además, con la mitad de ese presupuesto asignado a la margen paraguaya (US$ 728.100.000), el país puede contratar las 10 turbinas en 50 Hz —el 100% de la energía paraguaya— y retirar toda la potencia asociada, logrando un ahorro directo de unos US$ 200.000.000 en la compra de su demanda.
No obstante, Benítez Sosa advierte que el actual acuerdo tarifario trienal 2024/2025/2026, consensuado entre los gobiernos de Santiago Peña y Luiz Inácio Lula da Silva, perjudicó a la ANDE en aproximadamente US$ 308.000.000. Afirma que el pacto obligó al ente paraguayo a adquirir electricidad a una tarifa sobrefacturada, cuya diferencia se derivó para inflar el presupuesto de gastos sociales de la Itaipú Margen Derecha.
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Finalmente, el técnico jubilado defiende sus proyecciones y cuestiona las declaraciones recientes del exconsejero Eduardo Viedma en la sección económica de este diario. Sostiene que las posturas que minimizan el rol del Acuerdo Operativo demuestran un profundo desconocimiento técnico del sistema y corren el riesgo de distorsionar la percepción de la opinión pública sobre la soberanía energética del país.