El Gobierno de Santiago Peña, a través de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), avanza en la implementación de nuevas disposiciones que afectan las utilidades en reserva de las empresas.
Por un lado, se encuentra la Resolución N° 49/2026, que ya está en vigencia y, por el otro, se anunció un posible proyecto de ley que afectaría la forma en que las empresas manejan sus reservas.
Presión tributaria
En relación con estas iniciativas impulsadas por Tributación, la especialista tributaria Lilian María Torres sostuvo en conversación con ABC Color que la misma no necesariamente implicaría una forma indirecta de aumentar la presión tributaria.
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“Es importante entender que las utilidades están o estarán gravadas a corto o largo plazo por el IDU, que es el impuesto a la distribución de utilidades. El hecho de capitalizar o enviar a reservas estatutarias estas utilidades, en alguna medida, difiere el pago del impuesto, sin que esto implique una elusión de su pago, ya que se encuentra respaldado por leyes existentes, estatutos sociales y documentos generados al efecto”, refirió.
Con respecto a la reserva legal y la reserva de revalúo, sostuvo que ambas constituyen reservas obligatorias conforme a la Ley 6380/19 de “Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional” y la Ley 1034/83 “Del Comerciante”. “Entendemos que la DNIT quiere, de alguna manera, establecer reglas claras con respecto a las reservas facultativas que no se encuentran plenamente justificadas o claras, sin documentación de respaldo o destinos definidos, y que permanecen en el patrimonio de la empresa por tiempo indefinido”, acotó.
Preocupación por posible intervención estatal
Al ser consultada sobre cuál es la principal preocupación del sector en torno al proyecto impulsado por la DNIT, señaló que “el temor está centrado en una posible intervención del Estado sobre decisiones financieras de carácter privado”.
La especialista tributaria sostuvo que el interés de la DNIT está en generar un mayor control sobre aquellas reservas que podrían favorecer la elusión de impuestos o la postergación del pago del impuesto que grava la distribución de las utilidades.
¿Dividendos obligatorios o cambios en la estructura financiera?
Al ser consultada si esto llevará a que las empresas estén obligadas a distribuir dividendos o modificar su estructura financiera, sostuvo que no necesariamente ocurrirá de esa manera.
“Las empresas siempre tienen la manera de organizar y estructurar el aspecto financiero de su negocio aplicando las herramientas e instrumentos legales existentes, que les permiten tomar las mejores decisiones y dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias”, explicó.
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Reglas claras dan previsibilidad a negocios
En cuanto a si estos cambios impulsados por el Gobierno podrían afectar la confianza de los inversionistas y la imagen de Paraguay en el exterior, afirmó que las reglas claras dentro de cualquier actividad permiten establecer previsibilidad para los negocios.
“La imagen y estabilidad fiscal de Paraguay estarán dadas por el respeto a la Constitución, las leyes y el establecimiento de reglas claras que no impliquen la intromisión del Estado sobre las decisiones financieras y comerciales de las empresas privadas”, concluyó finalmente.