La introducción de mercaderías ilícitas en cargas legales, sin conocimiento del transportista, constituye uno de los principales riesgos para las empresas que operan en la hidrovía Paraná-Paraguay.
El abogado argentino Sebastián Quintana explicó que, ante estos casos, contar con protocolos de control y una cadena documental puede resultar clave para demostrar que la empresa actuó de buena fe.
Quintana, especialista en derecho penal y compliance, abordó esta problemática durante la capacitación “Plan Paraná y Responsabilidad Penal: Cómo proteger a la empresa y a sus directivos en la Hidrovía Paraná-Paraguay”, que se realizó este martes 29 de setiembre, a las 15:00, en la sede del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (CAFYM), en Asunción.
El abogado explicó en entrevista con ABC que a fines del año pasado el Gobierno argentino implementó el denominado Plan Paraná, un esquema que articula a distintas fuerzas de seguridad y organismos administrativos para combatir delitos transnacionales que utilizan la hidrovía.
El operativo involucra a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Unidad de Información Financiera (UIF), Aduana y Migraciones.
Contaminación de cargas: El problema de la responsabilidad
Según explicó Quintana, uno de los fenómenos que busca detectar este esquema es la denominada “contaminación de cargas”. El término hace referencia a la introducción de mercaderías ilícitas dentro de cargas legales transportadas por empresas que, en principio, desconocen la maniobra.
“Una persona o una organización criminal introduce mercadería ilícita dentro de la mercadería lícita que transportan las empresas que parten desde Paraguay”, explicó.
El especialista señaló que las organizaciones criminales desarrollan mecanismos para introducir esas mercaderías sin que necesariamente el transportista tenga conocimiento de lo que ocurre.
Uno de los principales riesgos para las empresas es que, cuando una carga ilícita es descubierta, la investigación penal puede comenzar a partir de un hecho objetivo: la mercadería prohibida fue encontrada dentro de una embarcación determinada.
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Quintana explicó que, en una primera etapa, la investigación puede no tener establecido si la empresa transportista conocía o desconocía la existencia de la carga ilegal.
“Las investigaciones que se dan en el fuero federal por contrabando, por narcotráfico, por trata de personas, por lavado de dinero, no saben desde un primer momento que la empresa que está haciendo ese transporte de buena fe no conocía”, señaló.
Como ejemplo, mencionó que ante el hallazgo de drogas en una barcaza, el primer dato objetivo para la investigación es que esa droga estaba siendo trasladada en una embarcación perteneciente a determinada empresa.
Por ello, consideró que el desafío para los transportistas no consiste únicamente en realizar controles, sino también en poder demostrar posteriormente qué medidas adoptaron para prevenir y detectar eventuales irregularidades.
Protocolos para documentar los controles
En este contexto, el especialista recomendó a las empresas implementar protocolos de actuación que permitan documentar los distintos controles realizados durante el proceso de transporte.
“Documentar tramo por tramo qué es lo que hace la empresa que transporta para controlar lo que lleva, hasta donde el conocimiento le permite”, explicó.
Según indicó, estas medidas tienen distintas fases y abarcan diferentes aspectos de la operación, pero adquieren especial importancia cuando se trata de contaminación de cargas dentro de contenedores.
La finalidad, sostuvo, no es garantizar que una empresa pueda eliminar completamente el riesgo, algo que consideró muy difícil, sino reducirlo y contar con elementos que permitan demostrar cómo actuó la compañía.
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“Controlar, documentar y después demostrar”, resumió
En caso de que se produzca una investigación, una cadena documental de los procedimientos adoptados podría servir para explicar ante la Justicia que la empresa actuó de buena fe y que era ajena a la actividad ilícita detectada en su carga.
Quintana explicó que el Plan Paraná fue establecido mediante una resolución del Ministerio de Seguridad de Argentina de diciembre de 2025 y comenzó a funcionar entre marzo y abril de este año.
El abogado aclaró que desconoce el número específico de causas iniciadas como consecuencia del operativo, debido a que el esquema tiene diferentes formas de intervención.
Por un lado, las fuerzas pueden realizar procedimientos concretos cuando reciben información sobre una posible carga ilícita. En esos casos, se interviene la embarcación, se realizan los controles correspondientes y, si se detectan elementos ilegales, se inicia la investigación judicial.
Quintana, quien dirige un estudio jurídico especializado en derecho penal en Resistencia, Chaco, y cuenta con formación en compliance penal y litigación penal, sostuvo que su enfoque busca combinar la prevención con la experiencia práctica de la defensa en procesos penales.