Los resultados muestran importantes diferencias. Países Bajos lideró la edición 2026 con 85,8 puntos; seguido por Dinamarca con 84,1; Islandia con 84; Singapur con 82; Israel con 81,9; y Australia con 80,6. Los seis obtuvieron una calificación A, correspondiente a sistemas con buenos resultados en prestaciones, sostenibilidad y gobernanza.
El informe advierte que no existe un único modelo previsional aplicable a todos los países. Sin embargo, entre las recomendaciones comunes aparecen una mayor cobertura, bases financieras más sólidas, mejor gobernanza y mecanismos que permitan adaptar los sistemas a poblaciones que viven más años.
En América Latina, Chile presentó el mejor resultado con 79,2 puntos y una calificación B+, frente a 76,6 en 2025. Le siguieron México con 71,2 puntos y Uruguay con 69,7. Colombia alcanzó 63,3 puntos; Panamá 62,0; República Dominicana, incorporada este año al índice, 61,4; Brasil 57,0; Perú 55,7 y Argentina quedó última entre las economías latinoamericanas analizadas con 43,7 puntos.
La comparación muestra que el desafío no consiste solamente en garantizar ingresos adecuados durante la jubilación. También importa la capacidad de financiar esos beneficios a largo plazo, especialmente ante el envejecimiento de la población y los cambios en la estructura del empleo.
Lea más: Cartera de préstamos del IPS creció el 6,8% y alcanzó G. 3,48 billones
Paraguay no se encuentra entre los 55 sistemas incluidos en el índice 2026. Por ello, no corresponde ubicarlo dentro del ranking regional. Sin embargo, los criterios utilizados permiten analizar algunos desafíos del sistema previsional paraguayo, particularmente del sector privado, cuya principal institución de seguridad social es el Instituto de Previsión Social (IPS).
Los datos oficiales muestran una expansión de la cantidad de cotizantes en el último año. La población protegida por el IPS creció 6,6% interanual entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, al pasar de 1.657.592 a 1.766.768 personas, con una incorporación neta de 109.176 personas.
Asunción y Central mantienen cerca de tres cuartas partes de la cobertura, aunque varios departamentos del interior registraron mayores tasas de expansión. Alto Paraná aumentó 10,7% de 137.233 a 151.931 personas. Caaguazú avanzó 15,1% de 30.976 a 35.654 personas. También destacaron Canindeyú (15,7%), Alto Paraguay (15,1%), Cordillera (10,9%) y Paraguarí (10,2%), reflejando una ampliación territorial del empleo formal.
La expansión del número de asegurados representa una señal favorable, pero el alcance del sistema continúa condicionado por la estructura del mercado laboral. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2.765.982 ocupados no agropecuarios registrados en Paraguay durante 2025, 1.663.276 se encontraban en situación de informalidad. Esto equivale al 60,1% del total.
El vínculo con el sistema previsional es directo. El INE considera informales a los trabajadores dependientes que no realizan aportes a un sistema de jubilación o pensión. En el caso de los independientes, la clasificación considera, entre otros elementos, su inscripción tributaria. La informalidad alcanzó 73,5% entre quienes trabajaban en microempresas y llegó a 79,8% entre los asalariados que percibían menos de un salario mínimo.
Por lo tanto, una parte considerable de la población ocupada en Paraguay continúa fuera de los mecanismos contributivos que permiten construir derechos jubilatorios. Esta situación reduce la cobertura efectiva y puede provocar que numerosos trabajadores lleguen a la edad de retiro sin una trayectoria suficiente de aportes.
Lea más: Censo de jubilados de manera presencial: IPS anuncia jornada de asistencia en Asunción
La experiencia internacional deja así una señal relevante para Paraguay. El desafío previsional del sector privado no pasa únicamente por cuánto aportan trabajadores y empresas, sino por cuántas personas logran ingresar y permanecer dentro del sistema. Con 1.663.276 ocupados informales no agropecuarios en 2025, ampliar la formalización y la cobertura contributiva aparece como una de las principales condiciones para fortalecer la protección de los futuros jubilados y la sostenibilidad previsional de largo plazo.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.