La semana última se desarrolló en Asunción el debate titulado “Presupuesto y sostenibilidad fiscal”, bajo la moderación del Dr. Manuel Ferreira. La mesa contó con las exposiciones del exministro de Hacienda César Barreto; el viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Marco Elizeche; y la viceministra de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Teodora Recalde.
Durante el encuentro, en el marco del sexto Foro y Exposición de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), se analizó la rigidez presupuestaria derivada de los gastos corrientes y su impacto sobre el financiamiento de la infraestructura física.
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Al introducir la discusión, Manuel Ferreira detalló cómo se fueron flexibilizando las metas fiscales tras la sequía de 2019 y la emergencia por la pandemia de COVID-19, período en que el déficit alcanzó un pico del 6,1% del Producto Interno Bruto (PIB).
Ferreira explicó que, tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la revisión realizada por el Gobierno al asumir en 2023 —cuando se detectaron deudas pendientes con constructoras y farmacéuticas por unos 600 millones de dólares—, la convergencia al 1,5% se postergó al 2026 y luego, al 2028.
Sin embargo, para 2026 se estima un déficit del 3,2% y para 2027 una cifra cercana al 3,9%.
Frente a este escenario, César Barreto fue categórico respecto a la imposibilidad de cumplir los plazos proyectados. “El déficit del 1,5% es absolutamente inviable para el 2028; le digo ya hoy es absolutamente inviable, a no ser que haga un recorte de la ejecución de inversiones brutal que yo creo que no es posible por los compromisos ya asumidos con los contratos de obras públicas”, aseveró Barreto.
El exministro remarcó que, aun considerando una inversión pública mínima del 1,5% del PIB, “el déficit fiscal estructural está alrededor del 3% para los próximos años”.
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Barreto sostuvo que esta rigidez obedece a que en los últimos años se asumieron compromisos de gastos rígidos basándose en proyecciones de recaudación excesivamente optimistas.
Explicó que forzar un retorno acelerado al techo del 1,5% mediante la postergación de pagos a proveedores solo termina ahogando la inversión física e incrementando los pasivos del Estado. Por ello, abogó por sincerar la legislación fiscal mediante un nuevo consenso institucional.
“No vamos a poder retornar ya por un período de por lo menos una década a ese déficit de 1,5% porque no es posible. Necesitamos encontrar alguna ley de responsabilidad fiscal distinta en una nueva versión de aquí en adelante”, sostuvo Barreto.
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Tope fiscal de -2,5%, pero con esta condición
En esa línea, sugirió fijar un techo de déficit estructural cercano al 2,5%, pero condicionado a reglas severas sobre el gasto operativo. “Sí tenemos que meter a los políticos en general la conciencia de que los recursos son muy escasos y mucha disciplina, especialmente en los gastos corrientes. Gastos corrientes no se financian con deuda; ese es el problema que vamos a tener ahora”, resaltó.
El analista alertó además sobre la expansión indiscriminada de los programas de transferencias sociales en detrimento del capital productivo. “Nuestro país, en el nivel de desarrollo que está hoy, necesita invertir en infraestructura, en educación y en salud. Todos los recursos adicionales que tengamos tenemos que destinarlos allí, no en programas de transferencia. Si nos anticipamos en asignar recursos grandes a transferencias, vamos a caer en la trampa en la que cayeron nuestros vecinos”, puntualizó.
Por su parte, el Dr. Manuel Ferreira coincidió con la imperiosa necesidad de frenar el crecimiento inercial del gasto rígido para evitar un eventual aumento en la presión tributaria. “Al político le gusta repartir plata, pero si no frenamos esa urgencia, el ministro de Hacienda del gobierno que venga va a decir: ‘Subamos el IVA al 15% y solucionamos los problemas’. En realidad soluciona el problema por ese gobierno, pero no se frena el gasto”, dijo.
Fondos alternativos para las obras públicas
A su turno, Marco Elizeche, viceministro de Administración y Finanzas del MOPC, expuso la evolución histórica del presupuesto de obras. Precisó que la ejecución del nivel 500 para infraestructura promediaba 400 millones de dólares entre 2015 y 2018, y escaló a casi 1.000 millones en la pandemia. Actualmente se sitúa en un promedio de 600 millones de dólares anuales.
Detalló que de los 3.000 millones de dólares en contratos en ejecución, un 70% depende directamente de la vía presupuestaria tradicional. “La estructura fiscal actual con los incrementos que hubo en programas sociales va a ser cada vez más restringida y la primera válvula de escape es la inversión”, advirtió Elizeche.
Ante esta limitación, el viceministro enfatizó la urgencia de migrar hacia esquemas de Alianzas Público-Privadas (APP), concesiones y la creación de fondos específicos nutridos por tasas de peaje. “En otros países se instala siempre la premisa de que el que usa la infraestructura es el que paga. Nosotros tenemos solo 15 peajes para 15.000 kilómetros de rutas asfaltadas; hace falta analizar la filosofía de cómo financiamos la infraestructura”, apuntó.
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Desde el MEF, la viceministra Teodora Recalde defendió los esfuerzos del Gobierno por mantener la viabilidad financiera mientras se atienden las demandas sociales. Informó que el Proyecto de Presupuesto prevé 9,2 billones de guaraníes (US$ 1.424 millones al tipo de cambio proyectado en el PGN 2027, de 6.458 por dólar) para el MOPC, asignando unos 6,2 billones de guaraníes a la inversión física (US$ 960 millones) —financiada en un 50% con organismos multilaterales y 50% con bonos del Tesoro—.
“Es una situación compleja y debemos seguir avanzando en la línea de honrar los compromisos, pero eso no implica dejar de invertir”, afirmó Recalde. Agregó que desde el MEF se trabaja en un Plan Nacional de Inversiones para otorgar previsibilidad al sector privado y estructurar una hoja de ruta sostenible para las obras públicas.
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¿Es posible un modelo previsible de inversión pública?
En el tramo final del panel, los expositores coincidieron en que Paraguay atraviesa un punto de inflexión que exige diseñar un nuevo marco de financiamiento antes de que el espacio fiscal de endeudamiento se agote por completo.
Barreto cerró reiterando que la estabilidad macroeconómica dependerá de la disciplina con que se administren las cuentas públicas. “Si no corregimos esto, la capacidad de inversión se va a destruir. Necesitamos un modelo con consenso donde el gasto corriente no se financie con deuda y se proteja la infraestructura para sostener un crecimiento económico del 4%”, puntualizó.