El Ministerio del Interior anunció pero no auditó la gestión de representante en la Conajzar

El Ministerio del Interior, dirigida por Arnaldo Giuzzio, hace dos meses anunció que se encontraba realizando una auditoría a la gestión de su representante en Conajzar, Omar Mongelós. Ahora, consultado sobre los resultados, se pudo saber que tal investigación no existe a pesar de que la CGR, recordemos, detectó numerosas irregularidades.

Tragamonedas "legalizadas" por iCrop se encuentran en calle, al alcance de los niños y adolescentes, a pesar de que normativas vigentes lo prohíben. La "regularzación" de identifica con las calcomanías colocadas por la empresa (en circulo).
Tragamonedas "legalizadas" por iCrop se encuentran en calle, al alcance de los niños y adolescentes, a pesar de que normativas vigentes lo prohíben. La "regularzación" de identifica con las calcomanías colocadas por la empresa (en circulo).Archivo, ABC Color

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A fines de setiembre, el Ministerio del Interior (MI), dirigido por Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez, según la respuesta al expediente N° 47.098 de Acceso a la Información Pública (AIP), se encontraba investigando la gestión de su representante, con voz y voto, ante la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Omar Rodrigo Mongelós González, porque rubricó la cuestionada Resolución N° 34/2020 de esta comisión, presidida por José Antonio Ortíz Báez. Según la respuesta la cartera de Estado analizaba sus actuaciones, sus ocupaciones y el manual de funciones para su manejo.

Sin embargo, dos meses después, mediante la misma herramienta (EXP. N° 49.468), el 25 de noviembre último, se respondió que no existe investigación al respecto. Se intentó conversar con el ministro y éste pidió que a través de la oficina de prensa gestionemos una entrevista para hoy.

Facsímil de la respuesta del Ministerio de Interior, de setiembre, donde como una observación reporta que la cartera estatal está investigando a su representante.
Facsímil de la respuesta del Ministerio de Interior, de setiembre, donde como una observación reporta que la cartera estatal está investigando a su representante.

La resolución “regulariza” el uso de tragamonedas en sitios no exclusivos de juegos de azar, tales como despensas, bodegas y otros locales de libre concurrencia. La medida fue analizada y calificada de ilegal por la Contraloría y la Secretaria Anticorrupción porque viola lo dispuesto en la Ley N° 1016/987 del Régimen de Juegos de Azar y el Decreto N° 3083/15.

Pese a la contundencia de esos dictámenes, Conajzar mantiene vigente el contrato con la firma que se encarga de esas gestiones, iCrop SA, de la cual son accionistas Lucy Sy, de nacionalidad china taiwanesa, y Lilian Beatriz Vera de Qiu, según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

Facsímil de la respuesta de Interior  de días atrás, con relación a la auditoría anunciada a Omar Mongelós, y afirmó que no existe.
Facsímil de la respuesta de Interior de días atrás, con relación a la auditoría anunciada a Omar Mongelós, y afirmó que no existe.

Los demás integrantes de Conajzar. también responsables de la medida cuestionada, son la titular de la Dirección de Beneficencia y Asistencia Social (Diben), Carmen Alonso, y los representantes de las gobernaciones y municipalidades, Rubén Antonio Roussillón Blaire y Ricardo Núñez Giménez (hermano del diputado Basilio “Bachi” Núñez), respectivamente. Todos son designados por el presidente Mario Abdo Benítez.

Lucy Sy, de nacionalidad china taiwanesa, accionista de iCrop SA. La empresa se encarga de "legalizar" tragamonedas en locales comerciales de libre acceso del país.
Lucy Sy, de nacionalidad china taiwanesa, accionista de iCrop SA. La empresa se encarga de "legalizar" tragamonedas en locales comerciales de libre acceso del país.

“Legalización” sin plan

La legalización de tragamonedas en las calles no contempla un plan de combate al lavado de dinero, conforme a explicaciones dadas por los responsables. El Ejecutivo sigue apoyando a la directiva de Conajzar incluso a pesar de los críticas de la falta de control del flujo de dinero en el rubro de juegos de azar.

Esta situación tendría impacto en el informe de evaluación del Grupo Financiero de Latinoamérica (Gafilat), cuya comitiva estuvo meses atrás en el país evaluando la eficiencia del combate de nuestra normativa.

El Senado denunció ante Fiscalía que el plan de "legalización" de tragamonedas es una estructura para obtención ilícita de recursos y lavado de dinero. El 70% de lo recaudado queda en el sector privado.
El Senado denunció ante Fiscalía que el plan de "legalización" de tragamonedas es una estructura para obtención ilícita de recursos y lavado de dinero. El 70% de lo recaudado queda en el sector privado.

Tratarán proyecto de ley “sin clima”

En la última sesión de la Cámara de Diputados, el diputado Basilio Núñez hizo una moción de preferencia para el tratamiento del proyecto de ley de regulación de juegos de azar con el fin de considerarlo dentro 15 días, que llevaría al proyecto a sesión plenaria una propuesta que implicaría una importante modificación en la legislación actual.

Se intentó conocer el fundamento de su iniciativa y se comprometió a dar explicaciones la próxima semana. En el sector privado calificaron el proyecto como desordenado y que no atiende cuestiones de fondo.

Resumen de las críticas de los empresarios de juegos de azar al proyecto de José Ortiz.
Resumen de las críticas de los empresarios de juegos de azar al proyecto de José Ortiz.

Consultado al respecto, Javier Balbuena, expresidente de Conajzar y asesor legal del rubro, opinó que es necesaria una nueva ley, ya que la vigente data del 1997. Su argumento principal es que se otorgue a la institución reguladora de juegos de azar las herramientas jurídicas, técnicas y presupuestarias necesarias para el desarrollo de su rol. Recordó que la discusión data del 2017 y que presentó una propuesta en 2019.

Sin embargo, admitió que el ambiente, en estos momentos, no es “saludable”. “Hubiese sido mejor que esta posibilidad de aprobación de la ley se desarrolle en un momento mucho mejor”, dijo.

Agregó que no se puede desconocer que la Conajzar no goza de buena salud institucional, se le ha puntuado con cero en transparencia, es criticada por no responder a las necesidades de los concesionarios y, peor aún, mantiene vigente una resolución que fue calificada como ilegal por la Contraloría General de la República (CGR) y la Secretaria Anticorrupción (Senac), inclusive cuestionada por la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci). “Parece un gran despropósito dotarle a una institución de herramientas que mal utilizadas podrían potenciar los flagelos que le rodea”, concluyó.

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