A fines de setiembre, el Ministerio del Interior (MI), dirigido por Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez, según la respuesta al expediente N° 47.098 de Acceso a la Información Pública (AIP), se encontraba investigando la gestión de su representante, con voz y voto, ante la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Omar Rodrigo Mongelós González, porque rubricó la cuestionada Resolución N° 34/2020 de esta comisión, presidida por José Antonio Ortíz Báez. Según la respuesta la cartera de Estado analizaba sus actuaciones, sus ocupaciones y el manual de funciones para su manejo.
Sin embargo, dos meses después, mediante la misma herramienta (EXP. N° 49.468), el 25 de noviembre último, se respondió que no existe investigación al respecto. Se intentó conversar con el ministro y éste pidió que a través de la oficina de prensa gestionemos una entrevista para hoy.
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La resolución “regulariza” el uso de tragamonedas en sitios no exclusivos de juegos de azar, tales como despensas, bodegas y otros locales de libre concurrencia. La medida fue analizada y calificada de ilegal por la Contraloría y la Secretaria Anticorrupción porque viola lo dispuesto en la Ley N° 1016/987 del Régimen de Juegos de Azar y el Decreto N° 3083/15.
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Pese a la contundencia de esos dictámenes, Conajzar mantiene vigente el contrato con la firma que se encarga de esas gestiones, iCrop SA, de la cual son accionistas Lucy Sy, de nacionalidad china taiwanesa, y Lilian Beatriz Vera de Qiu, según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).
Los demás integrantes de Conajzar. también responsables de la medida cuestionada, son la titular de la Dirección de Beneficencia y Asistencia Social (Diben), Carmen Alonso, y los representantes de las gobernaciones y municipalidades, Rubén Antonio Roussillón Blaire y Ricardo Núñez Giménez (hermano del diputado Basilio “Bachi” Núñez), respectivamente. Todos son designados por el presidente Mario Abdo Benítez.
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“Legalización” sin plan
La legalización de tragamonedas en las calles no contempla un plan de combate al lavado de dinero, conforme a explicaciones dadas por los responsables. El Ejecutivo sigue apoyando a la directiva de Conajzar incluso a pesar de los críticas de la falta de control del flujo de dinero en el rubro de juegos de azar.
Esta situación tendría impacto en el informe de evaluación del Grupo Financiero de Latinoamérica (Gafilat), cuya comitiva estuvo meses atrás en el país evaluando la eficiencia del combate de nuestra normativa.
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Tratarán proyecto de ley “sin clima”
En la última sesión de la Cámara de Diputados, el diputado Basilio Núñez hizo una moción de preferencia para el tratamiento del proyecto de ley de regulación de juegos de azar con el fin de considerarlo dentro 15 días, que llevaría al proyecto a sesión plenaria una propuesta que implicaría una importante modificación en la legislación actual.
Se intentó conocer el fundamento de su iniciativa y se comprometió a dar explicaciones la próxima semana. En el sector privado calificaron el proyecto como desordenado y que no atiende cuestiones de fondo.
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Consultado al respecto, Javier Balbuena, expresidente de Conajzar y asesor legal del rubro, opinó que es necesaria una nueva ley, ya que la vigente data del 1997. Su argumento principal es que se otorgue a la institución reguladora de juegos de azar las herramientas jurídicas, técnicas y presupuestarias necesarias para el desarrollo de su rol. Recordó que la discusión data del 2017 y que presentó una propuesta en 2019.
Sin embargo, admitió que el ambiente, en estos momentos, no es “saludable”. “Hubiese sido mejor que esta posibilidad de aprobación de la ley se desarrolle en un momento mucho mejor”, dijo.
Agregó que no se puede desconocer que la Conajzar no goza de buena salud institucional, se le ha puntuado con cero en transparencia, es criticada por no responder a las necesidades de los concesionarios y, peor aún, mantiene vigente una resolución que fue calificada como ilegal por la Contraloría General de la República (CGR) y la Secretaria Anticorrupción (Senac), inclusive cuestionada por la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci). “Parece un gran despropósito dotarle a una institución de herramientas que mal utilizadas podrían potenciar los flagelos que le rodea”, concluyó.
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