Joven que se habría prestado para extorsionar a conductor de Bolt, seguirá en prisión

Una jueza penal de garantías mantuvo la prisión preventiva que pesa sobre Víctor Manuel Dávalos, imputado por extorsión y privación de libertad, quien supuestamente actuó en connivencia con policías para “apretar” a un conductor de Bolt y Uber al que “plantaron” droga.

Víctor Manuel Dávalos, capturado en Fernando de la Mora e imputado como cómplice de extorsión.
El joven fue capturado en Fernando de la Mora e imputado como cómplice de extorsión.

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La jueza penal de garantías N° 1 Abg. Clara Ruiz Díaz Parris por medio del Auto Interlocutorio N° 281 del 14 de febrero de 2024, mantuvo la prisión preventiva de Víctor Manuel Dávalos (25), imputado por extorsión y privación de libertad del conductor de las plataformas Uber y Bolt Juan Guillermo Aranda Gómez (62), a quien, junto a tres policías, supuestamente le despojaron de G. 3 millones para “solucionar” un supuesto hallazgo de drogas en su vehículo.

La causa penal está caratulada “Alejandro Carlos Eduardo Rocca Osorio y otros s/ privación de libertad y otros”, Expediente N° 01-2024.

Defensa pidió medida menos gravosa en caso de extorsión

La abogada María Fernanda Laíno, en representación del encausado Víctor Manuel Dávalos, quien se encuentra con prisión preventiva por Auto Interlocutorio (AI) N° 167 de fecha 01 de febrero del 2024 dictado por la jueza Ruiz Diaz Parris, solicitó medidas menos gravosa como el arresto domiciliario.

La defensora alegó que su cliente cuenta con arraigo suficiente en el domicilio de su madre, cuya constancia de vida y residencia se halla agregada en el expediente. También sostuvo que el imputado cuenta con trabajo estable en el lavadero Boquerón Car Wash.

La defensora también agregó un certificado de Educación general básica, como así también aseguró ha aprobado el segundo ciclo de la educación básica bilingüe para personas jóvenes y adultas.

Ministerio Público ratificó pedido de prisión

El representante de la Fiscalía sostuvo que al momento de formular la imputación respecto a Víctor Manuel Dávalos, fundó su pretensión de prisión preventiva, en atención a la concurrencia conjunta de los presupuestos del art. 242 (peligro de fuga y obstrucción).

El Ministerio Público reconoció que el marco penal de los delitos atribuidos no tienen expectativa elevada, pero explicó que la gravedad de los hechos giran en torno a una presunta confabulación previa del imputado Dávalos con agentes del orden público, quienes también se encuentran procesados en esta causa.

Las investigaciones se encuentran en fase inicial e incipiente, pendiente de diligencias cruciales para el esclarecimiento de la verdad histórica, como son la convocatoria a declaración testifical de varias personas que habrían presenciado el hecho y además se deben realizar operaciones de rigor técnico referentes a extracción de datos de aparatos electrónicos que por la complejidad de lo investigado son imperativamente necesarias para la investigación.

Finalmente, el Ministerio Público concluye que las fundamentaciones que sirvieron para decretar la prisión preventiva de Víctor Dávalos, no han variado, por lo que no existe mérito para su modificación.

Análisis del juzgado para rechazar la aplicación de medidas

La jueza Clara Ruiz Diaz Parris, reconoce que la defensa ha acreditado que el imputado posee arraigo suficiente dentro del territorio nacional y cuenta con títulos que avalen su formación académica. No obstante, -sostuvo. hay que tener en cuenta que el titular de la acción penal que lleva a cabo la investigación, ha justificado acabadamente la existencia del peligro procesal de obstrucción se encuentra latente. Hay actos investigativos pendientes de realización como las declaraciones testificales, indicó.

De igual manera, ante esta diligencia pendiente, se puede ejercer influencia en los testigos para que estos se comporten de manera desleal para que pueda variar la investigación. Por ello, la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva deviene necesaria conforme a las diligencias pendientes en la tramitación de la presente causa, alegó la magistrada.

Antecedentes del presunto “apriete”

El 31 de enero de 2014, el fiscal de Crimen Organizado, Alejandro Cardozo, imputó por extorsión y privación ilegítima de libertad al joven Víctor Manuel Dávalos (25) quien pidió un viaje a un chofer de las plataformas Bolt y Uber para supuestamente entregarlo a tres policías que aparentemente le “plantaron” drogas para sacarle dinero.

Dávalos fue imputado en carácter de cómplice de los policías Cristhian Fabián Rodríguez (34), Marcelo Barrios (30) y Alejandro Carlos Eduardo Rocca Osorio (27), todos de la comisaría 2ª de Asunción, quienes están procesados por los mismos hechos, pero como autores.

Los agentes se hallan recluidos en la Agrupación Especializada desde el 24 de enero pasado, cuando fueron detenidos en su propia unidad tras ser denunciados por el chofer de Bolt Juan Guillermo Aranda Gómez (62).

La víctima declaró ante la Policía que el 31 de diciembre pasado fue contratado por el ahora arrestado Víctor Manuel Dávalos para un viaje de Fernando de la Mora a Sajonia.

La denuncia refiere que cuando llegaron al citado barrio capitalino, el móvil de Aranda fue interceptado por una patrullera de la Policía, en la que estaban los agentes Barrios y Rocca, quienes supuestamente “plantaron” drogas en el vehículo de la víctima, con lo que lo obligaron a ir a la comisaría 2ª, donde a su vez se sumó a la trama el agente Rodríguez.

Siempre según la denuncia del conductor de Bolt y Uber, los uniformados le sacaron unos G. 3 millones y luego lo liberaron.

Policías “apretadores” habrían sido extorsionados

Tras ser detenidos e imputados por extorsión, los tres policías de la comisaría 2ª de Asunción le hicieron saber al fiscal de Antisecuestro Abg. Federico Delfino, que también fueron extorsionados supuestamente por su propios funcionarios de su Fiscalía y por un grupo de abogados, quienes les habrían exigido G. 150 millones para “solucionar” el caso.

Ante esto, el fiscal Delfino se apartó de la causa y denunció a sus funcionarios de la supuesta extorsión a los policías.

En su denuncia, que llegó al fiscal general del Estado, el fiscal de Antisecuestro citó a su propio funcionario, José Ramón Cárdenas Martínez (32), quien ocupaba el cargo de técnico en la unidad fiscal interviniente, y a los abogados Miguel Arturo Insaurralde Rivas (35) y Omar Arístides Peña Mora (52).

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