Se trata de Víctor Manuel Dávalos, de 25 años, quien fue arrestado el martes último por policías del departamento Antisecuestro en la zona sur de Fernando de la Mora, en el marco de la investigación abierta por un supuesto caso de extorsión denunciado por un chofer de Bolt.
El joven fue imputado en carácter de cómplice de los policías Cristhian Fabián Rodríguez (34), Marcelo Barrios (30) y Alejandro Carlos Eduardo Rocca Osorio (27), todos de la comisaría 2ª de Asunción, quienes están procesados por los mismos hechos, pero como autores.
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Los agentes se hallan recluidos en la Agrupación Especializada desde el 24 de enero pasado, cuando fueron detenidos en su propia unidad tras ser denunciados por el chofer de Bolt Juan Guillermo Aranda Gómez (62).
Este declaró ante la Policía que el 31 de diciembre pasado fue contratado por el ahora arrestado Víctor Manuel Dávalos para un viaje de Fernando de la Mora a Sajonia.
Cuando llegaron al citado barrio capitalino, el móvil de Aranda fue interceptado por un patrullera de la Policía, en la que estaban los agentes Barrios y Rocca, quienes supuestamente “plantaron” drogas en el vehículo de la víctima, con lo que lo obligaron a ir a la comisaría 2ª, donde a su vez se sumó a la trama el agente Rodríguez.
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Siempre según la denuncia del conductor de Bolt y Uber, los uniformados le sacaron unos G. 3 millones y luego lo liberaron.
Policías denunciados por extorsión ¿también fueron apretados?
Tras ser detenidos e imputados por extorsión, los tres policías de la comisaría 2ª de Asunción le contaron al fiscal de Antisecuestro, Federico Delfino, que también fueron extorsionados supuestamente por los propios funcionarios de la Fiscalía y por un grupo de abogados, quienes habrían exigido G. 150 millones para “solucionar” el caso.
Ante esto, el fiscal Delfino se apartó de la causa y denunció la supuesta extorsión a los policías.
En su denuncia, que llegó al fiscal general del Estado, el fiscal de Antisecuestro citó a su propio funcionario, José Ramón Cárdenas Martínez (32), quien ostentaba el cargo de técnico en la unidad fiscal interviniente, y a los abogados Miguel Arturo Insaurralde Rivas (35) y Omar Arístides Peña Mora (52).
Este último, en declaraciones al programa Crimen y Castigo de ABC TV, negó su participación en el caso y denunció que su colega Insaurralde nunca le pidió permiso para consignar su nombre en los documentos que supuestamente se usaron para intentar sacar plata a los policías imputados.
La abogada Livia Jiménez, en representación de su colega Insaurralde, también habló en el programa Crimen y Castigo y dijo que Peña nunca se quejó ante ellos de que su nombre haya sido colocado en los documentos que ahora son evidencia de la Fiscalía en este caso de aparente doble apriete.