La Junta Municipal de Asunción aprobó en su última sesión ordinaria, un pedido de informe al intendente, Luis Bello (ANR-cartista) sobre cuál será el proceso de “blindaje” de más de 4.000 jornaleros, aprobado con la ordenanza de presupuesto 2026-2028.
La concejala Rosanna Rolón (ANR-independiente), promotora del pedido, solicitó que el intendente informe “cuáles son los trámites que se están haciendo, el análisis y la evaluación para poder sostener esa situación”.
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La edil enfatizó que la ordenanza aprobada “deviene de una ley -7445/25, del Servicio Civil-, pero que todavía no tiene una reglamentación” y recordó la autonomía municipal. “Todo eso debe también reflexionarse, debe analizarse jurídicamente para que los derechos adquiridos no sean violados”, expresó.
El concejal Humberto Blasco (PLRA) recordó que, a instancias de la Comisión de Hacienda de la Junta, se encomendó a la Intendencia que solicite al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un dictamen vinculante que determine “la dinámica presupuestaria, contable y administrativa” para llevar adelante el proceso.
Irretroactividad de la ley
El concejal Blasco lamentó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no haya emitido una medida cautelar de urgencia contra la Ley del Servicio Civil, que hubiera impedido, “como corresponde, su implementación con carácter retroactivo”. La norma continúa en vigencia plena, afectando a trabajadores a los que les faltan uno, dos o tres años para jubilarse, por citar los más graves".
Blasco afirmó que en la ordenanza consta que quienes pasen de jornaleros a nombrados mantendrán sus antigüedades y aportes al Instituto de Previsión Social (IPS), pero si no se tiene en breve un dictamen del MEF, la comuna estará en un aprieto a partir del 1 de enero.
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“El intendente tendrá que ordenar los pagos. Y cómo los va a ordenar contra la ley; apoyándose en nuestra convicción de que no se puede aplicar de carácter retroactivo, o con un documento del Ministerio de Economía que le señale cuál es el mecanismo de transición”, planteó el edil.
Blasco enfatizó que lo correcto debería ser, “como dice la Constitución Nacional”, que la ley “rija para el futuro, para los que ingresan ahora al servicio civil”. Remarcó que desde su banca alertó que la aprobación de la ley en las condiciones en las que se dio, acarrearía este tipo de complicaciones, pero que lastimosamente “no fueron escuchados”.
Concurso interno, defiende concejal
El concejal Miguel Sosa (ANR-cartista), presidente de la Comisión de Hacienda de la Junta Municipal, defendió la intención de que los jornaleros sean sometidos a un concurso “interno” para pasar a ser funcionarios permanentes, manteniendo sus “mismos cargos y salarios como personal nombrado”.
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El edil envió un mensaje de “tranquilidad” a los funcionarios, asegurándoles que irán pasando gradualmente, “pero sin perder sus aportes a IPS, la atención médica, ni su antigüedad, ni mucho menos ir a aportar en la Caja (Municipal)”.
Sosa remarcó que recibió el compromiso del director de Asuntos Jurídicos, Jorge Sabaté, quien le prometió que en dos semanas más, su equipo tendría lista la reglamentación de la ordenanza.
El blindaje
En la sesión del 30 de noviembre, una mayoría ínfima de 10 concejales aprobó el presupuesto “plurianual” 2026-2028, a instancias del intendente Luis Bello. La norma incluía el “blindaje” de más de 4.000 jornaleros, que a partir del 2026 pasarán a convertirse en funcionarios permanentes, manteniendo “sus mismos cargos y salarios como personal nombrado”.
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Aunque la ley habla de un concurso público, por la naturaleza de la transición, la comuna recurriría a un concurso “interno”, según Miguel Sosa. Esta figura, según la Ley del Servicio Civil, solo puede aplicarse para que el personal permanente acceda a una promoción o ascenso.
La ordenanza de presupuesto fue calificada desde la oposición como “ilegal e inmoral“, y señalada de tener la finalidad de “encadenar” a quien resulte electo intendente en 2026 a “la misma matriz presupuestaria, financiera y salarial, fallida”, para garantizar “la perpetuidad del sistema”.