El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC), no solo no pretende reducir la cantidad de funcionarios de la comuna, sino que prepara su “blindaje“, al menos durante tres años más.
La ordenanza de presupuesto 2026-2028, enviada por Bello y aprobada la semana pasada en la Junta Municipal, autoriza al intendente a convertir a los denominados jornaleros en funcionarios permanentes. En su artículo 56, la citada norma establece que estas personas mantendrán “sus mismos cargos y salarios como personal nombrado”.
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Esta ordenanza, aprobada por una mayoría ínfima de 10 concejales, fue calificada de “ilegal e inmoral“, y de tener la finalidad de “encadenar” a quien resulte electo intendente o intendenta en 2026 a “la misma matriz presupuestaria, financiera y salarial, fallida”. El concejal Humberto Blasco (PLRA) dijo que la intención del oficialismo era, claramente, garantizar “la perpetuidad del sistema”.
En su artículo 38, la misma ordenanza establece que la implementación gradual del presupuesto municipal plurianual a partir del ejercicio 2026, afectará, entre otras, a la partida presupuestaria de servicios personales, es decir salarios.
Nenecho dejó 9.119 funcionarios y “sobran” 3.000
Carlos Pereira, quien encabezó la intervención de la gestión del anterior intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), había señalado que si la comuna prescindiera de unos 3.000 funcionarios que “sobran“, tendría dinero para pagar a sus acreedores y reestructurar la deuda.
Nenecho renunció a su cargo en agosto, en medio de graves irregularidades que ahora investiga la Fiscalía. El interventor encontró entonces la comuna con 9.119 funcionarios. Bello inició un sumario a 200 supuestos planilleros, de los cuales 70 renunciaron.
Urge reforma, dice Codeasu
El Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu), que aglutina a más de 30 organizaciones de la sociedad civil, urgió en un reciente comunicado a la modernización y reforma de la Municipalidad, y en particular, de la calidad del gasto.
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La organización criticó que, mientras “la Capital se encuentra hoy sobredimensionada, debilitada, sin capacidad de gestión, con graves indicios de corrupción y una profunda quiebra financiera“, la administración Bello mantiene a cerca de 10.000 funcionarios, cuando “con aproximadamente 2.000 profesionales seleccionados por mérito sería posible operar con eficiencia”.