En el barrio Santo Domingo de Asunción, donde el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) prometió construir un desagüe pluvial con los bonos G8 (2022) los vecinos hoy temen por sus vidas. El proyecto, que prometía mejorar sus condiciones de vida, hoy es una pesadilla. El dinero para financiarlo fue desviado y ya no existe.
Las excavaciones a cielo abierto representan un peligro inminente para toda la comunidad, pero sobre todo para quienes viven al costado del arroyo Santo Domingo. Los pobladores exigen celeridad al intendente, Luis Bello (ANR-HC) y advierten que la lentitud del proyecto podría derivar en tragedias.
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“¿Qué más falta, un muerto? ¿Ahí recién vamos a reaccionar Municipalidad de Asunción y a Luis Bello? Fuimos amables y respetuosos pero estamos a la deriva”, reclamaron en las redes sociales de la comisión vecinal que incluye también a vecinos de Manorá.
El proyecto fue adjudicado por Nenecho al Consorcio Pluvial Santos (Chaves Construcciones y Covipa), representado, entre otros, por Óscar Antonio Rubiani. El costo total es de G. 72.389 millones, un anticipo de G. 14.030 millones y un plazo de un año. A más de 10 meses de la palada inicial, la obra apenas avanzó un 20 %, según dijo a fines de diciembre el director de Obras Municipales, Antoliano Benítez.
Riesgo de derrumbe inminente
Liliana Arce, vecina del lugar, compartió videos en los que se ve el desastre que ocasionó la lluvia del miércoles a las viviendas sobre las calles Juan XXIII y Soldado desconocido. En las imágenes se ve perfectamente cómo, con cada precipitación, por la fuerza del agua, el terreno sede y la erosión avanza hacia los cimientos de las viviendas y murallas.
La vecina aseguró que el riesgo de derrumbe es una realidad palpable que amenaza el patrimonio de décadas de esfuerzo de los residentes. Las murallas ya han empezado a caer en propiedades cercanas debido a la inestabilidad del terreno removido.
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El temor a un desmoronamiento total es constante, y la seguridad física de los habitantes está en serio riesgo, ante la precariedad de la obra. Los vecinos temen que sus hogares colapsen hacia el cauce del arroyo si las lluvias continúan con la intensidad propia de esta época del año.
La vecina criticó el ritmo de trabajo y sobre todo la cantidad de obreros en el sitio, asegurando que, actualmente, el panorama habitual es de máquinas paradas y poquísimos operarios cumpliendo funciones en el sitio. “Ese es el problema, que no avanza la obra”, reclamó.
“Zona de guerra”
La desidia municipal ha convertido al barrio residencial en una caótica y peligrosa “zona de guerra” llena de escombros. Pese a las promesas, el cronograma de trabajo prometido por Rodríguez nunca fue entregado a los vecinos, ni siquiera después de su salida, para un monitoreo real de los trabajos.
El encierro es otro drama cotidiano, ya que los residentes no cuentan con acceso vehicular a sus propios hogares. Deben dejar sus automóviles lejos, en zonas inseguras y caminar entre escombros y peligrosos cráteres para poder entrar a sus casas. Esta situación afecta gravemente la movilidad básica de niños, adultos mayores y personas con cualquier discapacidad física.
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La falta de servicios básicos esenciales como agua corriente y electricidad se ha vuelto una constante en el sector. Denuncian que de las cañerías de la Empresa de Servicios Sanitarios (Essap) sale “agua roja” y que existen peligrosos cables de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) sueltos.
La falta de iluminación por las noches incrementó la inseguridad por la noche. Arce ya había reportado balaceras, que volvieron a repetirse. La zona de obras se ha vuelto tierra de nadie ante la nula vigilancia de la policía y la municipalidad. Los residentes viven con miedo constante por los desbordes violentos de personas ajenas que rondan las excavaciones.
Impacto económico
El impacto económico es otro golpe para los vecinos. “No deberíamos estar así en un barrio residencial en donde, además, se nos aumentó también el impuesto inmobiliario”, remarcan.
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Para los pobladores, resulta irónico que tengan que pagar los tributos más caros de la capital -hasta el doble que en el Centro Histórico-, mientras viven rodeados de basura, baches y un peligro constante.
Agregan que, con la obra, la calidad de vida ha caído drásticamente mientras las facturas municipales siguen llegando con montos cada vez superiores.
Desvío e intervención
Carlos Pereira, interventor de la gestión de Nenecho, reportó en su informe final que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, el exintendente desvió G. 512.000 millones de los bonos G8 (G. 360.000 millones), que eran para obras, a gastos corrientes, en su mayoría salarios.
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De las 8 cuencas que prometió con ese dinero, apenas empezó 4 y no terminó ninguna. Pereira reportó además un sobrecosto de US$ 8 millones en esas obras iniciadas. El gabinete de Bello, su sucesor, confirmó que el dinero para construirlas ya no existe y las obras deberán pagarse con recursos propios, es decir con lo recaudado en tributos.
Rodríguez renunció en agosto, ante la inminencia de su destitución y de la presentación del informe final de la intervención a su gestión. Sobre su administración pesan al menos 8 causas penales. En una de ellas, conocida como “detergentes de oro”, Nenecho está acusado por lesión de confianza y asociación criminal.