El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) César Antonio Garay Zuccolillo urgió el clamor de la ciudadanía y solicitó con énfasis al Consejo de Superintendente, que está integrado por el presidente Alberto Martínez Simón, el vicepresidente 1° Luis María Benítez Riera y el vicepresidente 2° Gustavo Santander Dans, a tomar medidas en relación con los abogados procesados en la mafia de los pagarés.
La intervención de César Garay se dio en el punto de asuntos varios de la sesión plenaria de la Corte, realizada hoy. En la ocasión refirió que expresaba sus palabras “urgiendo el clamor de la ciudadanía, no solo de las víctimas, sino de las personas de bien”.
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En tal sentido Garay se dirigió a las autoridades de la máxima instancia judicial: “solicito y con énfasis al Consejo de Superintendencia de la Corte, suspender preventivamente esas matrículas de aquellos que están en el ejercicio de tan noble profesión”, haciendo alusión directa a los profesionales encausados por la mafia de los pagarés.
Posteriormente el ministro César Garay también calificó de “agresivo” el hecho de que esos abogados “estén presentando, patrocinando y llevando adelante, reitero, juicios tan espurios, tan dañinos, tan infames, contra maestras y sacrificadas enfermeras”.
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Mafia de los pagarés pervirtió el sistema judicial
Garay expresó después: “Leemos a diario los reclamos, legítimos por supuesto, de las víctimas que han sido burladas en su buena fe, suscribiendo documentos comerciales casi todos ellos apócrifos, pagaré; y existiendo profesionales del foro que están imputados, acusados y otros con juicio oral pendiente, que siguen ejerciendo en esas trágicas causas judiciales”.
Así también, el ministro de la Corte enfatizó sobre que esos abogados no cumplen los mandatos del jurista y político español Ángel Ossorio y Gallardo, que estableció una serie de postulados éticos como guía para el ejercicio profesional y para “honrar una función tan noble como la abogacía”.
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Refirió más tarde que estos abogados, con su conducta, afectaron al estamento más débil de la sociedad paraguaya, con sus limitados conocimientos y, en casos, nulos conocimientos jurídicos han obrado con absoluta buena fe al suscribir estas documentaciones”.
De todas las causas “tenemos conocimiento no solo desde la Corte sino también desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, del vaciamiento de cuentas” de aquellas personas víctimas del esquema.
Es por eso que instó al Consejo de Superintendencia de la Corte a tomar medidas “para evitar en lo posible, un mayor desgaste del sistema judicial que también, en algunos casos se ha pervertido por la indecencia de quienes han prestado servicio a la patria desde el Poder Judicial, entiéndase pseudomagistrados y pseudomagistradas, infieles a la institución”.