Pacientes del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) manifestaron su indignación luego del procedimiento que derivó en la detención e imputación, por el hecho punible de tráfico de influencias, de un funcionario sospechoso de integrar un esquema de cobros irregulares dentro del local asistencial. Los afectados advirtieron que no se debe permitir que trabajadores de la institución utilicen supuestas influencias para forzar pagos a cambio de la agilización de consultas, provisión de medicamentos o la fijación anticipada de fechas para cirugías.
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En ese sentido, recordaron que el acceso a la salud está garantizado en la Constitución Nacional y que los servicios en hospitales públicos deberían ser gratuitos. Consideran inadmisible que pacientes deban pagar para ser atendidos con prioridad frente a otros que madrugan o viajan desde distintos puntos del país para cumplir con sus turnos.
Algunos usuarios relataron que, pese a contar con horarios agendados, en reiteradas ocasiones terminan siendo atendidos varias horas después o incluso se ven obligados a reagendar sus consultas.
“Hay personas que tienen turno a las 09:00 y recién son atendidas a las 15:00, o directamente les cambian la fecha”, cuestionaron.
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Los denunciantes también lamentaron que, según las acusaciones, el funcionario identificado como Pánfilo Saldívar habría ofrecido, incluso mediante mensajes de WhatsApp, agilizar turnos o gestionar medicamentos a cambio de dinero.
Imputan al denunciado
El caso es investigado por el fiscal Luis Piñánez, quien explicó que, tras la imputación a Pánfilo Saldívar por tráfico de influencias, el Ministerio Público analiza otros posibles hechos punibles, como cohecho pasivo agravado y extorsión.
La causa se inició tras la denuncia de un paciente que requería una cirugía de urgencia. Según su testimonio, se vio prácticamente obligado a negociar pagos irregulares.
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De acuerdo con los datos detallados en la imputación, el denunciante habría entregado G. 1.000.000 por una primera intervención, mientras que el sospechoso exigía otros G. 4.000.000. Además, para una segunda cirugía y la provisión de medicamentos, se le habría solicitado un pago adicional de G. 2.000.000.
La detención se concretó mediante una entrega vigilada de dinero, en un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía en la tarde de ayer. Si bien Saldívar es el único imputado hasta el momento, las autoridades no descartan la participación de más personas dentro de una eventual estructura.
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La causa actualmente está a cargo del Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos, representado por Rodrigo Estigarribia, quien analizará el pedido realizado por la Fiscalía.
Ante este escenario, pacientes insistieron en la necesidad de reforzar los controles y garantizar la transparencia en la atención médica, a fin de evitar abusos que afectan directamente a personas en situación de extrema vulnerabilidad.