El dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Contrataciones Públicas pide investigar al Consorcio Comitia-MSA, bajo sospechas de irregularidades en el primer llamado del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para la compra de las máquinas de votación por US$ 92,8 millones. Sin embargo, la misma empresa logró quedarse con un contrato de US$ 35 millones para el arrendamiento de los mismos equipos, tras un segundo llamado de la Justicia Electoral.
Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales del TSJE, dijo en entrevista con ABC Cardinal que hasta el momento de la entrevista, como institución, estaban en desconocimiento del dictamen en cuestión. Y, seguidamente, recordó cómo actuó la institución frente al primer llamado, cuando la intención era comprar los aparatos con determinadas especificaciones, la más importante: que las pantallas sean capacitivas, que no requieren calibración.
“En esa oportunidad se presentaron varias empresas, pero la empresa MSA -que es la que nos había proveído las máquinas anteriormente en las elecciones pasadas- presentó las cinco máquinas solicitadas con una pantalla captativa. O sea, no era la que nosotros pedimos”, comenzó explicando Ljubetic.
El funcionario añadió que la firma insistió en mostrar su máquina el día de la evaluación pese a que ya estaba fuera del plazo y aunque el director de Tecnología de la Justicia Electoral, Fausto Von Streber, las vio, finalmente se le comunicó a la empresa que sus equipos no serían tenidos en cuenta.
Máquinas de votación: de la compra al alquiler
Ljubetic recordó que en agosto del año pasado se canceló el proceso de compra en medio de denuncias y presiones políticas. Con los plazos en contra, se decantó por la modalidad de arrendamiento a través de un llamado a licitación que se realizó en octubre y nuevamente se presentó el Consorcio Comitia-MSA.
Pero esta vez, “las reglas de juego” cambiaron, según Ljubetic, quien justificó por qué ahora el TSJE aceptó alquilar las máquinas que anteriormente rechazó comprar. Básicamente, según la explicación del director de Procesos Electorales, lo que siguió al cambio de modalidad de adquisición fue una flexibilización de las exigencias.
“Tuvimos que flexibilizar algunas cuestiones entre las cuales estaba la pantalla captativa o la pantalla capacitiva. Entonces, ahí es donde entra el consorcio Comitia-MSA a presentar una nueva oferta. Y no es nada raro que ellos hayan presentado una oferta favorable, porque es una empresa que se dedica a alquiler de máquinas de votación”, indicó.
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Incidencia de una denuncia anónima en medio del proceso
Otro hecho señalado por Ljubetic guarda relación con una denuncia anónima contra las máquinas de votación presentada en noviembre del año pasado; es decir, con posterioridad al nuevo llamado, esta vez para el alquiler.
“Esta denuncia anónima que entró a la DNCP fue una denuncia en la que nosotros no participamos siquiera, porque nosotros ya habíamos convocado a una licitación para alquiler de máquinas el 10 de octubre (…) Y como esta es una cuestión que compete exclusivamente en lo interno entre las áreas de la DNCP, entonces nosotros no tuvimos ni siquiera conocimiento, nadie nos comunicó de dicha cuestión. A lo mejor ahora que se abrió el sumario, nos piden un informe de qué es lo que ocurrió en esa oportunidad”, manifestó.
Una notificación que “no llegó”
Respecto a las advertencias de la Asesoría Jurídica de la DNCP sobre supuestas anomalías y la necesidad de un sumario, los funcionarios del TSJE negaron haber tenido conocimiento oficial hasta la fecha.
Daniel Echagüe, director general de Administración y Finanzas, señaló que no visualizaron ninguna notificación el pasado 17 de abril, especulando que el aviso pudo haber quedado en un “correo secundario” de la dependencia. No obstante, restaron importancia al hecho, asegurando que cualquier investigación sobre el proceso de compra -ya cancelado- no tiene incidencia legal sobre la ejecución del contrato de alquiler actual.
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