El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió, en sesión ordinaria y por unanimidad, despojar de sus fueros e iniciar un enjuiciamiento por la presunta comisión de hecho punible contra Librada Beatriz Peralta Céspedes, jueza penal de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero, imputada por el Ministerio Público.
La propuesta para dichas medidas procesales provino del ministro de la Corte, Manuel Dejesús Ramírez Cándia (vicepresidente 1°), quien además consideró que no correspondía el pedido de suspensión pues la máxima autoridad judicial inició una audiencia para decidir si corresponde o no dicha medida.
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La moción de Ramírez Candia tuvo el apoyo de los demás integrantes del órgano extrapoder, el ministro de la Corte César Antonio Garay Zuccolillo (vicepresidente 2°), el senador Mario Varela (ANR, disidente), el diputado Diego Cándia (ANR-HC), el diputado Derlis Maidana (ANR-HC), el consejero Enrique Berni y Alicia Pucheta (presidenta).
La semana pasada el fiscal Leonardi Guerrero había imputado a Peralta Céspedes por supuestamente utilizar un certificado de especialización en Derecho Procesal Penal falso para sumar puntos en un concurso en el Consejo de la Magistratura. El juez penal de garantías Miguel Palacios solicitó su desafuero el 20 de mayo último.
Ramírez Cándia calificó de “hecho grave para el Poder Judicial”
El actuario del JEM, César Quintana, informó al pleno de una nota que presentó el 26 de mayo la jueza Librada Peralta. En la misma, la magistrada pidió que se posponga el tratamiento de su desafuero en atención a que la imputación fiscalía carece de firmeza y no ha sido notificada de la presentación de ese requerimiento fiscal.
Al respecto, el ministro Manuel Ramírez Cándia señaló que hay cuestiones que deben ser dirimidas en lo jurisdiccional como lo relacionado a la imputación; pero que el JEM debe estudiar el pedido hecho por el juez Miguel Palacios, ya el pasado 20 de mayo de 2026.
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Ramírez Candia refirió que la jueza dijo que no tuvo acceso al acta de imputación, pero eso se materializará en sede judicial, “porque en definitiva no inició el enjuiciamiento en ese fuero, por lo que se avanza en el pedido de desafuero”.
En otro momento, Ramírez Cándia señaló que la jueza Librada Beatriz Céspedes Peralta goza de inmunidad de proceso penal.
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“Atendiendo a la existencia de un acta de imputación en el que se le atribuye la comisión de hechos punibles y atento a que, la misma goza de la inmunidad de proceso penal, analizando el acta de imputación y la decisión de la jueza de garantías sobre el pedido de desafuero, se considera que existen los elementos formales para despojar de sus privilegios de no procesamiento judicial a la magistrada”, expuso Ramírez Cándia.
Añadió que, en base a lo dispuesto por la Ley N° 6.814/2021, “corresponde que este órgano también inicie el enjuiciamiento por la comisión de hecho punible y quede suspendido hasta que se resuelva en lo penal”.
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Por último, Ramírez Cándia resaltó “que se le atribuya a una magistrada la comisión de un hecho punible es grave para la imagen del Poder Judicial. Según el hecho que se le atribuye, habría falsificado un documento para participar en un concurso público donde lo que podía obtener era solo 20 puntos más”.
Describió que Peralta Céspedes “fue confirmada como jueza en el año 2022 y la carga de los puntos a su favor que se hizo en el concurso fue en el 2023, luego concursó recién en el 2024, por lo que ante la duda que genera la situación, sí corresponde el desafuero y que se inicie el enjuiciamiento por hecho punible”.
Ramírez Candia advirtió con no confirmación a responsables de situaciones irregulares
En sesión ordinaria de la Corte Suprema de Justicia, el ministro Manuel Ramírez Candia se sumó al reclamo de Ríos y recordó que estas situaciones irregulares deben ser consideradas al momento de estudiar la confirmación o no de los fiscales.
“(...) esta Corte es responsable por la designación de estos agentes fiscales y creo que estas actuaciones irregulares hay que tener en cuenta, registrar y tener en cuenta al momento de la confirmación; porque de nada sirve que hagamos un reclamo de estas actuaciones irregulares y después, posteriormente llegado el caso, confirmemos a estos funcionarios”, resaltó Ramírez.
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Inicialmente el ministro Víctor Ríos, había señalado la versión de la jueza de que supuestamente no había accedido aún a la carpeta fiscal y recordó al fiscal general del Estado Emliano Rolón, que así como cuando él u otro agente fiscal es recibido con deferencia por los ministros, también es necesario un “mínimo gesto de reciprocidad” hacia los integrantes del Poder Judicial.
Ríos también señaló que “la magistrada nos estaba comentando que vino a pretender conversar con el agente fiscal y este le hizo esperar hasta las 15:00, desde las 08:00 y no la recibió nunca”. Esto fue refutado por el fiscal Leonardi Guerrero, quien había aclarado que no puede realizar diligencias en relación a la jueza por contar con fueros.
Imputados por fraude en el CM
Por el fraude denunciado por el Consejo de la Magistratura como autores, Librada Beatriz Peralta Céspedes, jueza penal de liquidación y sentencia de Pedro Juan Caballero; Mario Brítez Ruiz Díaz, exmagistrado; Schirley Paola Irala Leite, exactuaria judicial de Curuguaty; y Adán Fredy Rolón Villareal, asistente fiscal de Coronel Oviedo.
En tanto que cómo cómplice, fue imputado Rafael Prieto Quintana, funcionario de Archivo del Consejo de la Magistratura; y como instigador, Tomás Rodrigo Ávalos Sanabria, funcionario de la Escuela Judicial.
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el Ministerio Público detalla que con el objetivo de sumar puntuaciones en las evaluaciones y eventualmente integrar ternas para cargos de jueces, fiscales o defensores públicos, se habrían utilizado copias adulteradas de diversos documentos académicos.
Entre estos se mencionan notas de actualizaciones de legajos, certificados de escuela judicial, constancias de formación continua de instituciones privadas y también certificados de especializaciones.
Finalmente, la hipótesis fiscal señala que la recepción y carga de estos documentos apócrifos en la plataforma digital habría sido facilitada por el funcionario de Archivo del Consejo de la Magistratura y el funcionario de la Escuela Judicial, ya que ambos habrían actuado para favorecer de manera irregular a los concursantes en las ponderaciones que realiza la institución al momento de integrar las ternas.