Primero fueron los allanamientos realizados en el marco de la investigación del caso “mafia de los pagarés”, duramente cuestionados en su momento en sesión pública de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ahora, es la reciente imputación a una jueza por su presunta participación un esquema de fraude detectado por el Consejo de la Magistratura (CM) lo que causa un nuevo resquemor de los ministros hacia la actuación de la Fiscalía.
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En la sesión plenaria ordinaria de la máxima instancia judicial de hoy, presidida por Alberto Martínez Simón, lo que empezó como el anuncio de una jornada de capacitación, siguió como un cuestionamiento general hacia el Ministerio Público y terminó con una crítica directa al fiscal que investiga el fraude denunciado por el propio CM.
Capacitación de la Corte Suprema de Justicia
El primero en abordar el tema fue el ministro Víctor Ríos Ojeda, quien recordó que presentará el módulo de especialización en razonamiento probatorio, el jueves en el Palacio de Justicia de Paraguarí y el viernes, en San Juan Bautista, Misiones.
“Vamos a estar hablando especificamente de la importancia de los estándares probatorios en la práctica judicial y cuando digo judicial, incluyo también incluyo al Ministerio Público. Necesitamos que tengan estándares, en el sentido de pautas de actuación para imputar, para pedir sobreseimiento provisional y sobreseimiento definitivo o de lo contrario caemos siempre en el ámbito de la arbitrariedad”, explicó.
A continuación, Ríos Ojeda expuso la necesidad de que la ciudadanía conozca las pautas mínimas para la imputación y la necesidad de dar a conocer reglas básicas que aporten mínima seguridad jurídica a los ciudadanos y ciudadanas.
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A modo de ejemplo, comentó el caso de un abogado que le comentó que cuando consultó a un fiscal la razón porque no imputó a otras personas involucradas en un caso, este le contestó: “porqué yo no quiero”.
“Entonces es complicado”, dijo el ministro de la sala constitucional, para luego pasar a referirse al caso denunciado por el Consejo de la Magistratura.
Jueza imputada dice que no pudo acceder a carpeta fiscal
“Hoy no más le recibimos a una magistrada que recibió la información de su imputación a través de los medios de comunicación, de la tapa de un diario, y hasta hoy el fiscal no se digna en presentale la imputación”, dijo Ríos, tras resaltar que hasta la fecha, a una semana de su imputación, la jueza no pudo acceder aún a la carpeta fiscal, pero ya recibió el “escarnio público”.
“Entonces la pregunta es: ¿con qué estándar se manejan algunos fiscales? ¿primero comunican a los medios de comunicación la imputación y después cuando se le antoja, comunica la imputación a la persona afectada? Es más, la magistrada nos estaba comentando que vino a pretender conversar con el agente fiscal y este le hizo esperar hasta las 15:00, desde las 08:00 y no la recibió nunca. Por lo tanto, la pregunta es, si este es el trato que le dan a una magistrada, obviamente no generalizo, algunos agentes fiscales tratan de esta manera a una magistrada, uno se imagina cómo ha de ser el trato a los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes", agregó Ríos.
Ríos Ojeda “disparó” contra fiscal
A partir de ahí, siempre tomando por cierta la versión de la magistrada imputada, el ministro Víctor Ríos ya le puso nombre al reclamo y disparó: “Por lo tanto le quiero decir al doctor Guerrero, creo que es el apellido del fiscal, Leonardi Guerrero, que ni Federico el Grande de Prusia se la creyó tanto”.
“Porque Federico el Grande, según esta historia, le comunicó al dueño de un molino que quería comprarle su molino:“Me molesta su molino, me va a tener que vender usted” y ¿Por qué? Porque me molesta su molino. Y le dio la posibilidad al dueño del molino de decidir y cuando le dijo el dueño que no, le dijo: “Mire que soy Federico el Grande”, y le contestó: “Sí, pero hay jueces en Berlín que me van a proteger”. No hay jueces en Berlín que te protejan si están siendo de esta manera manoseados por agentes fiscales", expresó Ríos.
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Finalmente, reiteró la versión de la jueza de que supuestamente no ha accedido aún a la carpeta fiscal y recordó al fiscal general del Estado Emliano Rolón, que así como cuando él u otro agente fiscal es recibido con deferencia por los ministros, también es necesario un “mínimo gesto de reciprocidad” hacia los integrantes del Poder Judicial.
Ramírez Candia insta a no confirmar a responsables de situaciones irregulares
Posrteriomente, el ministro Manuel Ramírez Candia se sumó al reclamo de Ríos y recordó que estas situaciones irregulares deben ser consideradas al momento de estudiar la confirmación o no de los fiscales.
“(...) esta Corte es responsable por la designación de estos agentes fiscales y creo que estas actuaciones irregulares hay que tener en cuenta, registrar y tener en cuenta al momento de la confirmación; porque de nada sirve que hagamos un reclamo de estas actuaciones irregulares y después, posteriormente llegado el caso, confirmemos a estos funcionarios”, resaltó Ramírez.
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A su turno, el ministro Gustavo Santander Dans repitió la versión de la jueza de que supuestamente hasta hoy la Fiscalía no le permitió el acceso a la carpeta fiscal del caso.
“(...) ella manifestó que todavía no pudo acceder pese a la ainsistencia, hoy tuvimos otra reunión y dijo que aún no pudo acceder y realmente, ¿cómo ella puede defenderse de algo que no conoce?“, agregó Santander.
Imputados por supuesto fraude, tras denuncia del Consejo de la Magistratura
La magistrada a la que se refieren los ministros es Librada Beatriz Peralta Céspedes, jueza penal de liquidación y sentencia de Pedro Juan Caballero, imputada el pasado por supuestaproducción de documentos no auténticos en su modalidad de uso, en calidad de autora, al igual que la exactuaria judicial de Curuguaty Schirley Paola Irala Leite, el asistente fiscal de Coronel Oviedo Adán Fredy Rolón Villareal y el exmagistrado judicial Mario Brítez Ruiz Díaz.
También son investigados por la presunta comisión del mismo delito, pero en calidad de cómplice, el funcionario del Archivo del Consejo de la Magistratura Rafael Prieto Quintana y como instigador, el funcionario de la Escuela Judicial. Tomás Rodrigo Ávalos Sanabria.
Estas personas fueron imputadas por Guerrero por presuntamente manipular certificados y constancias utilizados en concursos públicos del Consejo de la Magistratura (CM), con el objetivo de inflar puntajes a postulantes, según denuncia presentada por el CM.