El director de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, Héctor Luis Rubin, denunció ante ABC TV la existencia de trabas, desinterés y negligencia por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial para castigar el maltrato animal.
El detonante de la crisis institucional fue la resolución de la jueza penal de la adolescencia de Luque, Carmen Rosana Román. La magistrada determinó que la perrita “Canela”, quien sufrió destrozos en la mandíbula tras explotarle un petardo en la boca, sea devuelta a su entorno familiar original en Areguá, lugar donde ocurrió la agresión.
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La medida generó el rechazo inmediato de Defensa Animal y de la organización rescatista Olfateando Huellas, que cuidó de la recuperación del can.
“No me parece correcto que la perrita vuelva a donde sufrió”
Rubin relató que su institución, a pesar de haber sido la denunciante original del caso tras identificarlo en redes sociales, fue completamente excluida de las notificaciones del proceso. Defensa Animal se enteró de la resolución judicial de manera indirecta, y manifestó que la jueza Román tomó la decisión basándose en un informe remitido por el fiscal interviniente.
“No me parece correcto que la perrita vuelva a un entorno donde sufrió esta barbaridad. Hay una sensación bastante desagradable de que existe poca conexión entre las instituciones. La jueza dictamina según los informes que le envía el Ministerio Público, por eso queremos saber y ahondar qué es lo que figura en esos estudios de la Fiscalía”, manifestó Rubin.
En ese sentido, anunció que el director Jurídico de la entidad irá a intervenir el expediente para intentar frenar o retrasar el traslado.
El director comentó que se comunicó con la dueña original de Canela para pedirle que cediera la adopción definitiva a la organización rescatista que le salvó la vida. Sin embargo, la mujer calificó el fallo judicial como “un regalo de Dios” y afirmó estar feliz porque “al fin se sabrá la verdad”. Según mencionó, Rubin la familia dijo que sí se interiorizó de la salud de la perra, algo de lo cual Defensa Animal afirmó no tener constancia.
Fiscales ningunean los pedidos de Defensa Animal
Rubin calificó de “horrorosa” la experiencia diaria que se vive al solicitar intervenciones urgentes a los asistentes y agentes del Ministerio Público. Citó como ejemplo un caso reciente en el que buscan rescatar a perros encerrados en una vivienda abandonada y llena de suciedad.
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“La respuesta de la asistente fiscal es terrible: decidió dejar a los animales en la casa abandonada porque, bajo su criterio, los perros ‘están bien de salud’, y ella no es veterinaria. Le documentamos todo. Cuando logramos que hicieran un allanamiento, lo hicieron mal, con el número de casa equivocado, y no quisieron repetirlo. Ahí siguen los animales sufriendo”, expresó el funcionario.
Existen casos graves sin investigar, sostiene Rubin
Rubin sostuvo que existen causas graves que incluyen animales acuchillados, casos de zoofilia y tortura extrema, que se encuentran encajonadas y sin avances en las distintas unidades fiscales.
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Rubin lamentó que, por exigir que se cumpla la ley y pedir cárcel para quienes matan o torturan animales, sectores internos de la Justicia lo tilden de “conflictivo”.
“Estamos entre la espada y la pared porque dependemos de la Justicia para salvar una vida. Por suerte hay algunos fiscales que sí tienen puesta la camiseta y entienden que un maltratador de animales es un potencial maltratador de personas”, manifestó.
El director concluyó que el presidente de la República, Santiago Peña, ya está al tanto de la situación y del desgaste que sufre la dirección al tener que “lidiar con gente que no quiere hacer su trabajo” en lugar de enfocarse en proyectos de bienestar general.