En un hecho calificado por las propias autoridades de la previsional como un hito institucional sin precedentes, la Fiscalía promovió formalmente la imputación y solicitó la prisión preventiva para los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS) Vicente Battaglia y Jorge Brítez, además de otras siete personas.
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La causa penal, liderada por el fiscal Julio Ortiz, investiga un esquema de presunta lesión de confianza relacionado con el fracaso de obras de infraestructura para quirófanos, las cuales provocaron un perjuicio patrimonial estimado en G. 61.000 millones a las arcas de la previsional.
Durante una conferencia de prensa brindada en la sede central de la institución, la actual cúpula ejecutiva del IPS fijó postura y brindó detalles del avance investigativo, impulsado a partir de verificaciones e intervenciones in situ sobre las obras e instalaciones proyectadas.
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Giro en los contratos y la “mecánica” de las adendas
El director jurídico de la entidad, Pablo Morínigo, subrayó la trascendencia del proceso en curso y remarcó el compromiso de transparencia adoptado por la administración actual. “Es la primera vez que son procesados e imputados dos expresidentes del IPS”, afirmó, destacando que el caso cobró impulso a partir de las inspecciones directas en terreno encabezadas por el actual titular, el Dr. Isaías Fretes.
Según la investigación, se detectó un faltante masivo de insumos y equipamiento e incluso la inexistencia física de obras abonadas. El modus operandi se habría centrado en desvirtuar los acuerdos originales.
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“Estas imputaciones se basan en contratos originales que luego se fueron desvirtuando a través de adendas. Lo cuestionable es que se cambió el objeto principal del contrato, lo cual es completamente irregular”, precisó Morínigo.
“Desde el IPS vamos a ponernos a disposición de la investigación. No vamos a apañar a nadie. Evidentemente, se detectó que existe un faltante y hasta inexistencia de obras, por eso se llega a la imputación”, agregó
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Implicancia de funcionarios, la firma Neighpart SA y querella adhesiva
El esquema abarca tanto a exautoridades como a estructuras operativas. Morínigo confirmó que tres o cuatro de los funcionarios imputados continúan prestando servicios en la previsional, por lo que serán sometidos a sumario administrativo de inmediato.
Entre ellos se incluye a Rosa Colmán, una abogada que se desempeñaba en Asesoría Jurídica y que fue trasladada a Aporte Obrero Patronal. Ella fue notificada en su puesto de trabajo, mientras que los otros implicados abandonaron sus dependencias antes de la llegada de la comunicación oficial tras filtrarse la información.
Esta mañana se convirtió en la primera detenida del caso.
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En cuanto al sector privado, evitaron realizar declaraciones con respecto a la culpabilidad de directivos o exdirectivos de la firma Neighpart SA. No obstante, la previsional no descarta revisar otros contratos con dicha firma para determinar si corresponde o no sumar nuevas denuncias, según Morínigo.
Asimismo, el IPS anunció que es “muy probable” que se constituya como querellante adhesivo en la causa principal y anticipó que se analizarán las actas del Consejo de Administración para evaluar la ampliación de imputaciones hacia los consejeros que aprobaron las adendas irregulares.