El fiscal Julio Ortiz presentó imputación contra Vicente Mario Bataglia Araújo (62) y Jorge Magno Brítez Acosta (70), expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS), por el hecho punible de lesión de confianza con las fallidas construcciones de salas de quirófanos en favor del Hospital Central, que causaron un perjuicio que asciende a G. 61.000 millones.
Así también, fueron imputados Hugo Enrique Aranda (40), exgerente de Logística y Abastecimiento del IPS; Juan Manuel Villar López (41), director de la Unidad Operativa de Contrataciones; José Raúl Coronel Acosta (43), director de Mantenimiento; Rosa Colmán (60), abogada dependiente de la Dirección Jurídica, durante el periodo de mandato de Bataglia.
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En el tiempo de Jorge Brítez, se citan a Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz (40), director de Abastecimiento y Logística; Marcelo Bordón Leiva (48), director de la Unidad Operativa de Contrataciones; y Verónica Alexandra Blanco Bogado (50), directora de Mantenimiento.
Para todas estas personas, el agente del Ministerio Público solicitó la imposición de la medida cautelar de la prisión preventiva en atención a que la expectativa de pena es de hasta 10 años de encierro, además del embargo preventivo de los bienes de los imputados hasta cubrir la suma de G. 61.000 millones y la inhibición general de vender y gravar bienes de los encausados.
Pese a suspensión de contrato seguían pagando por obras en el IPS
De acuerdo con lo señalado en la imputación del fiscal Julio Ortiz, el caso de las irregularidades en la construcción de salas de quirófanos en el Hospital Central del IPS, se tuvo conocimiento tras la denuncia comunicada y presentada el 1 de abril de 2024 por la fiscala Silvia González.
La misma fue en base a la Resolución N° 717/2024 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en la cual se señalan presuntas irregularidades en la emisión de la Adenda N° 4 al Contrato N° 6/2020, que dependía de la Adenda N° 3, que presentaba observaciones no subsanadas ligadas a modificaciones de plazo, lugar, condiciones de prestaciones y de pago, del cual resultó víctima el IPS.
Es así que, durante la ejecución del referido contrato y tras el análisis de los antecedentes del llamado a la Licitación Pública Nacional SBE N° 143/2019 para el “reacondicionamiento con suministro e instalación de quirófanos modulares para el Hospital Central del IPS”, fue adjudicada la firma Neighpart SA, por un monto inicial de G. 53.000 millones.
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En ese contexto la Fiscalía analizó la documentación remitida por la DNCP y del IPS, de lo cual se desprendió que la suscripción de adendas por los ahora imputados, que entonces ejercían la administración, control, dirección y disposición del patrimonio, habrían otorgado plazos y actas de recepción a fin de que la empresa adjudicada siga cobrando por la ejecución de obras que no podían realizarse por la falta de planeamiento y evaluación previa de la infraestructura edilicia.
Los entonces presidentes y funcionarios, debido a la falta de gestión en tiempo oportuno de la suspensión contractual, ante la imposibilidad de hacer cumplir el contrato, porque no se podía liberar la zona en la que se debían realizar los trabajos, siguieron emitiendo adendas con actas de recepción permitiendo así que la firma Neighpart SA siga cobrando por obras no hechas ocasionando un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones.
Con adendas otorgaron ventajas y causaron perjuicios al IPS
Lo que expone la imputación fiscal es que, durante su administración, Vicente Bataglia, junto con Hugo Aranda, gerente de Logística y Abastecimiento, y Juan Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones, suscribieron la Adenda N° 3 el 29 de julio de 2022, al Contrato N° 6/2020, en el marco del llamado a la Licitación Pública Nacional SBE N.° 143/2019.
Con dicho documento accesorio se modificaron los plazos y las formas de pago en relación con lo establecido originalmente en el contrato. Cabe señalar que al momento de la firma, se desembolsaron G. 10.600 millones como pago de anticipo, equivalentes al 20 % del monto total del contrato.
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También, mediante la citada adenda el 31 de agosto de 2022, se llevó a cabo otro pago consistente en la suma de G. 4.948.920.000.
Posteriormente, el 14 de abril del 2023, Bataglia, Aranda y Villar suscribieron la Adenda N° 4, solicitada por José Raúl Coronel el 16 de enero de 2023, mediante la cual se modificó el monto original del contrato con la agregación de insumos que no figuraban en el pliego de bases y condiciones, a pesar de que la misma se encontraba supeditada a la Adenda N° 3.
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A su vez, la Adenda N° 3 exigía que al momento de la firma de esta la zona a ser intervenida con las obras para quirófanos, debían estar liberadas. Sin embargo, las observaciones señaladas en la misma no fueron subsanadas.
Es así que, mediante las emisiones de las Adenda N° 3 y Adenda N° 4, habrían otorgado condiciones más ventajosas a la empresa Neighpart SA, que a su vez causaron un perjuicio de G. 61.000 millones al IPS, sin que la obras siquiera haya iniciado pues la zona donde se debía construir no había sido despejada.
A pesar de que se debía pedir la suspensión del contrato y de la Adenada N° 4, se procedió a un nuevo pago consistente en G. 8.186.400.000, equivalente al casi 10 % del monto total del contrato, y que a esa altura rondaba ya a un pago total por las obras de G. 680.295.000.
En tanto que Rosa Colmán elaboró dictámenes señalando la viabilidad de las firmas de las adendas.
Obras fantasmas también en el IPS
Por otra parte, el entonces presidente del IPS, Jorge Brítez, junto con el gerente de Abastecimiento y Logística Jaime Caballero, el director de la Unidad Operativa de Contrataciones Marcelo Bordón, y la director de Mantenimiento Verónica Blanco; suscribieron la Adenda N° 5 el 20 de agosto de 2024, la Adenda N° 6 el 6 de diciembre de 2024, la Adenda N° 7 en septiembre de 2025.
De esa forma aprobaron nuevos plazos y un cronograma de ejecución, con el pleno conocimiento del resultado de la Auditoria N° 12/2024 del 25 de abril de 2023, justamente realizada durante la gestión de los ahora encausados. La intervención fue por supuestas irregularidades relacionadas con el Contrato N° 6/2020.
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Es así que, mediante las sucesivas adendas emitidas Jorge Brítez, Jaime Caballero, Marcelo Bordón y Verónica Blanco, otorgaron condiciones más ventajosas a la firma “Neighpart SA”, modificando plazos sobre la ejecución de las obras, en favor de la empresa, y por ende, se elaboró un nuevo cronograma para la ejecución y las formas de pago.
Con ello se sustanció el perjuicio patrimonial al IPS, ya que hasta la fecha no se encuentran instalados ni los quirófanos modulares, ni las placas fotovoltaicas para el Hospital Central del IPS o alguna dependencia del mismo.