El fiscal Julio Ortiz imputó a los expresidentes de IPS Vicente Bataglia (marzo de 2021 a agosto de 2023) y Jorge Brítez (agosto de 2023 a abril de 2026) y a otras siete personas en el marco de una investigación por lesión de confianza.
La carpeta fiscal habla de un daño patrimonial de aproximadamente G. 60 mil millones, relacionado con el fracaso de obras de infraestructura para quirófanos del IPS.
Sin embargo, Leandro Villalba, director de Auditoría Forense de la Contraloría, indicó que este monto correspondería a una serie de auditorías que la institución realiza a la previsional, las cuales arrojan en total un presunto daño patrimonial que rondaría los US$ 200 millones.
“Nosotros hemos presentado nueve denuncias hasta el momento en relación al Instituto de Previsión Social desde el 2019 hasta el 2025. Son denuncias importantes que abarcan áreas muy sensibles de la previsional y que comprometen incluso el manejo del Consejo Directivo del Instituto de Previsión Social por montos de posible perjuicio patrimonial, montos referenciales que superan los US$ 200 millones”, indicó en conversación con nuestro medio.
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Auditorías comprometen al Consejo Administrativo de IPS
Villalba señaló que estas denuncias las realizaron a raíz de las múltiples auditorías que realizó la CGR en áreas tan diversas como la gestión de los medicamentos de los asegurados, las obras públicas que desarrolla el IPS, el pago a los jubilados, la gestión de los hospitales, entre muchos otros temas.
Aseguró que, en cuanto a la gestión de medicamentos, IPS tenía una muy mala gestión, ya que la institución no tenía información de a quién le debía ni cuánto debía a sus proveedores, como tampoco tenía constancia documental de la culminación de determinadas obras, e incluso la desaparición de bienes por valores millonarios.
“Encontramos observaciones y encontramos hechos que comprometen directamente al Consejo Directivo del IPS. Por poner un ejemplo, el caso del manejo de los combustibles que eran asignados a los miembros del Consejo, a pesar de que eso no está permitido por la ley. Todas estas situaciones han sido constatadas y han sido reportadas al Ministerio Público para que se desarrolle una investigación de carácter fiscal”, precisó.
Agregó que mientras aguardan a través de la Dirección de Seguimiento las novedades que se presenten en relación a las imputaciones o a las otras causas que presentaron, la Contraloría sigue desarrollando auditorías que son realizadas por más de 50 auditores de la CGR.
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Obras sin constancia documental de culminación
Sobre la causa fiscal que actualmente pesa sobre los expresidentes de IPS y otras siete personas, dijo que dichas obras no formaron parte de una auditoría directamente de parte de la CGR, pero sí de un reporte que presentaron en el año 2022 que guarda relación con las obras que son objeto de la imputación.
“Nosotros hemos presentado una denuncia en relación a ese caso y guarda una relación con los hechos que el fiscal, por otro lado, está ahora procediendo a imputar. La imputación que hace el fiscal, y fueron palabras suyas, indican que él tiene certeza de que se ha cometido un hecho punible. Eso no ha ocurrido en los casos en los que nosotros hemos presentado una denuncia a pesar de que para nosotros los hechos son mucho más contundentes y más claros, y guardan también un posible impacto patrimonial incluso más relevante”, refirió.
Por ende, no descartó que se den más procesos penales o más imputaciones por otras causas, así como otros pronunciamientos en los que la Contraloría entró a mediar y citó como ejemplo el caso del acuerdo de pago que ha llegado una empresa privada con el IPS, que derivó en el pago de honorarios al exdirector jurídico José González Maldonado, hoy imputado por esta causa.
En el mismo, la CGR no solo medió, sino que también participa como testigo técnico del proceso. Detalló que solo uno de los casos auditados y elevados a la Fiscalía es de un presunto daño patrimonial de G. 1,6 billones.