El titular de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), Dr. José Duarte Penayo, declaró hoy (miércoles 9) en el juicio oral a Hernán David Rivas Román y ratificó que el acusado “no es abogado” porque la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana no estaba habilitada por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), en ninguna de las filiales.
“No existen evidencias reales de que nadie haya cursado la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana, no solo el acusado. La razón por la que yo aseveré que, en mi opinión, el acusado (Hernán Rivas) no es abogado, no es por una cuestión personal, sino por mis conocimientos de las normativas de educación superior, del Cones, del MEC y sobre todo de la ANEAES, donde hoy soy titular”, resaltó Duarte Penayo.
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El exdirector académico del Cones agregó que en los registros de la institución no figura la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana, debido a que nunca tuvo una efectiva implementación, en consecuencia no tiene condiciones para ser incorporada al catastro del Consejo Nacional de Educación Superior.
Sobre el punto el Dr. José Duarte Penayo remarcó que el informe de intervención de la Universidad Sudamericana es lapidario al señalar que no había evidencia suficiente de que la carrera de Derecho haya sido implementada y, al respecto, criticar la habilitación unilateral de esa carrera, por parte de las autoridades de la institución.
Carrera de Hernán Rivas “nunca existió”
En otro momento de su declaración el titular de ANEAES remarcó que, teniendo en cuenta las normativas que se establecen en la Ley N° 4995 de Educación Superior, la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana no existe, debido a que el Cones nunca catastró dicha carrera.
Duarte Penayo explicó que el catastro del Cones tuvo la función de reconocer a aquellas carreras que tuvieron implementación durante la vigencia de la Ley 2529, que fue derogada en el 2010 por una ley que suspendió la creación y habilitación de nuevas instituciones de educación superior.
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Al respecto el testigo del Ministerio Público agregó que actualmente la Universidad Sudamericana tiene carreras acreditadas por la Aneaes, entre ellas la de Medicina, como fruto de la intervención de la institución en el año 2015.
“Las carreras que no fueron reconocidas, no son carreras, no son hechos consolidados. El funcionamiento de la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana fue irregular, fue un acto unilateral de la rectora”, destacó Duarte Penayo.
Esquema de estafa con carreras no reconocidas
El Dr. José Duarte Penayo aseveró también que el registro del título, en el Ministerio de Educación y Ciencias, no es un acto inmediato, ya que existen requisitos establecidos en la Ley de Educación Superior del 2013, que deben ser cumplidos para realizar el trámite.
“Un título no puede ser registrado porque viene una universidad y presenta un documento”, enfatizó el testigo al respecto.
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Consultado si cuál es la situación de los alumnos que cursaron una carrera que no fue catastrada por el Cones, como el caso de la Universidad Sudamericana que habilitó la manera unilateral la carrera de Derecho; Duarte Penayo resaltó que todo el sistema de la educación superior hasta el nacimiento de la Ley 4995 está bajo sospecha.
“Yo considero que este esquema de estafa colectiva sigue vigente y goza de buena salud, no va a tener fin hasta que al frente de las instituciones reguladoras haya independencia, haya propósito de hacer cumplir la ley, la norma y no intereses creados que se regulen”, puntualizó el titular de ANEAES.
Autonomía universitaria no es soberanía universitaria
Por otra parte el Dr. José Duarte Penayo indicó que en la Ley 4995 está muy bien establecida la autonomía universitaria y, según expresó, esa atribución se limita a cuestiones que tienen que ver con lo administrativo. “La autonomía universitaria no es soberanía universitaria, no es un recurso que se puede utilizar para justificar el incumplimiento de la ley”, enfatizó.
Añadió que la autonomía universitaria tiene su mayor golpe y puñal cuando existe un esquema de tráfico sistemático de títulos, de simulación académica y esto no tiene respuesta institucional de parte del Estado paraguayo.
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Consultado si la destrucción del historial académico es autonomía universitaria, Duarte Penayo afirmó que “en absoluto”, ya que, según añadió, no hay ninguna ley expresa que habilite a eso. “Estamos en el ámbito del Derecho público, donde lo que no está taxativamente permitido está prohibido”, remarcó.
Además, a criterio del testigo, dicha situación generaría un caos para situaciones legítimas de estudiantes que hayan cursado la carrera durante el periodo de implementación de las mismas. “Es un acto grave que no puede tener ningún tipo de legitimación”, sentenció.