4 de junio de 2026

La senadora Esperanza Martínez denunció que el oficialismo busca acaparar la comisión especial para evitar una investigación real en torno a la mafia de títulos. Martínez confirmó que el foco inicial será la Universidad Sudamericana y el escándalo de más de 2.500 títulos irregulares.

El fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández formó parte del plantel docente de la Universidad Sudamericana, la casa de estudios que expidió un título de abogado a Hernán David Rivas Román sin que el ahora senador cartista haya cursado la carrera de Derecho, según la acusación fiscal. Según su currículum, el titular del Ministerio Público fue coordinador de la institución universitaria en el 2013.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó a los magistrados María Fernanda García de Zúñiga (presidente), Yolanda Portillo y Héctor Capurro para juzgar la causa por supuesto título falso de abogado del senador cartista Hernán David Rivas, renunciante a su banca y que se expone a 11 años de prisión. Llama la atención que el juez Capurro tiene título de doctorado de la Universidad Sudamericana, la misma donde supuestamente egresó Rivas. La fecha tentativa del juicio es el 3 de junio.

Si bien celebró el anuncio de la renuncia, como senador del cartismo y presunto abogado mau Hernán David Rivas, el diputado Raúl Benítez (independiente) dijo que espera que esto no se convierta en un sinónimo de blanqueo y que pague por “estafar a todo el país”. También sostuvo que la dimisión es confirmación de la culpa del cartismo.

Numerosas personas obtuvieron el título de derecho de la Universidad Sudamericana, donde “estudió” Hernán Rivas. Entre ellas, se encuentra un relator de la Corte Suprema de Justicia, que hasta hoy estaba comisionado al JEM y percibe un millonario salario. Además, hay una lista de más de 100 funcionarios de varias instituciones que también habrían obtenido sus títulos a través de esa casa de estudios cuya carrera fue clausurada y tuvo muchos dictámenes en contra.
Tras el informe de revisión especial que detectó graves incumplimientos normativos, el rechazo del catastro y la emisión de títulos sin habilitación en la Universidad Sudamericana, la diputada Rocío Vallejo exige al Ministerio de Educación y Ciencias una investigación exhaustiva.