La fiscala Patricia Sánchez, quien como titular lleva adelante el juicio contra el senador Hernán Rivas (ANR-HC), confirmó que recibió una amenaza vinculada a su posible destitución.
Según relató, el mensaje le llegó a través de un tercero y fue atribuido al legislador cartista, a quien investigó por el presunto uso de un título falso de abogado.
Consultada sobre si la amenaza provenía de Rivas, la fiscala respondió afirmativamente: “Así mismo (provino de Rivas)”.
Agregó que utilizó la comunicación recibida para informar de la situación al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández.
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Amenaza no fue de muerte, aclaró fiscal
Sánchez precisó que la amenaza no consistió en una advertencia contra su vida, sino que estuvo relacionada con su permanencia en el cargo.
“La amenaza fue sobre la función de que iba a ser destituida”, reveló la agente fiscal.
La fiscala explicó que desconoce el canal mediante el cual el mensaje habría llegado al tercero que posteriormente se lo comunicó. Indicó que con ella el hecho fue conversado directamente.
“No sé cómo esa tercera persona recibió el mensaje, no fue si llamada. Conmigo fue conversado y noté mucha preocupación en la persona que me hizo llegar, quien decidió decirme por una cuestión de amistad y cuidado”, declaró.
Destaca perfil de quien habría realizado amenaza
Sánchez señaló que los fiscales atraviesan diariamente situaciones en las que reciben amenazas que posteriormente no pueden ser acreditadas con pruebas.
En este caso, sin embargo, destacó que la situación involucró, según su relato, a una persona de “perfil alto”.
La fiscala explicó además que, para el análisis de riesgo establecido en el protocolo ante amenazas contra agentes del Ministerio Público, se consideran distintos factores, entre ellos el perfil de la persona señalada como amenazante.
Fiscalía pidió 12 años de cárcel para Hernán Rivas
La declaración de Sánchez se produce en el marco del juicio contra el senador Hernán Rivas, procesado por hechos relacionados con el presunto uso de un título falso de abogado.
La Fiscalía se ratificó en su acusación y solicitó una condena de 12 años de cárcel para el legislador por los hechos de producción mediata de documento público de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Espera una “depuración del sistema”
Respecto al resultado que espera del proceso judicial, la fiscala manifestó: “Ojalá se depure el sistema”.
Agregó que espera que, para ocupar cargos de representación institucional, se tenga en cuenta la idoneidad de la persona y no únicamente la cantidad de títulos académicos que acumule.
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La fiscal hizo referencia, en particular, a la eventual vacancia de un cargo como representante de una Cámara del Congreso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).