El Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza María Fernanda García de Zúñiga e integrado por Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, dio continuidad al juicio oral y público al exlegislador colorado Hernán David Rivas Román (ANR-HC), por su título supuestamente falso de abogado.
la Fiscalía está representada por los fiscales Patricia Sánchez (titular del caso), Luz Guerrero y Christian Benítez. Sánchez fue la encargada de iniciar la presentación de los alegatos finales y el pedido de condena de 12 años de pena privativa libertad por la producción mediata de documento público de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso.
Al dar a conocer la condena pretendida por el Ministerio Público, el fiscal Christian Benítez también mencionó la amenaza que habría dirigido el exlegislador Hernán Rivas, a través de un tercero, a la fiscala Sánchez de que “cuide su puesto”.
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Es así como la agente fiscal Patricia Sánchez señaló, inicialmente, que tras concluir la etapa probatoria del juicio, la Fiscalía sostiene que los hechos “han quedado plenamente acreditados” y que la prueba producida surge una respuesta clara.
“Las pruebas producidas durante este juicio permitieron examinar la realidad académica que debía sustentar su calidad de abogado”, sostuvo Sánchez.
Posteriormente, manifestó que tras superar las etapas del debate se “produjo una conclusión inequívoca: la trayectoria universitaria consignada en el certificado de estudios y en el título de Hernán David Rivas Román carece de correspondencia con una historia académica real, coherente y verificable”.
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En tal sentido, la fiscala expresó que el contenido de los documentos utilizados por Hernán Rivas “es falso” y, “a partir de esa falsedad académica fueron producidos documentos públicos que dejaron constancia oficial de una condición profesional inexistente”.
Al mismo tiempo, “esa falsedad adquirió eficacia jurídica, carácter público, llegó a tener resolución, llegó a tener matrícula y juramento”, agregó la representante del Ministerio Público.
El juicio proseguirá el próximo jueves 24 de septiembre, a partir de las 9:30, con la presentación de alegatos finales por parte de la defensa de Hernán Rivas, ejercida por la abogada Alba Zaracho.
Fiscalía pidió indagar a testigos que recordaban a Hernán Rivas
Por otra parte, el fiscal Christian Benítez, al momento de presentar sus alegatos finales, se dirigió al Tribunal de Sentencia y le solicitó que se remitan los antecedentes de ciertos testigos que prestaron declaración durante las jornadas del juicio a Hernán Rivas, por la sospecha de haber cometido testimonio falso.
Así, ese pedido está relacionado a Victorina Elizeche, quien dijo haber estudiado Derecho en la Universidad Sudamericana, con sede en la filial de Ciudad del Este, entre 2010 y 2015; Ever Rogelio Ortiz, quien también indicó haber cursado la carrera de Derecho en la sede de la capital del Alto Paraná, entre los años 2009 y 2015.
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También abarca al testigo Aurelio Pastor Marecos, un supuesto funcionario contratado por la Universidad Sudamericana entre 2010 y 2014, como presunto coordinador, que ubicó a Hernán Rivas como estudiante de Derecho en Ciudad del Este; además del caso del presunto docente Mario Antonio Antúnez, que también dijo ubicar a Rivas en las clases que impartía en un colegio del Kilómetro 7.
Igualmente, la Fiscalía incluyó al abogado de la Universidad Sudamericana, Hermann Weisensee, quien declaró que acompañó la administración de dicha casa de estudios hasta el 2015 y afirmó que Hernán Rivas precisamente estudió hasta ese tiempo en Ciudad del Este.
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Dentro del grupo de testigos, también se incluye a Nancy Barúa, esposa de Weisensee, quien ingresó a la Universidad Sudamericana en diciembre de 2015 y permaneció hasta 2021 o 2022, periodo en el que se desempeñó como secretaria general de la casa de estudios. Todos estos citados se exponen así a penas de hasta 10 años de cárcel en caso de un proceso penal y eventual condena.
Por otra parte, por el hecho de frustración de la persecución y ejecución penal, Benítez citó a Nilda Rosa Rojas Melgarejo, quien es una de las personas que participó de la auditoría de los documentos. Esto, ante la reiterada negativa a responder una conclusión que conocía tuvo por finalidad evitar aportar al Tribunal una información desfavorable a Hernán Rivas.
Conflicto con sedes donde “estudió” Hernán Rivas
De acuerdo con lo que señaló durante la presentación de sus alegatos, la fiscala Patricia Sánchez indicó que Hernán Rivas presentó en la Universidad Sudamericana el 2 de marzo de 2020 la solicitud de tramitación de documentos para la gestión de su título de abogado.
Sin embargo, en medio del proceso y llenado del formulario, Sánchez destacó que en “los espacios destinados a individualizar datos relevantes de su trayectoria académica quedaron campos sin completar, entre ellos el año, la unidad académica en que cursó”.
Al respecto, la agente fiscal resaltó que en el “certificado de estudios ubica la formación de Hernán Rivas en Luque”, pero en entrevistas periodísticas que brindó tras asumir como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), señaló que “su formación fue en Pedro Juan Caballero”.
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En tanto que, “en otra declaración periodística, el vicerrector Herman Weisensee lo situó en Ciudad del Este. Y a esta versión posteriormente el acusado se aggiornó al acusado”, incluso hubo testigos ofrecidos por la defensa que lo “ubicaron igualmente en Ciudad del Este”.
Sobre todo ello, Sánchez destacó que “una trayectoria universitaria corresponde a lugares determinados”, pues Hernán Rivas señaló que estudió en Pedro Juan Caballero, pero las documentaciones dan cuenta de que en dicha sede solo se enseñaban Medicina y Enfermería; el vicerrector Hermann Weisensee lo ubicó en Ciudad del Este, pero el certificado de estudios decía que estudió en Luque.
Carga horaria imposible de cumplir y tres tesinas con temas distintos
Supuestamente, Hernán Rivas presentó un trabajo de conclusión de carrera, pero al respecto hay tres certificados de estudios, que primero lo denominan “tesis”, no tesina, “pero difieren entre sí, en el tema”.
En ese contexto, se verificó que hay una versión del certificado de estudios de Rivas, fechado el 12 de mayo de 2018 en el que se le atribuye la tesis “La reelección presidencial”; otra versión del 10 de octubre del 2023, que está titulada “Robo Agravado” y la última del 25 de octubre del 2023 que consigna nuevamente “La reelección presidencial”, referenció la fiscala Sánchez.
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En otro momento, expuso que en sus testimonios, el exrector Euclides Acevedo, había dicho que “carecía de conocimiento personal sobre esa tesis” y el también exdecano de Derecho de la Universidad Sudamericana, Óscar Rodríguez Kennedy, “tampoco constató la existencia de esa tesis”.
“El certificado de estudios afirma una historia. La evidencia externa contradice esa historia en sede, cronología, carga horaria, tesis y memoria de quienes efectivamente estudiaron”, afirmó la fiscala Patricia Sánchez en sus alegatos. También hizo mención de que había materias cuyas cargas horarias eran de más de 100 horas cátedra, lo que según varios testigos eran de cumplimiento imposible.
Contradictorios recuerdos sobre Hernán Rivas
A lo largo del juicio, algunos testigos manifestaron desconocer a Hernán Rivas y sostuvieron que no lo habían visto. Uno de esos casos es el de Carlos Alberto Carvalho, quien declaró haber cursado Derecho en la sede de Luque de la Universidad Sudamericana, entre 2011 y 2015, pero “declaró ausencia total de recuerdo como compañero” en relación con Rivas, según destacó la fiscala Sánchez.
La misma situación se repitió con testigos como Ana Elizabeth Araújo, estudiante de la sede de Luque; el caso de Ana Carmen Coronil, de Ciudad del Este, quien declaró que durante su formación tampoco recordaba a Rivas en los llamados de lista; por su parte, Heber Samaniego, estudiante esteño recordó a Coronil, pero no a Hernán Rivas.
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“Estos testimonios poseen una característica valiosa: Hernán Rivas está ausente”, subrayó Sánchez.
Sin embargo, otro grupo de testigos afirmó sí haber escuchado de Hernán Rivas en los llamados de lista y recordar su nombre, por sus características orejas. Uno de esos casos es el de Aurelio Pastor Marecos, quien dijo haber sido contratado por la Universidad Sudamericana entre 2010 y 2014, donde prestó servicios como coordinador o enlace entre docentes, alumnos y sedes.
En ese lapso dijo que viajó varias veces en la sede de Ciudad del Este y que en cada viaje lo vio. Incluso, “Marecos se atribuyó funciones de control y manejo de planillas. Su descripción lo colocó en una posición privilegiada para la identificación de alumnos y verificar presencia”.
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Ahí radicó la contradicción, ya que estudiantes como Ever Ortiz y Victorina Elizeche refirieron como mecanismo de control el llamado de lista por parte del docente.
El docente Mario Antonio Antúnez declaró haber ejercido la docencia entre 2009 y 2014 de las materias de Derecho Romano, Derecho Penal, Derecho Constitucional y Derecho Procesal Penal. Añadió en su relato que las mismas “podían desarrollarse durante aproximadamente tres meses, con jornadas extensas, y que viajó a Ciudad del Este en unas cuatro oportunidades” y que era Aurelio Marecos quien lo llevaba al Este.
La testigo Victorina Elizeche, estudiante en Ciudad del Este entre 2010 y 2015, señaló una “estructura académica que fue modificándose durante la declaración”, esto específicamente en relación con las materias introductorias de la carrera. Además, su memoria “sobre Hernán Rivas también perdió precisión cuando se le exigió ubicarlo temporalmente”.
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El caso de Ever Ortiz, otro testigo de la defensa de Hernán Rivas, “ofreció uno de los ejemplos más claros de la diferencia entre recordar un rostro y recordar una experiencia académica compartida”, esto porque “relató un encuentro político posterior a su egreso y anterior a la pandemia, realizado en la casa de un tal Marito Rolón. Señaló que Rivas habría llegado acompañado de personas del ámbito político y que él se acercó porque su rostro le resultaba conocido”, según dijo él mismo en juicio “por sus orejas”.
Derecho no estaba catastrada y ni siquiera debió habilitarse
Otro testigo llamado al juicio fue José Eduardo Duarte, quien cumplió funciones académicas en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). El mismo explicó el régimen institucional aplicable a la Universidad Sudamericana y subrayó que la carrera de Derecho no fue incorporada al catastro en ninguna de sus filiales.
En su declaración Duarte refirió que “determinadas aperturas habían sido realizadas mediante decisiones unilaterales de la rectora, sin respaldo del Cones”, según expuso la fiscala Sánchez. Incluso explicó lo relacionado a la conservación documental sobre los alumnos.
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“La autonomía universitaria otorga capacidad de autogobierno dentro del marco normativo, pero ello no significa soberanía”, de acuerdo con lo que expresó Sánchez en base al testimonio de Duarte.
Para la Fiscalía “el valor del testimonio de Duarte aumenta cuando se integra con la situación concreta del acusado” pues “Hernán Rivas obtuvo documentación académica dentro de una universidad intervenida, con múltiples filiales, con problemas de control, con deficiencias de archivo, con cierres de carreras y con una estructura que, según sus autoridades, funcionó por varios años de manera rudimentaria”.
En ese sentido, siempre según la fiscala Sánchez, “el acusado se aprovechó de esa estructura”, ya que “su certificado afirma una carrera” y “la institución carece de las actas que la demuestren”.
Decano firmó título de Hernán Rivas en su vehículo
Para la Fiscalía, la declaración del exdecano de la Universidad Sudamericana Óscar Rodríguez Kennedy “tiene una particular relevancia porque su firma aparece directamente vinculada con la documentación académica de Hernán Rivas” pues asumió como decano de Derecho en 2016.
Rodríguez Kennedy señaló que tras asumir “cerramos la carrera de Derecho de un plumazo porque consideramos que era una burla para la educación”. Además, explicó en cuanto al control que ejercía para otorgar títulos, que “verificaba”, “analizaba rigurosamente” y exigía informes de la Dirección Académica, de Secretaría General y del área administrativa.
Al respecto explicó que era Dora Cabañas quien intervenía desde la Dirección Académica, Nancy Barúa desde la Secretaría General y el director administrativo era quien certificaba que el alumno no tuviera deudas. Así, recién después de que todo lo requerido se haya contestado es que accedía a estampar su firma, según había declarado y según recordó la Fiscalía.
Al tiempo de exhibirle el título de Hernán Rivas, Rodríguez Kennedy “reconoció su firma” y terminó agregando “espontáneamente un detalle muy singular, recordó que ese título lo firmó dentro de su vehículo, frente al local de la Universidad situado en España y Bélgica, porque tenía que resolver una medida cautelar penal”.
Así es como Rodríguez Kennedy afirmó no haber conocido personalmente a Hernán Rivas, pero recordó con gran precisión física dónde estaba cuando firmó su título.
Además, cuando el Tribunal le mostró entonces la distribución de exámenes consignada en ese certificado, y ante la consulta sobre si un estudiante pudiera ser examinado en seis materias en una misma fecha, el mismo había respondido categóricamente que era imposible. Mientras que sobre la tesis, añadió que debía presentarse por escrito y defenderse oralmente ante una mesa examinadora.
Sobre ello, Rodríguez Kennedy admitió que nunca participó de ella y que desconocía incluso el tema del trabajo de Rivas.
Euclides Acevedo desconocía tesis de Hernán Rivas
Por su parte, Euclides Acevedo había relatado que asumió como rector de la Universidad Sudamericana en el año 2015. Había descrito, según refirió la fiscala Sánchez, que “existían demasiadas filiales”, que la “universidad carecía de logística académica suficiente para controlar la excelencia” y que “las nuevas autoridades dudaban de la calidad académica”.
Había sentenciado sobre algunas sedes que “no solamente merecían ser clausuradas; sino que merecían que no fueran habilitadas nunca”. Pese a lo dicho, “Acevedo reconoció que él firmó el título de Hernán Rivas y también “reconoció la Nota del 8 de junio de 2020, mediante la cual impulsó el trámite ante el MEC”.
Así, Euclides Acevedo explicó que “la Dirección Académica le presentaba antecedentes provenientes de la administración anterior y que él estaba obligado a expedir títulos a quienes supuestamente habían completado la carrera” y que, en ese contexto, su rúbrica funcionaba como una firma retroactiva en los títulos de Derecho.
Por otra parte, Euclides Acevedo también había indicado que “nunca asistió ni siquiera como oyente ni como miembro de una mesa”, como examinador en defensa de tesis, contradiciendo así al vicerector Hermann Weisensee, que a su vez había dicho que “quien estaba ‘casi siempre, si no era siempre’ era Acevedo”, en las mesas.
Título de Hernán Rivas se gestionó peses a errores y omisiones
Al tiempo de prestar testimonio durante el juicio, Dora Cabañas, quien fungió como directora Académica de la Universidad Sudamericana, manifestó que Nancy Barúa, directora administrativa de Finanzas de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), dijo que derivó hacia ella toda la responsabilidad por la comprobación académica sobre Hernán Rivas.
Durante su presencia en sala de juicio, recordó Sánchez, que “se le exhibió la solicitud de Hernán Rivas, del 2 de marzo de 2020. El formulario decía que era alumno de Derecho y solicitaba título y certificado de estudios”, pero habían quedado en blanco datos fundamentales como “el año y la unidad académica”, sobre esto Cabañas dijo que “no sabía explicar por qué aquellos espacios estaban vacíos”.
Cabañas explicó que “el alumno normalmente decía verbalmente dónde había cursado y que, a partir de esa información, los funcionarios buscaban en los biblioratos correspondientes”. Comentó que cuando asumió una nueva administración se empezó a cargar en documentos Excel los datos, pero no todos.
“En el Excel aparecían los antecedentes académicos de Rivas, pero ¿dónde están los documentos originales que permitieron crear el archivo Excel? ¿Dónde están las fuentes? La Universidad no pudo responder por los documentos. Desaparecieron los documentos y las planillas estaban firmadas por docentes, pero Dora no pudo decir el nombre de ningún docente”, afirmó la fiscala Patricia Sánchez.
Cadena de “confianza” permitió gestión de título de Hernán Rivas
Por otra parte, Nancy Barúa, secretaria general de la universidad y esposa del vicerector Hermann Weisensee, y cuya firma también aparece en el título de Hernán Rivas, declaró que “su función consistía fundamentalmente en “refrendar” la firma de las autoridades”.
Barúa explicó además que “el documento llegaba a su despacho con todos los datos académicos ya cargados” y esto, generó el cuestionamiento de la Fiscalía porque “no cotejaba las notas con actas”, sino que “confiaba en el área académica”.
Eso constituyó un problema porque “certifica una cadena interna”, que se daba de la siguiente forma: “Dora Cabañas confiaba en planillas. Nancy Barúa confiaba en Dora Cabañas. Rodríguez Kennedy confiaba en Dora Cabañas y Nancy Barúa. Euclides Acevedo confía en el departamento académico”, según describió Sánchez.
Irregular registro del título de Hernán Rivas
Es así que, para la Fiscalía los testimonios de Oscar Rodríguez Kennedy, Euclides Acevedo, Dora Cabañas, Nancy Barúa y Hermann Weisensee, permitieron visualizar una cadena institucional problemática, porque “las firmas en el título y el certificado de estudios, demuestran una pluralidad de intervenciones formales no precisamente reales”.
Además, “la verificación del hecho académico requiere fuentes independientes que permitan demostrar que el alumno realmente cursó la carrera, exámenes, docentes, sede y trabajo final. Y las pruebas producidas en este juicio, demostraron que esas fuentes primarias no acompañan la precisión con la que el certificado reconstruyó cinco años de carrera” de Hernán Rivas.
El 9 de junio de 2020 el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), perfeccionó el registro de título de Hernán Rivas por medio de la Resolución N.º 30858/2020. Dentro de ese procedimiento, Andrea Estigarribia, exjefa de Registros de Títulos del MEC, había intervenido dictaminando a favor de inscribir el diploma de Rivas tras considerar que los requisitos formales y de fondo estaban cumplidos.
Ello contrarió la Resolución MEC N° 2424 “que exigía, entre otros datos, número de acta y fecha de evaluación”. Así, durante el juicio, y al tener a la vista los documentos incluidos como pruebas, Estigarribia admitió que el certificado de Rivas no reunía integralmente aquellos requisitos.
Ante la consulta de por qué pasó esto, Estigarribia señaló “que su superior, Ricardo Ortiz, le manifestó que el título debía registrarse por una orden proveniente “de arriba”, del entonces ministro Eduardo Petta”. De hecho, Ortiz indicó que tras recibir el dictamen de Estigarribia no volvía a realizar un control de fondo del documento.
El funcionario, Rodrigo Ramírez Caballero, de la dirección de Transparencia y Anticorrupción del MEC bajo la dirección de José Fernando Casañas Levi, inició investigación luego de las publicaciones periodísticas sobre las dudas hacia el título de abogado de Hernán Rivas, y una de las primeras cuestiones llamativas fue la rapidez con que se gestionó el registro del mismo.
Al respecto, Ramírez manifestó que esa velocidad no correspondía al funcionamiento normal que conocía y, en base a otros elementos detectados, José Fernando Casañas Levi, había emitido el Memorándum DTA n.º 81/2020 dirigido al entonces ministro Eduardo Petta, a quien recomendaba abrogar la abrogar la resolución que autorizó el registro de su título de abogado de Hernán Rivas.
Cuando se le consultó a Petta sobre “si había hablado con Ricardo Ortiz o Andrea Estigarribia para acelerar el registro de Hernán Rivas”, el mismo “negó haber impartido semejante orden” y solo reiteró en varias oportunidades que “nunca intervenía directamente con funcionarios técnicos de ese nivel y que su vínculo jerárquico se realizaba a través de los viceministros”.