A través del Decreto N.º 7064, la Presidencia de la República oficializó el nombramiento de Luis Enrique Carísimo Giménez como nuevo director general de Universidades, Institutos Superiores e Institutos Técnicos Superiores, dependencia del Viceministerio de Educación Superior del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Carísimo asume en reemplazo de Carmen Rossana Paredes Zubeldía, a quien apartaron del cargo y pasará a cumplir “otras funciones” dentro de la institución, según se detalla en el mismo decreto.
Paredes había asumido el cargo el pasado 19 de junio de 2026, cuando sustituyó a Zulma Alicia Díaz Penayo. En menos de un año, el ministro y el Ejecutivo ya nombraron a tres directores distintos.
Cien mil títulos bajo la lupa de la Fiscalía y la ANEAES
La rotación de autoridades se produce en simultáneo con las graves revelaciones realizadas por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), que anunció la remisión al Ministerio Público de un informe lapidario que salpica a unos 100.000 títulos universitarios emitidos durante los últimos tres años en carreras que no contaban con la debida acreditación de calidad.
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El propio titular de la ANEAES, José Duarte, reconoció públicamente la gravedad del escenario y advirtió sobre la presencia masiva de documentos falsos o expedidos por universidades garaje que operan al margen de la ley.
La Contraloría reporta 1000 funcionarios con títulos falsos
Por otro lado, la Contraloría General de la República (CGR) también presentó ante la fiscalía una denuncia penal por la detección de títulos universitarios sin respaldo documental en las instituciones públicas.
Un primer corte de auditoría realizado sobre 35 organismos del Estado sacó a la luz 1.090 títulos sospechosos pertenecientes a 1.082 funcionarios públicos que cobran jugosos salarios del Presupuesto General de la Nación sin poder demostrar haber pisado jamás un aula universitaria.
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El contralor advirtió que estos 1.090 casos representan apenas la punta del iceberg, ya que al momento de cerrar el informe preliminar unas 221 instituciones estatales y 27 universidades aún no habían respondido a los requerimientos oficiales.