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La Cámara de Diputados imprimió celeridad al tratamiento de dos proyectos de ley presentados por el diputado cartista Yamil Esgaib, que plantean modificar el artículo 67 de la Ley Nº 1.160/97 “Código Penal Paraguayo” para “premiar” con sanciones penales más benignas tanto a políticos corruptos pillados metiendo mano a recursos del Estado, como a narcotraficantes, secuestradores y criminales organizados.
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Uno de los proyectos se denomina de “delación premiada”, y plantea que “para los hechos punibles perpetrados por el crimen organizado, de narcotráfico, secuestro, lavado de dinero, y hechos punibles contra el erario (corrupción estatal), la pena podrá ser atenuada, cuando el procesado admitiese el hecho”, sostiene la propuesta de Esgaib.
Esto implica que criminales, es decir, todos aquellos relacionados a estos delitos graves, podrán reducir sus penas de prisión de cinco o diez años de prisión, a apenas dos (que es excarcelable) en la mayoría de los casos.
El proyecto de Esgaib habla también de una especie de “delación premiada”. Sin embargo, no menciona en ninguna parte la obligación de que el procesado aporte datos que ayuden a detener a otros cómplices del delito o crimen, como es lo habitual en este tipo de figuras.
Deberán presentar pruebas suficientes y colaborar con la investigación
La Comisión de Justicia (presidida por Esgaib) intentó salvar de alguna manera el cuestionado proyecto, y plantea agregar una modificación que, como requisito para el beneficio de reducción de pena, se exige al encausado que “facilitara pruebas suficientes, en colaboración formal y efectiva con la investigación, que posibiliten la condena de otros perpetradores”.
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El otro proyecto de Esgaib directamente busca beneficiar a políticos corruptos que roban al Estado, permitiéndoles que, si son encontrados culpables, se le apliquen penas menores si devuelven lo robado.
Esta iniciativa es una invitación a robar el dinero público, según advirtieron varios legisladores. Actualmente la ley ya contempla que, en el caso de llegar a condena, la posibilidad de imponer el comiso de bienes por el monto del daño patrimonial.